• Estudio de ASJ y CONADEH revela que en la última década 111 ambientalistas han sido asesinados, mientras el Estado solo asigna cuatro fiscales para atender denuncias ambientales en todo el país.
• La plataforma “Guardianes silenciados” documenta un patrón de violencia estructural con mayor concentración en Colón, Yoro y Atlántida.
Tegucigalpa, 26 de marzo de 2026. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) presentaron hoy el informe “Entre la ley y el abandono”, una radiografía técnica y humana que evidencia el riesgo extremo que enfrentan los defensores ambientales en Honduras.
El hallazgo más alarmante revela que el 92% de los asesinatos contra defensores ambientales no han sido castigados, consolidando un ciclo de impunidad que deja a los guardianes de la naturaleza en total desprotección.
El estudio, desarrollado bajo la iniciativa Guardianes Silenciados, detalla que, en los últimos diez años, 111 ambientalistas han sido asesinados en territorio hondureño. Lejos de ser hechos aislados, se identifica un “patrón estructural de violencia” en el que departamentos como Colón, Yoro y Atlántida se han convertido en zonas de alto riesgo, donde la defensa de los recursos naturales implica un riesgo mortal.
“En Honduras, defender el ambiente, la tierra y el territorio se ha convertido en una actividad para valientes y no lo digo desde la retórica. Lo confirman los datos, lo documentan los organismos internacionales quienes nos han catalogado como uno de los países con una de las tasas per cápita más altas de asesinatos de defensores ambientales”, expresó Blanca Izaguirre, titular de CONADEH.
La investigación cuestiona la capacidad de respuesta estatal al confirmar que solo existen cuatro fiscales asignados para investigar delitos ambientales a nivel nacional. A esto se suma una alarmante carencia técnica: el Ministerio Público enfrenta un déficit crítico de peritos especializados para realizar dictámenes ambientales, lo que retrasa o imposibilita la judicialización efectiva de los casos.
Esta precariedad institucional se refleja también en el presupuesto. Mientras las amenazas contra defensores aumentan, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, encargada de muchos de estos casos, opera con menos del 1% del presupuesto total del Ministerio Público, una cifra que evidencia la nula prioridad política que recibe la protección de los pueblos indígenas y defensores del territorio.
“La justicia real no llega con una foto de detenidos; llega con condenas firmes y un sistema capaz de prevenir el siguiente asesinato”, declaró Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ, haciendo referencia a casos recientes como el de Juan y Antonio Silva, donde la captura es apenas el primer paso hacia una justicia verdadera.
Ante este panorama, el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras presentó una ruta crítica de propuestas de reforma. Entre las medidas urgentes destacan la implementación de acciones de prevención, la creación de un sistema de alerta temprana, el fomento de la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección con un enfoque territorial y preventivo. Estas acciones buscan contribuir a la construcción de un modelo de gobernanza territorial más transparente, participativo y respetuoso de los derechos humanos.
En el marco del evento de presentación, se lanzó la plataforma digital Guardianes Silenciados, un espacio que dignifica la memoria de las víctimas a través de recreaciones visuales, perfiles georreferenciados, patrones de violencia, análisis exhaustivo del presupuesto público destinado a la protección ambiental e información sobre cómo y dónde presentar una queja o denuncia. La plataforma está disponible en: www.guardianessilenciados.asjhonduras.com.
