Escrito por: PASOS DE ANIMAL GRANDE
Pasos de Animal Grande conoció que la investigación sobre el uso proselitista y hostil del medio digital castrense que promovió publicaciones y ataques a la prensa provenían directamente de la cúpula militar, por lo que las actuaciones del Ministerio podría escalar con la citación de otros miembros de la ex cúpula militar, a rendir declaración, entre ellos el actual jefe de las FFAA, Héctor Valerio Ardón, quien formaba parte de la estructura de mandos en el periodo de Roosevelt Hernández.
Las organizaciones ASOPODEHU y JOPRODEH han alertado que el castigo contra el general Roosevelt Hernández, podría estar en los cuernos de la luna y el caso engavetado en estos momentos engrosaría la lista negra de la impunidad en Honduras.
Este medio tiene información precisa de las declaraciones del ex jefe militar que en su declaración indagatoria se ha lavado las manos ante el Ministerio Público derivando la responsabilidad de los ataques contra periodistas y medios de comunicación, a la Dirección de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas y a un coronel a quien señaló como el responsable de la línea editorial del periódico digital de la institución militar.
Ante la demora inexplicable en este caso por parte del ente acusador, un Jurista cree que posibles arreglos bajo la mesa de actores políticos impiden procesar a personajes de alto perfil enviando un mensaje desalentador para la justicia nacional y la protección de los derechos ciudadanos.
Aunque en el expediente investigativo de la fiscalía las declaraciones de varios militares coinciden que fue el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hérnandez, quien ordenó atacar a periodistas y medios de comunicación, la demora en la presentación de requerimiento fiscal genera un profundo escepticismo sobre el accionar del Ministerio Público y la judicialización del caso.
En 2025 las Fuerzas Armadas, bajo el mando de Roosevelt Hernández puso en marcha una campaña de desprestigio y criminalización del ejercicio periodístico con el fin de amedrentar a los medios de comunicación y periodistas críticos, y así imponer un clima de miedo y censura.
El 26 de mayo de 2025 en un artículo en el medio oficial de las Fuerzas Armadas (FFAA) Digital se tildó de “sicarios de la verdad” de la verdad a los periodistas Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH); Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces (RCN) y Rodrigo Wong Arévalo, propietario de Canal 10.
El 15 de septiembre de 2025, en una entrevista dada a la prensa, Roosevelt Hernández al responder sobre la crisis en el proceso electoral, le contestó hostilmente al periodista Adán López de Radio Cadena Voces relacionándolo con el crimen organizado.
Luego, en la edición 252-2025 del 6 de noviembre, el periódico digital militar reprodujo una entrevista de Roosevelt Hernández titulando en su portada: “El jefe del Estado Mayor Conjunto acusa a empresario y confirma sanciones internas en las FFAA”. Tal encabezado tenía el antetítulo “Orquestaron una campaña pública”.
El militar acusó al presidente del Grupo OPSA, Jorge Canahuati Larach, de estar detrás de una campaña contra el ente castrense por negocios relacionados en el Instituto de Previsión Militar (IPM). A lo que la sociedad empresarial le respondió al militar señalando de mentir con “cinismo”.
Ante las acusaciones del entonces jefe del Estado Mayor, los periodistas Sierra, Rodríguez y Arévalo acudieron interpusieron denuncia contra el militar ante el Ministerio Público; mientras que López lo hizo de manera individual, apoyado por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu).
De acuerdo con Rodríguez, el caso para presentar requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández está bastante avanzado. “En mi caso faltan ciertas acciones de peritaje y algunas evaluaciones forenses, una vez culminadas creo que “el Ministerio Público ya tiene todos los elementos para emprender la acción penal si es que la hubiere”, añadió.
Por su parte, Sierra apuntó que lo que conoce del caso es que “el expediente está muy bien sustentado, el contenido es muy fuerte y sustancioso”, y reiteró su temor de que el caso se detenga por componendas.
Como presidente del CPH exigió al Ministerio Público emitir de una vez por todas el requerimiento fiscal correspondiente contra los militares responsables materiales e intelectuales de la campaña de odio y de ataque a la libertad de expresión que tuvo lugar el año pasado.
Declaraciones e investigación ante MP
Tras las denuncias, los casos pasaron a las diligencias de la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, en cuyas indagaciones consta la declaración del denunciado donde culpa de los ataques a los periodistas a la dirección de relaciones públicas de las FFAA, encargada de la línea editorial del medio digital militar.
Cuando a Roosevelt Hernández le preguntaron quién era el responsable de la línea editorial del medio de comunicación militar el respondió que el coronel Erwin Robert Lara Franco, quien algunas veces le comunicaba lo que iba a poner, pero otras veces no.
Sin embargo, también hay declaraciones que coinciden que las órdenes de agresión provinieron del alto mando militar, dejando claro la orden directa de Roosevelt Hernández para utilizar el periódico en la difusión de etiquetas como “sicarios de la verdad” y emprender ataques frontales contra los medios de comunicación.
De esta manera, tras las investigaciones en curso, quedó al descubierto la directriz ejecutada para hostigar a la prensa y pone al ex jefe del Estado Mayor Conjunto como el responsable de instrumentalizar el aparato castrense contra la libertad de expresión.
En las declaraciones ante la fiscalía se establece que el periódico de las Fuerzas Armadas y la televisión eran para promover las actividades de la institución, pero que los otros temas de opinión ya eran instrucciones del señor jefe de Estado Mayor. Uno recibía órdenes, dicen los testimonios.
Escepticismo ante accionar del MP
El análisis de los expertos jurídicos coincide en que la tardanza procesal erosiona la credibilidad de las instituciones encargadas de procurar justicia y defender los derechos fundamentales.
Asimismo, diversos sectores sociales cuestionan la lentitud con la que la fiscalía ha actuado para presentar cargos formales contra Roosevelt Hernández. Esta demora del Ministerio Público genera un profundo escepticismo sobre la judicialización de este caso de agresión a la libertad de expresión.
A las investigaciones de ataques a la prensa y a la libertad de expresión se suman las pesquisas contra el militar retirado por su presunta participación en actos orientados a atentar contra el proceso electoral reciente. Las acciones de Roosevelt Hernández durante los comicios comprometieron la colaboración institucional y dejaron desprotegidos los órganos electorales, agravando su situación legal.
Ante este escenario, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos advirtió que la tardanza en presentar el requerimiento fiscal genera impunidad. Barrientos señaló que esta parálisis judicial para acusar al exjefe castrense podría estar encubierta detrás de presuntos acuerdos políticos que blindan a figuras alineadas con el poder.
Aseguró que el impacto de esta impunidad institucional debilita el Estado de derecho y perpetúa la falta de rendición de cuentas dentro de las Fuerzas Armadas. En este contexto, Barrientos puntualizó que “en el Ministerio Público los fiscales no gozan de independencia” y que “hay algún tipo, como dijeron por ahí en esta semana, de pactos ocultos”.
“La verdad de las cosas es que yo siempre he sostenido de que desafortunadamente en el Ministerio Público los fiscales no gozan de independencia. Cada fiscal que va a presentar un requerimiento a los juzgados primero le tiene que pedir la autorización al fiscal general o al director de fiscales. Entonces, eso en realidad es un problema porque muchos casos emblemáticos, importantes o contra gente de cierto poder los engavetan y el fiscal no da ninguna explicación”.
“Ha escuchado decir, por ejemplo, salvo cuando ya van de salida, como por ejemplo el fiscal Luis Javier Santos, que ahora se pone a hablar, de que le retuvieron, por ejemplo, requerimientos contra Ana Hernández y que acaban de sobreseer a “Pepe” Lobo y cosas así. Ese tipo de cosas no trascienden salvo que, como le digo, el fiscal sea despedido o vaya de baja” cuestionó el jurista.
Asimismo, dijo: “a mí no me cabe la menor duda que hay algún tipo, como dijeron por ahí en esta semana, pactos ocultos muy probablemente entre el Partido Nacional y Libre porque ese hombre Roosevelt Hernández evidentemente es un tipo identificado con Libre. Ahí también puede haber un pacto oculto o con un segmento también de la cúpula militar que están impidiendo que se interponga el requerimiento porque los militares entre sí se cuidan.
Sería un mal precedente para las Fuerzas Armadas de que el Ministerio Público procesara a un ex jefe del Estado Mayor Conjunto. Eso, por un lado; por el otro, a mí me parece que el tema de gravedad “no solo es el asunto de la violación a los derechos de la libertad de prensa, la mayor cantidad de delitos que este hombre comete es en el plano electoral”, manifestó Barrientos.
Recordó que en el plano electoral Roosevelt Hernández se negó a prestar su colaboración al Consejo Nacional Electoral (CNE) y “lo dijo públicamente que él no iba a obedecer al órgano electoral, aunque la Constitución lo dijera. Él exigió que le dieran a él copia de las actas, ¿se acuerda? de las actas de recepción de votos”.
“Él es el culpable número uno de los desastres de las elecciones internas del 9 de marzo. Y él, también no le quiso brindar protección al órgano electoral cuando los dejó solos en manos de la turba, ¿verdad? de la gente de Libertad y Refundación”, rememoró el constitucionalista.
Entonces, todo ese conjunto de cosas que le acabo de mencionar constituyen delitos electorales y por ellos ni tan siquiera han hecho requerimiento fiscal inclusive de varios coroneles que estuvieron a cargo de los operativos de transporte en las elecciones internas, lamentó Barrientos.
Él es del criterio que este tipo de tardanza en llevar a los hechores de un delito ante la justicia es generadora de impunidad. “Volvemos al punto que, no es solamente de este fiscal, sino que es de casi todos los fiscales que ha habido, de que actúan más con sesgo político que con la verdadera operación de la justicia, representando a la sociedad. Mire, cada fiscal que llega va representando a su partido y en determinado momento a sectores políticos o económicos de poder dentro del país”, criticó.
