Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- El Estado de Honduras tiene la obligación de que sus fuerzas de seguridad conozcan, respeten y apliquen los estándares constitucionales e internacionales sobre el uso de la fuerza en contextos de protestas sociales, ha escrito en su muro de Facebook, Joaquín Mejía Rivera.
Mejía Rivera, quien es especialista en Derechos Humanos agrega: “cuando los policías y militares actúan sistemáticamente al margen de dichos estándares, y no son investigados ni sancionados, es evidente que los altos mandos civiles, policiales y militares dieron la orden o consienten las acciones delictivas de sus subordinados”.
Ante tal indefensión, apunta Mejía, la población debe conocer tales estándares, los cuales pueden resumirse en los siguientes aspectos a la luz de varias resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas:
1. La participación en manifestaciones pacíficas es una forma importante de ejercer el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos. Por ello, el Estado debe promover un entorno seguro y propicio para que las personas puedan ejercer estos derechos y facilitarles el acceso a espacios públicos y protegerlas, donde sea necesario, contra cualquier forma de amenaza.
2. Las manifestaciones pacíficas contribuyen al pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y, por tanto, toda persona tiene derecho a expresar sus quejas o aspiraciones de manera pacífica, entre otras cosas, mediante manifestaciones públicas, sin temor a ser lesionada, golpeada, detenida y recluida de manera arbitraria, torturada, asesinada u objeto de desaparición forzada. En este sentido, el Estado tiene la responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos e impedir su vulneración.
3. Las manifestaciones pacíficas no deben considerarse una amenaza y, por consiguiente, el Estado debe entablar un diálogo abierto, incluyente y fructífero al afrontarlas, así como sus causas. Las autoridades públicas deben reconocer que los defensores y defensoras de derechos humanos pueden desempeñar un papel útil a la hora de facilitar el diálogo entre los participantes en manifestaciones pacíficas y ellas, y que los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la documentación de violaciones a los derechos humanos perpetradas en el contexto de las manifestaciones pacíficas.
4. Las autoridades competentes deben abordar la gestión de la protesta social con el objetivo de contribuir a su pacífica celebración, prevenir muertes o lesiones entre los manifestantes, los transeúntes, los responsables de supervisar las manifestaciones y los funcionarios de las fuerzas de seguridad pública, y evitar cualquier tipo de abuso a los derechos humanos.
El régimen de Juan Orlando Hernández es ilegítimo e ilegal porque su reelección es inconstitucional, porque usurpa el Poder Ejecutivo a través de un fraude electoral y porque le ordena a sus policías y militares que ataquen a una población desarmada, violentando los estándares constitucionales e internacionales en materia del uso de la fuerza.
