- Cuando el 95% de los casos de violencia contra la mujer quedan sin castigo, el mensaje que el Estado envía es permisivo. Un Estado que no castiga obliga a las mujeres a vivir desprotegidas, a enfrentar solas el miedo y la inseguridad, mientras sus agresores permanecen en libres.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), exhortó hoy a las autoridades hondureñas a tomar las medidas preventivas necesarias para detener la ola de violencia contra las mujeres que, del 2002 a febrero del 2026, registró alrededor de 8,500 muertes violentas, cuyos crímenes estarían impunes en más del 95% de los casos.
Durante casi 290 meses, Honduras fue escenario de la muerte violenta de entre 29 y 30 mujeres mensual, es decir, en promedio una víctima diaria.
La muerte violenta de mujeres se agudizó a partir del año 2008, ya que desde ese momento a febrero del 2026 suman cerca 7,000 casos, que representa alrededor del 83% de las 8,465 muertes registradas desde el 2002 en diferentes regiones del país.
Se estima que alrededor de 40 mujeres perdieron la vida violentamente, en lo que va del 2026, muchas de ellas en circunstancias no esclarecidas por las autoridades encargadas de la seguridad e investigación de los delitos contra la vida.
La Institución Nacional de Derechos Humanos expresó su preocupación por las constantes muertes de mujeres en circunstancias violentas, sobre todo, por el ensañamiento y el tipo de violencia que se utiliza en cada caso.
Nicole Ham, Oficial de la Defensoría de la Mujer del CONADEH, señaló que las muertes violentas, contra este sector vulnerable de la sociedad hondureña, constituye la máxima violación a los derechos humanos de las mujeres por tratarse de la eliminación de la vida, principal bien jurídico protegido por los sistemas jurídicos nacionales e internacionales.
Ante ese panorama de violencia, La defensora de los derechos de la mujer dijo que es imperativo que el Estado hondureño garantice una investigación exhaustiva de cada caso, con el firme propósito de combatir la impunidad de estos crímenes.
Indicó que se debe priorizar la aprobación de la Ley de Alerta Morada y establecer un mecanismo de respuesta rápida que permita la localización y protección de mujeres en situación de riesgo inminente.
Se requiere que los órganos jurisdiccionales y de investigación criminal actúen con celeridad, asegurando que cada denuncia active una ruta crítica de justicia y no quede en el archivo institucional, señaló.
Mujeres urgen de espacios seguros
La seguridad física y emocional es el requisito previo para que cualquier proceso judicial prospere, en ese sentido, se debe dar cumplimiento a la Ley de Casas Refugio mediante la dotación de recursos financieros suficientes para su operatividad a nivel nacional, declaró.
Agregó que, se debe garantizar que esos espacios ofrezcan un entorno seguro donde la víctima pueda permanecer resguardada mientras continúa con su proceso de denuncia y búsqueda de justicia.
El Estado debe garantizar que el acceso a la justicia no sea una ruta de revictimización, sino un camino efectivo hacia la protección de la vida, enfatizó.
Altos índices de impunidad aumentan la desconfianza en las instituciones
Ham señaló que la impunidad no es solo un dato estadístico, es el principal incentivo para el agresor, de allí que, cuando el 95% de los casos de violencia contra la mujer quedan sin castigo, el mensaje que el Estado envía es permisivo y es una evidente señal de que la violencia puede continuar sin consecuencias.
Un Estado que no castiga obliga a las mujeres a vivir desprotegidas, a enfrentar solas el miedo y la inseguridad, mientras sus agresores permanecen libres y listos para seguir atacando a más víctimas.
La impunidad, según Ham, también silencia a las víctimas ya que cuando no hay resultados, disminuyen las denuncias y aumenta la desconfianza en las instituciones, es por eso que muchas mujeres prefieren callar antes que someterse a procesos largos, desgastantes y sin garantía de justicia.
Añadió que mientras no exista una justicia pronta y efectiva, el Estado seguirá siendo, por omisión, uno de los mayores facilitadores de la violencia contra las mujeres y recordó que justicia tardía no es justicia.
