Foto: beatriznovaes

Escrito por: Lucía Vijil Saybe, investigadora del CESPAD
18 de febrero, 2021

Marco de contexto

Desde el Golpe de Estado del 2009 en Honduras, la política extractiva (minería, energía, etc.) acompañada de la reducción de los espacios políticos para la participación comunitaria, ha significado una escalada de violencia en los diferentes territorios, así como un repunte de casos de criminalización y judicialización de los defensores y defensoras de los bienes comunes de la naturaleza. En un monitoreo realizado desde el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), de enero a diciembre del 2020, se registraron 15 asesinatos, más de 120 ataques con violencia y aproximadamente 30 acciones de persecución penal contra el liderazgo territorial en Honduras[1].

Para iniciar el debate, es importante que comprendamos sobre los extractivismos, según cita del analista Eduardo Gudynas[2]“corresponden a un tipo de apropiación de recursos naturales en grandes volúmenes y/o la alta intensidad, donde la mitad o más son exportados como materias primas, sin procesamiento industrial o procesamientos limitados”. Esta definición, nos permite hacer la diferencia entre las actividades extractivas (gran escala) y las humanas básicas de agricultura de consumo o pequeña escala.

Y bien, ¿qué decir de la vinculación entre los extractivismos y la violación a los derechos humanos? Son tensiones históricas, entre el desconocimiento de los derechos de las mayorías en ejercicios de resistencia y el reconocimiento de las minorías acaparadoras, avaladas y acompañadas por todo el aparato estatal y fuerzas de seguridad. En los extractivismos, como lo afirma Gudynas[3]“no solamente los derechos vinculados con la salud y el ambiente están en juego en actividades como los extractivismos, sino otros como son los políticos y sociales”.

Los derechos políticos, sociales y ambientales violentados por la actividad extractiva en Honduras, se manifiestan en disputas – que en un inicio son discursivas – legales y que al final, resultan más conflictivas en su ámbito de aplicación y reconocimiento de derechos. Como ejemplo, en el art. 346 de la Constitución de la República se afirma que “Es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas”, mientras la Comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz, en el departamento de Atlántida, continúa esperando que el Estado de Honduras acate la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[4] relacionada al ordenamiento territorial, otorgamiento de título de propiedad colectiva e investigación de líderes garífunas asesinados en el marco del conflicto.

Efectos derrame de los extractivismos

Para efectos de este documento, es importante establecer la diferencia entre los impactos locales y los efectos derrames de los extractivismos. Los impactos locales están relacionados a la ruptura del tejido social, afectaciones a la salud de las comunidades, pérdida de cultura, procesos de criminalización y judicialización de defensores y el aumento de la violencia en los territorios. Según Gudynas[5], los efectos derrame “son cambios en las políticas públicas e incluso en conceptos políticos básicos como justicia o derecho, que son transformados como consecuencia de los extractivismos”. Los efectos derrame operan en una esfera política y estatal, y lo más peligroso, se han logrado instalar en el imaginario colectivo como los indicios de la consolidación del “desarrollo nacional” y la “reducción de la pobreza y generación de empleo”.

Los efectos derrame, están relacionados con la violación a los derechos humanos y de la naturaleza, a su vez, están vinculados al aumento de la conflictividad territorial, y son más palpables cuando se analizan a través de los cambios en las leyes de participación ciudadana o en el marco de vigilancia y regulación ambiental, pero también en la alteración de las narrativas y conceptos sobre justicia y democracia. Por ejemplo, en Honduras, la aplicación de justicia consiste en someter a defensores de los bienes comunes a procesos judiciales en tribunales de jurisdicción nacional (Caso Guapinol), que son instancias en las que se juzgan delitos relacionados al crimen organizado y asociación ilícita. En la misma dirección, el Ministerio Público (MP) y la Dirección Policial de Investigación (DPI) han sido los entes encargados de fabricar pruebas falsas para judicializar a los defensores y defensoras a nivel nacional[6].

Para analizar los efectos derrames en Honduras, es permitido hacer una introducción crítica de Naomi Klein[7], en tanto la autora afirma que en el “capitalismo del desastre” en toda “tragedia” es posible ver una “oportunidad”, “como es la de aprovechar el trauma colectivo para promover e implementar reformas económicas y sociales de carácter radical sustentadas en los principios básicos del corporativismo como son la eliminación del rol público del Estado, la absoluta libertad de movimientos de las empresas privadas y un gasto social prácticamente nulo”.

Los cambios en las políticas públicas para favorecer el extractivismo como efectos derrame, se constituyen en 3 lógicas[8]: a) flexibilización ambiental, b) flexibilización laboral y c) reterritorialización. En el caso de la flexibilización ambiental, se entiende por cada acción que refuerce la mercantilización de la naturaleza y a las distintas formas en que se reducen las exigencias, vigilancia y sanciones a los diferentes extractivismos en detrimento de los diferentes marcos normativos ambientales nacionales.

La flexibilización laboral, que se traduce a las diferentes reformas y políticas públicas capaces de reducir las condiciones laborales (por ende, los derechos laborales mínimos) en los extractivismos y que finalmente promueve e instala la narrativa de la precarización laboral como “única salida” al desempleo y a las condiciones de pobreza de las comunidades. Y en el caso de la reterritorialización, son las políticas públicas que favorecen la expansión de las fronteras agrícolas o el aumento de concesiones, que al final, desplaza o anula la existencia de grupos originarios, comunidades rurales o campesinas.

La Administración Hernández, en el último año, aprovechó desde el inicio de la pandemia del COVID-19 (marzo del 2020) y el impacto de los huracanes Eta e Iota para la promoción de nuevas leyes que promueve y facilitan la expansión la frontera extractivista. Si bien es cierto, que el marco legal que promueve el extractivismo (Ley General de Minería, Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo, Ley General de Aguas, etc.) data décadas anteriores; el análisis se centrará en la avanzada más reciente, es decir, desde el inicio de la pandemia en Honduras. Algunos ejemplos como son:

a) Promoción de políticas que desconocen al sujeto político del campo y que agudizan la crisis de soberanía y seguridad alimentaria

La aprobación de los PCM-030 y 041-2020, en los cuales se declaran como prioridad nacional “el apoyo al sector de alimentos y agroindustria alimentaria se decretan las medidas para asegurar la soberanía y seguridad alimentaria”, son políticas derrames en tanto, establecen la entrega bajo concesiones por más de treinta años a grandes empresas extractivas bajo la modalidad de monocultivo. Con el “Programa de Aseguramiento de la Soberanía y Seguridad Alimentaria”, la Administración Hernández, instala la narrativa de “Prioridad Nacional” se justifica en que “… es deber del Estado asegurar por todos los medios a su alcance los derechos a la salud y la seguridad alimentaria del pueblo, para lo cual se hace necesario tomar medidas de carácter extraordinario”.

En su art. 4, el PCM 041-2020, establece que: “La Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, con el acompañamiento de otras instituciones competentes, debe crear un censo de tierras con potencial para aplicar sistemas de riego y la identificación de tierras aptas para la construcción de represas de agua o cosechas de agua y realizar los estudios expeditos para la construcción de represas con la colaboración de INVEST-H”. En ningún apartado de la ley y su reforma, se menciona al campesino y campesina como sujeto de derechos político y acción territorial, que históricamente se han desempeñado como los responsables de la producción de alimentos a nivel nacional. De igual forma, la flexibilización ambiental, incluye el rol de INVEST-H, (Institución señalada por corrupción), en la promoción de construcción de represas en el marco de la emergencia COVID-19 y sin ningún tipo de acuerdo previo con las comunidades y la institucionalidad agraria se desconoce por completo.

b) Trámite de licencias ambientales exprés

La flexibilización ambiental es más evidente en el caso del trámite en línea de licencias ambientales. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), es la institución responsable de la coordinación institucional pública y privada en materia ambiental para propiciar la protección, conservación, restauración y manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales[9], es a su vez, la institución que a través de un comunicado indicó que el trámite de licenciamiento ambiental será digital y que las empresas con licencias ambientales vencidas podrán continuar operando y luego realizar el trámite de renovación.

En Honduras, los trámites de licencias ambientales (en tiempos prepandemia pre pandemia) con irregularidades han sido uno de los detonantes para los conflictos socioambientales y denunciados por los movimientos territoriales. Como ejemplo, en el caso del proyecto de la Hidroeléctrica Agua Zarca, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) presentó en marzo del 2019 (como resultado de las denuncias del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) el caso al que se le denominó “Fraude sobre el Gualcarque”, en el cual se evidencian las irregularidades en la entrega de la licencia ambiental, entre sus hallazgos principales[10].

c) Construcción de represas hidroeléctricas sin autorización y/o establecimiento de mecanismo de participación ciudadana

En el PCM-138-2020, decreto de emergencia publicado el 6 de enero del 2021, es también un referente de la flexibilización ambiental y la reterritorizalición en el marco los efectos derrame; puesto que, la narrativa instalada manifiesta: “la situación de emergencia y calamidad nacional que vive el país a causa de los efectos devastadores de los huracanes y tormentas tropicales ETA e IOTA, se declaran como megaproyectos priorizados de interés nacional, el diseño, la construcción, ampliación y operación de las represas…” y, el objetivo indica: la instalación de 14 proyectos hidroeléctricos en zonas (departamentos de Copán, Yoro, Atlántida, Santa Bárbara, entre otros); que ya eran referencia a nivel de conflictividad ambiental, sin el mínimo reconocimiento de los derechos de los pobladores a ser consultados y la puesta en marcha de este tipo de proyecto con la empresa privada.

En ningún apartado de la ley, se menciona el derecho a la consulta o los mecanismos de socialización de los diferentes proyectos hidroeléctricos.

d) Cierre de espacios de participación ciudadana sobre los proyectos extractivos

El Congreso Nacional de Honduras, en sesión legislativa, aprobó suspender para el 2021, la realización de los cinco cabildos abiertos a los que están obligados las corporaciones municipales en virtud de la vigencia de las medidas para evitar propagación de la pandemia de COVID-19, pero sí autorizaron, realizarlo de forma virtual.

Desde el Poder Legislativo, el discurso al respecto es: “que no hay condiciones sanitarias para realizar estos eventos, porque pueden ser grandes focos de infección de la enfermedad”. Los cabildos abiertos, han sido los espacios más fuertes de acción política-social y de cara frontal a los extractivismos en Honduras; por ejemplo, el cabildo abierto en Tocoa representó una victoria territorial y dejó lecciones comunitarias y nacionales para avanzar frente a la ofensiva extractiva.

Un punto relevante, es que se cierran los espacios de participación ciudadana para decidir sobre las acciones en sus municipios; pero, continúan grandes concentraciones de los partidos políticos de cara a los comicios electorales primarios en el mes de marzo del 2021. Está claro, que el efecto derrame, está ligado directamente a la acción extractivista y que el discurso del “hito desastre” no es realmente una preocupación para la administración central sino más bien su discurso justificante.

A forma de cierre

Los efectos derrame, se constituyen como elementos que nos permiten hacer un ejercicio de reflexión en dos escalas: a) la forma en que el mismo modelo extractivista necesita de un aliado central (el Estado) capaz de promoverle y garantizarle el marco a su favor para operar y b) la continua e histórica exclusión de las sociedades y específicamente de las comunidades de los procesos en los que puedan tomar decisiones sobre su territorio y la gestión de los bienes comunes de la naturaleza. La afectación de ambas escalas, se ve de forma abierta en las dinámicas políticas relacionadas a la justicia, participación y democracia.

En tanto, mientras los efectos derrame e impactos locales del extractivismo se consoliden, las violaciones a los derechos humanos y el riesgo de la acción de la defensa territorial, proseguirá en aumento en el país; en detrimento, de las condiciones mínimas del respeto a la democracia y el aseguramiento de una transformación social incluyente y sobre todo, en armonía con la naturaleza.

[1] CESPAD (2021). Coyuntura desde los territorios | ADEPZA y MILPAH: ¿cómo opera la criminalización de la lucha territorial en tiempos de pandemia? 2021. Recuperado de: http://cespad.org.hn/2021/01/15/coyuntura-desde-los-territorios-adepza-y-milpah-como-opera-la-criminalizacion-de-la-lucha-territorial-en-tiempos-de-pandemia/

[2] Gudynas, Eduardo (2018). Extractivismos: el concepto, sus expresiones y sus múltiples violencias. Recuperado de: https://www.fuhem.es/papeles_articulo/extractivismos-el-concepto-sus-expresiones-y-sus-multiples-violencias/

[3] Gudynas, Eduardo (2019). Derechos y violencias en los extractivismos.

[4] Vea: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_305_esp.pdf

[5] Gudynas, Eduardo (2019). Derechos y violencias en los extractivismos.

[6] CESPAD (2019). Coyuntura desde los territorios | ¿Qué estrategias utiliza la empresa minera para criminalizar a las y los defensores del agua en Guapinol y San Pedro? Recuperado de: http://cespad.org.hn/2019/09/17/coyuntura-desde-los-territoriosque-estrategias-utiliza-la-empresa-minera-para-criminalizar-a-las-y-los-defensores-del-agua-en-guapinol-y-san-pedro/

[7] Klein, Naomi (2007). La Doctrina del Shock. El Auge del Capitalismo del Desastre.

[8] Gudynas, Eduardo (2019). Derechos y violencias en los extractivismos.

[9] Vea: http://www.miambiente.gob.hn/misionyvision/

[10] CESPAD (2019). Fraude sobre Gualcarque, el caso que devela cómo operan desde el Estado las redes de corrupción en la concesión de ríos en Honduras. Recuperado de: http://cespad.org.hn/2020/01/15/fraude-sobre-gualcarque-el-caso-que-devela-como-operan-desde-el-estado-las-redes-de-corrupcion-en-la-concesion-de-rios-en-honduras/

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