Serie gritos
de La Tigra
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Ilustraciones: Allan Mc Donald | Fotografía: Reporteros de Investigación | Cobertura: Melissa Hernández | Edición: Wendy Funes | Producción audiovisual: Periodista contratado por Reporteros de Investigación

Los habitantes de un complejo habitacional sufren porque no tienen agua aunque viven en una zona protegida por su potencial hidríco .

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Con más de dos siglos de ser una de las más importantes fuentes de agua para la zona central de Honduras, esta zona protegida ha sufrido en sólo dos décadas un par de intentos de urbanizaciones exclusivas para clase media alta. Las ideas de echarle mano a la belleza natural de esta reserva hídrica han salido de los planes de negocio de empresarios y de un entramado de funcionarios de grupos de poder, pero del mismo modo en que estas iniciativas surgieron, también se van disipando como la bruma helada de cada ocaso en La Tigra. Estos proyectos han tenido desarrollos conflictivos debido a la guerra por el agua que podrían desatar.

Eso no significa que haya una adecuada preservación de este patrimonio natural de Honduras, por el contrario, mientras los empresarios se han ido enredando en pleitos judiciales y en averiguaciones de la Fiscalía, otras urbanizaciones de clase media continuaron un crecimiento silencioso y descontrolado. Las personas fueron construyendo de manera sutil, de una en una y con el tiempo surgieron residenciales con problemas de ingeniería, diseño arquitectónico y de acceso a servicios. Como resultado, hay destrucción paulatina de la reserva forestal y problemas de convivencia entre los vecinos.  El descontrol llega tal extremo que las autoridades de Santa Lucía denuncian la existencia de “urbanizaciones clandestinas”. 

Para Amitigra no debería autorizarse ni un permiso más para nuevas construcciones. “La Tigra ya no soporta más viviendas de ningún tipo, no solo hablemos de residenciales sino de las comunidades allá arriba porque la oferta de agua tiene su límite”, advirtió el director de Amitigra, Rufo Paredes.

A inicios del siglo XXI, The Mountain Chalet un escándalo que estalló durante la administración del ex mandatario del partido que gobierna Honduras, Ricardo Maduro (2002-2006), provocó un pleito judicial de varios años, la Fiscalía del Medio Ambiente investigó este caso, entonces la urbanización quedó en suspenso; la residencial Bosques de Santa María, que según documentos estatales se construye fuera de la zona de La Tigra, por parte de una empresa que aparece representada por el ex ministro de Turismo del gobierno de Maduro, Thierry Pierrefeu, también tiene una orden para estar paralizada desde 2017 y bajo investigación de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente.

“La Tigra está dentro de Santa Lucía y estamos trabajando para preservarla, nos preocupa que a mayor parte de La Tigra pertenece al Distrito Central y están haciendo acciones como el uso supuestamente irregular del agua de La Tigra en la residencial Santa María”, apuntó el regidor de Santa Lucía Mario Nuila. Los habitantes de la residencial Santa María tendrían su propio pozo exclusivo, de acuerdo con información que han tenido en la municipalidad que han dado los consultores de la residencial Santa María, reveló.

Una solicitud de información hecha por Reporteros de Investigación en 2017 y una nueva solicitud en 2020, ante las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, indican que este residencial se está construyendo fuera de La Tigra. La residencial es propiedad de una inmobiliaria que aparece a nombre del ex ministro de Turismo en la época presidencial de Maduro, Thierry Pierrefeu.

Amitigra: primera etapa de
Bosques de Santa María
está fuera de La Tigra

La opinión de Amitigra luego de hacer la supervisión es que Santa María tiene una construcción en cuatro etapas. La primera etapa tiene un permiso de construcción, “pero está fuera del área de amortiguamiento de La Tigra“. Una pequeña parte del terreno está en la zona de amortiguamiento y esta aún no tiene permiso de construcción. En este momento, la Fiscalía investiga cómo fue dado el permiso de construcción por eso las obras están paralizadas, aseguró el director de Amitigra, Rufo Paredes.

En su oficina, acomodado en una silla ejecutiva, Paredes prefirió no pronunciarse sobre la conveniencia de continuar la construcción de la residencial Santa María porque a criterio del directivo, al estar fuera de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, es un tema que sale de su competencia.

En cambio, la periodista ambientalista Dolores Valenzuela, ex relacionadora pública de Amitigra, sostuvo que no es cierto que esta residencial esté fuera de la zona de La Tigra, una persona que formó parte de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor), ahora ICF, hizo un estudio desde que se inició con el plan porque iniciaron desde 2016 y ellos dictaminaron que estaba dentro del área de amortiguamiento.

Para Valenzuela, la Fiscalía debería investigar incluso si hay intereses del señor Paredes o si tiene propiedades cercanas a este lugar que estén generando conflictos de interés y también debería investigarse si hay propiedades de funcionarios municipales con terrenos en la zona.

Hay denuncias de que el proyecto no está paralizado y que han reiniciado actividades y la Fiscalía debe supervisar para confirmar esta información, alertó Valenzuela.

Uno de los fundadores de Amitigra, Guillermo Valle, dijo que en ningún momento Amitigra ha dado permiso para que el condado Santa María construya en la zona de amortiguamiento de La Tigra. Valle aseguró que Amitigra trabaja con la mayor transparencia posible no por el bienestar de la organización sino del Parque Nacional. No hay prohibiciones para que una persona que tenga propiedades pueda participar en Amitigra para defender esta zona natural. Si en algún momento se determina que se debiera “investigar al director ese no es problema” y como una muestra de transparencia, esto se puede turnar a la junta directiva de Amitigra que preside el señor Juan Ferrera, señaló. A juicio de Valle, se debe analizar porqué se habla de un conflicto de interés en este caso. 

Valle se autodenominó como un ambientalista con 27 años de estar en la fundación. Hay otro problema que se suma a esto y es que hay gente que se hace pasar como comuneros (personas que tienen títulos de propiedad conjunta en La Tigra realmente preocupados por la preservación) y hay gente que no tienen intereses legítimos que se hacen pasar como comuneros, dijo. 

El director de Amitigra muestra en anaranjado todo el terreno de la inmobiliaria que construye el proyecto Santa María. La zona color verde es parte del terreno de la inmobiliaria que está en La Tigra, pero para acá aún no tienen permiso de construcción. En color café, muestra el lugar donde Santa María tiene un permiso para construir el proyecto habitacional, fuera de La Tigra, a la par de la zona de amortiguamiento, aseguró.

Santa Elena y Santa Lucía

El más reciente conflicto por el agua de La Tigra ahora surgió en una nueva residencial denominada Santa Elena. Entre 2014 y 2020, según el Oficio 007-2020-OIP en Santa Elena, diferentes corporaciones municipales de Santa Lucía dieron más de 20 permisos de construcción de nuevas viviendas y en 2020, en esta comunidad inició un conflicto por el agua.

Este es como un segundo Mountain Chalet en el seno de La Tigra, sentenció el ex asesor de la Secretaría de Ambiente, Joaquín Agüero. Él es ingeniero forestal, fue asesor de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) en el gobierno del presidente Maduro. Está institución fue renombrada como MiAmbiente con el cambio de gobierno, hace ocho años.

“Santa Elena es un sitio construido en laderas pronunciadas, y sólo cuenta con permiso de esta Municipalidad, pero violando la ley al no tener la Licencia ambiental de SERNA, ICF, y tampoco del Amitigra”, dijo Agüero residente de la primera etapa de la Villa Santa Elena.

Para Agüero este es un segundo Mountain Chalet, el nombre que rememora el escándalo de supuestas irregularidades en el otorgamiento de permisos de construcción en La Tigra, ocurrido en la década pasada, esta construcción quedó al final en suspenso.  El ingeniero conoce muy bien este caso porque en ese tiempo era el asesor de Serna.

“Recuerde que en esta Alcaldía se encontraba el proyecto de construcción denominado Mountain Chalet, una urbanización a la que se le otorgaron los permisos requeridos por las cuatro instituciones arriba mencionadas. El problema, que posteriormente se dio,  fue que el procedimiento no estaba correcto, se le pidió a la abogada de dicho proyecto, que lo subsanara, y está persona dijo que no.  Entonces la ingeniera Patricia Panting –la ministra de aquel entonces– decidió, unilateralmente quitarle el permiso de un solo plumazo, y la abogada Doris Imelda Madrid la demandó; hace pocos meses esa demanda se desestimó”, relató Agüero.

En su opinión, Villa Santa Elena se parece porque “ha habido una serie de irregularidades, han ido extendiendo esta zona sin cumplir los requisitos legales de tal forma que las autoridades han estafado a una serie de personas”.

Tal como lo establece el Plan de Manejo en la zona de amortiguamiento para otorgar permisos deben estar involucradas varias instituciones estatales. La alcaldía de Santa Lucía no puede otorgar permisos sin estar autorizada por Áreas Protegidas del Instituto de Conservación Forestal (ICF),  Cuencas e Hidrología de SERNA y Amitigra.

“Para empezar, dicha Municipalidad está otorgando permisos de construcción sin contar con los otros permisos que por ley son exigidos porque estas construcciones se están llevando a cabo en una de las Zonas de Amortiguamiento de esta Área Hidrológica Protegida”, explicó.

Agüero contó que compró un terreno en la primera etapa. ”Esta es una zona de laderas. Hace siete años empezaron a construir una primera etapa con 10 casas, hubo una serie de líos para que la alcaldía colaborara para su construcción, prometieron que no se iba a construir más casas por el problema del agua. Pasó el tiempo y hace un año empezaron a construir una segunda etapa y ahora hay acusaciones de estafa en el medio de este proyecto. Estamos en una zona de amortiguamiento en la que no se han cumplido los requisitos de protección medioambiental. La gente está comprando con los ahorros de su vida una propiedad sin cumplir los requisitos ambientales que manda la ley”.

Ahora, en la parte de arriba hay ocho casas más y se había determinado que habría 30, pero las denuncias de Agüero han impedido que siga la construcción, hay personas que han interpuesto quejas.

Como especialista, Agüero considera que el problema no está en construir en la zona de amortiguamiento sino en que no se cumple con la protección ambiental como por ejemplo que se deben dejar 2500 hectáreas por casa en zona plana y en lugar de laderas son 3000 a 3500 hectáreas, pero eso no está ocurriendo, tampoco hay un manejo adecuado del potencial hídrico de esta zona.

Santa Elena realmente es uno de los conflictos que amenaza a La Tigra, pero no el único. Dependiendo a quien se consulte tiene su propia versión de este asunto. Para las autoridades municipales, ellas fueron engañadas con este proyecto porque se trataba en el fondo una  “urbanización” denominada  Villa Santa Elena, ubicada entre el Chimbo, y a 10 minutos de Santa Lucía, pero quienes lotificaron fueron pidiendo permisos de construcción de uno en uno.

Esto ha generado que haya conflictos entre los vecinos porque es un complejo habitacional que no cumple todos los requisitos que debe tener una urbanización. El director de Amitigra anunció una inspección en Santa Elena y explicó que hay un conflicto por el agua mientras la municipalidad asegura que se otorgaron permisos basados en ley.

Para el regidor de oposición del partido Libertad y Refundación, Mario Nuila, la municipalidad es la que tiene la potestad de autorizar el uso del suelo y para construir, siendo la máxima autoridad en territorio tiene la potestad para conceder permisos en todo el territorio bajo su jurisdicción.  Sin embargo, debido a que hay leyes que están sobre la autonomía municipal, en el caso de La Tigra, la ley que da potestades a la oenegé Amitigra, vulnera la autonomía municipal, consideró.

La municipalidad ha dado permisos de construcción en la zona de amortiguamiento. La mayoría de estos permisos se han dado no en esta corporación sino en corporaciones anteriores, esto  ocurre hace 10 o 15 años atrás aunque todos los años ha habido una cantidad importante y en general va creciendo mucho el número de permisos de construcción porque la inmigración desde Tegucigalpa es grande. “Para que la municipalidad dé permiso de construcción no requiere permisos de ICF o de Amitigra, lo que si se necesita es una licencia ambiental si hay un complejo habitacional, pero el problema a juicio del regidor es que en la zona de amortiguamiento han proliferado las urbanizaciones clandestinas”, dijo el regidor. Pero el Plan de Manejo de La Tigra manda otra cosa.

A juicio del regidor en este caso no es lo mismo de Mountain Chalet, “ese era un proyecto más elitista y en Villa Santa Elena es gente trabajadora que compra para construir su casa, pero obviamente eso no significa que no haya daño al medio ambiente lo que hay es un conflicto porque la gente que compró antes no quiere que llegue nueva gente, el problema se origina porque las personas que desarrollan esa construcción no lo hicieron siguiendo los pasos correctos para urbanizar”.

Urbanizaciones clandestinas

Por ejemplo, la residencial Villa Santa Elena es una residencial clandestina que se desarrolló sin autorización de las autoridades, la gente ha ido a pedir permiso individual. No ha sido una urbanización sino que cada persona ha ido pidiendo permiso como una especie de hormigueo, explicó.

“En este caso quien cometió la falta no es la municipalidad sino quien vendió el terreno. En este momento no tengo la información a mano sobre la propiedad, pero sí sabemos que esa gente está teniendo problemas de convivencia porque carece de áreas comunes y la municipalidad no puede intervenir porque no autorizó una urbanización”, se dieron permisos de construcción para viviendas y ahora lo que ocurre es que se ha convertido en un complejo urbanizado.

“Quizás este caso no sea único, esta zona de Santa Lucía y Valle de Ángeles es muy apetecida la gente compra terrenos, los urbaniza sin que la municipalidad se dé cuenta, no es una cuestión de irregularidades de la municipalidad sino de quienes están vendiendo porque no siempre quien vende, le cumple a las personas”.

“En general, el tema se ha tratado en la municipalidad y ahora estamos formulando todos los planes desde una perspectiva ecológica, se están desarrollando reglamentos para otorgar estas urbanizaciones, se está desarrollando una inspección, un plan de catastro municipal, lo que no se tiene es un control real de toda la tierra porque en forma clandestina venden los terrenos”, sostuvo el regidor.

La gente compra, tiene una hipoteca con el banco, traen sus escrituras y no se les puede negar su permiso de construcción, por ese debe buscarse un punto de equilibrio y armonía. Hay escrituras de dos o tres años y la gente es dueña, pero resulta que no es un terreno aislado ni individual, es una urbanización, pero los propietarios mandan a las personas a pedir permisos aislados y a engañar a las autoridades, por eso, desde la municipalidad se están buscando estas urbanizaciones clandestinas, planteó el regidor. Desde el año pasado se solicitó una entrevista con el alcalde de Santa Lucía por medio de un correo electrónico enviado a la municipalidad. Al cierre de esta edición, no había respuesta.

“Hay antecedentes de irregularidades en el manejo de muchas construcciones, alcaldes anteriores han cometido irregularidades relacionadas con el manejo de La Tigra y del manejo de la tierra en el municipio y eso se está tratando de enmendar”.Mario NuilaRegidor de Santa Lucía

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