Ruth Bonilla – En Alta Voz
Tegucigalpa, Francisco Morazán. El nuevo juicio oral y público por la muerte de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez Rodríguez inició este jueves en los Juzgados de Sentencia de Siguatepeque, reabriendo un caso que durante años ha estado marcado por denuncias de encubrimiento, irregularidades judiciales y presunta protección institucional.
El proceso fue programado entre el 4 y el 20 de agosto de 2026 en los tribunales de Siguatepeque y La Esperanza, Intibucá, tras una decisión de la Sala de lo Penal del Poder Judicial que en enero de 2026 anuló el juicio anterior al considerar que se desestimaron injustificadamente pruebas clave, entre ellas la autopsia forense y otros elementos circunstanciales. El Ministerio Público había presentado un recurso de casación en 2024, argumentando que durante el primer juicio se produjeron arbitrariedades que vulneraron el debido proceso.
El caso se remonta al 7 de febrero de 2021, cuando Keyla Martínez murió mientras permanecía bajo custodia policial en la Unidad Departamental Policial Número 10, en La Esperanza, Intibucá. La Policía Nacional sostuvo inicialmente que la joven se quitó la vida utilizando su suéter dentro de la celda. Sin embargo, el reporte de Medicina Forense concluyó que murió por asfixia mecánica y que presentaba golpes en el rostro y señales de haber luchado por su vida.
Contradicciones y evidencia cuestionada
Familiares y organizaciones feministas han señalado múltiples inconsistencias en el caso. Entre ellas, que el suéter supuestamente utilizado no presentaba rasgaduras ni señales de tensión, y que la celda donde murió Keyla fue lavada con cloro y agua antes de la llegada de los peritos forenses, en violación de los protocolos que exigen preservar intacta la escena.
“Cuando llegó el perito forense, la celda ya había sido lavada a fondo con cloro y agua, y obviamente no iba a tener ningún tipo de residuo”, denunciaron integrantes de organizaciones acompañantes del caso.
Señalamientos de encubrimiento
La familia también ha denunciado protección institucional a favor de los involucrados. El único policía imputado, Harold Fernando Monfort, contó con abogados defensores pagados con fondos públicos de la Secretaría de Seguridad. En el juicio anterior, el delito fue reducido a homicidio imprudente, una calificación que las organizaciones feministas rechazan por ignorar la autopsia y los indicios que, según ellas, corresponden a femicidio agravado.
“Solo estuvo privado de libertad un año y medio y pagó una fianza”, denunciaron representantes de organizaciones de mujeres, quienes además señalaron a los jueces del proceso anterior de haber favorecido al acusado.
Norma Rodríguez, madre de Keyla, afirmó que durante estos cinco años la familia ha sido víctima de intimidaciones. “Con el simple hecho de que haya una patrulla estacionada al frente de la casa, eso es intimidación”, declaró. Rodríguez expresó esperar que el nuevo juicio se desarrolle con transparencia y que se tome en cuenta toda la evidencia. “El juicio anterior fue un desastre y claramente favorecieron a la policía”, dijo.
Un precedente para los derechos de las mujeres
Colectivos feministas y defensores de derechos humanos consideran que este proceso podría convertirse en un precedente importante para casos de violencia contra las mujeres en Honduras. Entre sus exigencias principales están que el juicio se realice con perspectiva de género, que se valore la autopsia y todas las pruebas, que se identifique a todos los responsables y que el caso sea tipificado como femicidio agravado.
El Ministerio Público indicó que esta nueva etapa permitirá que una integración diferente de jueces valore nuevamente las pruebas del expediente y realice un nuevo análisis sobre la calificación jurídica de los hechos.
“Este juicio puede sentar un precedente para evitar que más madres sufran la muerte de sus hijas”, manifestaron las organizaciones. Aunque reconocen la anulación del juicio anterior como un avance, admiten mantener desconfianza hacia el sistema. “La esperanza existe, pero sabemos cómo funciona el sistema en Honduras. Aun así, seguimos luchando”, concluyeron.
