Ruth Bonilla – En Alta Voz
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha puesto sobre la mesa un conjunto integral de reformas electorales en un entorno caracterizado por serias acusaciones respecto al proceso electoral de 2025, que ha sido identificado por diversos sectores como una de las crisis más severas que ha enfrentado la democracia de Honduras en años recientes.
En la reunión, la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, destacó que el sistema electoral se ha convertido en un “fracaso estructural” que permite la manipulación política. “No se trata de un error técnico ni administrativo, sino de un sistema que ha sido tolerado durante décadas”, comentó.
La propuesta del CNA incluye cinco reformas cruciales: una segunda vuelta electoral, mayor participación ciudadana en los órganos electorales, el fortalecimiento institucional del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la transparencia en el financiamiento político y la implementación de justicia electoral en tiempos adecuados.
Sin embargo, la discusión no se centró únicamente en las propuestas. Las intervenciones expusieron la gravedad de la crisis reciente, especialmente después de las elecciones de 2025, las cuales, según diversas voces, pusieron en peligro la estabilidad democrática del país.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, describió una situación sin precedentes, señalando que, según su relato, el proceso electoral sufrió un “ataque organizado desde el Estado” con el fin de controlar al órgano electoral. Negó que esto fuera un mero conflicto institucional y afirmó que hubo maniobras tanto internas como externas para interferir con el proceso.
Entre las denuncias mencionó órdenes de arresto contra funcionarios electorales, la paralización intencionada de etapas esenciales como el escrutinio especial, campañas de desinformación, episodios de violencia y la negativa de instituciones como las Fuerzas Armadas a colaborar con el CNE.
Además, mencionó el uso de recursos del Estado para presionar al organismo electoral y una campaña sistemática de intimidación contra los consejeros, lo que, a su juicio, demuestra un intento de debilitar la democracia institucional.
Asimismo, se mencionó que el gobierno desestimó los resultados electorales, lo que llevó a un aumento de la tensión política, acusaciones de autoritarismo y alegaciones sobre intentos de mantener el poder, incluso a través de acciones que analistas han calificado como un “autogolpe”.
Desde una perspectiva internacional, se señaló que la comunidad externa ve al Congreso Nacional como un actor fundamental en la crisis, en medio de un conflicto entre instituciones del Estado y crecientes preocupaciones por la gobernabilidad democrática en Honduras.
No obstante, también se destacó que misiones internacionales de observación, como la de la Unión Europea, concluyeron que no hubo fraude electoral, aunque sí identificaron un contexto de gran polarización, uso inapropiado de instituciones, desinformación y presiones que impactaron la actuación de los organismos electorales.
Por su parte, el especialista Rafael Jerez enfatizó que las reformas sugeridas son resultado de un análisis histórico del sistema electoral hondureño, observando que, aunque la ley de 2021 trajo avances, también consolidó el control partidaria sobre estructuras clave.
En el ámbito político, el legislador Antonio Rivera Callejas destacó que el principal impedimento para implementar reformas significativas ha sido la falta de disposición política y la dificultad de conseguir la mayoría calificada en el Congreso Nacional.
“Con disposición política, se pueden realizar los cambios”, afirmó, aunque reconoció que algunas iniciativas, como la segunda vuelta electoral, enfrentan una mayor oposición debido a su complejidad tanto técnica como política.
El diputado también sugirió la opción de avanzar hacia modelos híbridos que integren la participación ciudadana con la representación de partidos en las mesas electorales, considerando esto como un método más factible de reforma.
Desde una perspectiva regional, el consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Iván Esquiva, señaló que Honduras no es un caso único, sino que forma parte de una tendencia mundial caracterizada por la polarización, la desconfianza en las instituciones, la desinformación y la fragmentación política.
Sin embargo, coincidió en que el país enfrenta retos específicos, especialmente en lo que respecta a la independencia de los organismos electorales y la necesidad de incrementar la confianza de los ciudadanos.
El Consejo Nacional Anti Corrupción (CNA) determinó que Honduras se encuentra en un momento crucial, donde no son suficientes reformas superficiales, sino que se requieren cambios estructurales para evitar que el poder político vuelva a controlar el sistema electoral.
“El tiempo de las evaluaciones ha terminado. Es hora de tomar decisiones”, enfatizó Castellanos.
Mientras tanto, desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) se advirtió que lo ocurrido en 2025 no puede quedar sin un precedente, ya que las decisiones que se adopten en los próximos meses determinarán el futuro democrático del país.
