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El Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ), con el propósito de informar a la opinión pública y evitar posible desinformación, tiene a bien comunicar los puntos abajo detallados, respecto al segundo requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP) el día martes 6 de octubre de 2020.

• Persona imputada. Marco Antonio Bográn Corrales, ex Director Ejecutivo de Inversiones Estratégicas Honduras (INVEST-H).

• Hechos que motivan la imputación. Marco Bográn autorizó la contratación directa de la empresa Consultores en Ingeniería S.A de C.V (CINSA) para supervisar la instalación de los hospitales móviles, omitiendo su deber legal de solicitar la autorización correspondiente al Consejo Directivo de INVEST-H, conformado por entidades de gobierno, sector privado y sociedad civil. Tampoco requirió la presentación de la Escritura de Constitución Legal de la empresa adjudicada, la Constancia del Registro de Contratistas de ONCAE, ni el Permiso de Operación de la Municipalidad, documentos que ya estaban vencidos de acuerdo a investigaciones del MP y que son necesarios para el cumplimiento legal del proceso de contratación. El requerimiento fiscal del MP indica que uno de los socios de (CINSA) es Napoleón Bográn, tío paterno de Marco Bográn.

• Delito imputado. El acto de inobservancia constituye el delito de Violación de los deberes de los funcionarios

• Código penal aplicable. Si bien los hechos delictivos que se imputan ocurrieron entre marzo y abril de 2020, Marco Bográn será juzgado en aplicación del artículo 499 del actual Código Penal (Decreto 130-2017) que entró en vigencia efectiva el 25 de julio de 2020, pues esta nueva legislación ya no contempla pena privativa de libertad para el delito de Violación de los deberes de los funcionarios. Es de tomar en cuenta que los artículos 96 de la Constitución de la República, 9 del Código Penal anterior (Decreto 144-83) y artículo 1 párrafo cuarto del actual Código Penal (1302017), contemplan el principio de retroactividad. Este principio jurídico establece que una normativa tendrá efectos sobre hechos suscitados con anterioridad a su entrada en vigencia, cuando sus disposiciones le sean más favorables al imputado, con relación a la ley vigente en ese momento.

• Pena contemplada. Inhabilitación especial para empleo o cargo público, de 3-6 años. Es decir, si Marco Bográn es condenado, no podrá ejercer un cargo público por el plazo indicado en la sentencia.

• Agravantes. Conforme el artículo 499 numeral 2 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017), en los casos que los actos se refieran a temas de salud pública, la pena de inhabilitación especial se debe incrementar en 1/3, por lo que dicha inhabilitación especial podría oscilar entre 4-8 años.

• Medidas Cautelares: En razón de que el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, contempla una pena de inhabilitación y no de reclusión, solo podrán aplicarse medidas distintas de la prisión preventiva, como lo establece el artículo 182 del Código Procesal Penal vigente. En este caso, algunas de las medidas para Marco Bográn será la de prohibición de salir del país, así como, de visitar las oficinas de INVEST-H o comunicarse con empleados de dicha Institución, entre otras.

• Juzgado que conoce el caso. Por ser solamente una persona imputado y no una estructura de tres o más personas, es el Juzgado de Letras Penal en la Sección Judicial de Tegucigalpa.

Debido a que ALAC/ASJ ha sido un actor relevante en las investigaciones y denuncias ciudadanas que han surgido de las compras de emergencia, los avances que surjan de este proceso judicial y de otros, serán comunicados oportunamente a través de este medio.

Tegucigalpa, M.D.C, a los 13 días del mes de octubre de 2020

Centro de Asistencia Legal Anticorrupción
Asociación para una Sociedad más Justa, Capítulo en Honduras de Transparencia Internacional

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