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Cespad

Autor: Bladimir López

Introducción

La actual crisis generada por el COVID-19 ha golpeado con fuerza a las comunidades rurales, indígenas, campesinas y garífunas del país, sin embargo, la crisis está siendo aprovechada por las organizaciones territoriales para avanzar en alternativas políticas, económicas, sanitarias y comunicacionales que están permitiendo que la crisis en los territorios sea gestionada democráticamente y en beneficio de la población.

En el primer apartado este análisis problematiza la situación de las comunidades rurales, en un contexto de suspensión de las garantías constitucionales y crisis de los derechos humanos. Mientras que en el segundo apartado se realiza una exposición de las principales alternativas que se emprenden desde los territorios para hacerle frente a la actual crisis.

I. Situación actual de las comunidades rurales y territorios en Honduras

La actual crisis sanitaria está agudizando las contradicciones políticas, sociales y humanitarias en los territorios, alrededor de tres elementos de fondo: i) suspensión de las garantías constitucionales, ii) disposiciones ejecutivas e institucionales en materia extractivista, y, iii) marginamiento de las actuales medidas económicas y sociales aprobadas por el régimen de Hernández para gestionar la crisis.

La suspensión de las garantías constitucionales ha conllevando al desarrollo de medidas policiales en cuarentena, que agravan el estado de indefensión de los defensores(as) en sus comunidades, un mayor control de fuerzas no estatales sobre el territorio (guardia privada y crimen organizado) y la remilitarización del territorio por fuerzas policiales y militares. Lo anterior ha conducido a una crisis de derechos humanos, de marzo a junio se registran 4 asesinatos, 23 acciones de criminalización y 8 acciones de persecución penal contra líderes y lideresas del movimiento territorial en Honduras[1].

Por su parte las medidas ejecutivas e institucionales en materia extractivista, están abriendo un amplio proceso de contraofensiva extractivista que el corto y mediano plazo amenaza con extender la frontera extractiva, la pérdida de soberanía territorial y el surgimiento de nuevas formas de despojo. Esas medidas han llevado a la entrega de licencias ambientales exprés para la extracción de recursos naturales, instalación de la primera Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE), emisión de decretos ejecutivos en materia agrícola que reposicionan a la élite agro empresarial y amenazan con desplazar de sus territorios a las comunidades indígenas, campesinas y garífunas, y la emisión de contrato para la generación de energía en beneficio de la empresa Lufussa, cuestionada por contaminar el medio ambiente y destruir grandes cantidades de manglares y fauna marina.

Por último, el marginamiento de las actuales medidas de alivio económico y social para atender la crisis, hacia comunidades que en los últimos años ha emprendido procesos de defensa del territorio. En ese sentido, y como bien lo menciona una integrante de La Red de Mujeres contra la Violencia-Intibucá: “el actual confinamiento ha conllevando a un proceso de militarización que les impide trabajar en sus tierras y la poca ayuda humanitaria que llega a las comunidades no se les entrega a las personas que defienden el territorio, tienen a la gente marginada por defender lo que es suyo y por cuidar la madre tierra”[2].

Esos tres elementos coyunturales están generando un triple proceso de desplazamiento y exclusión en los territorios, que dan pistas para comprender la situación de las comunidades rurales en el actual contexto de suspensión de garantías constitucionales y contraofensiva extractivista.

Por un lado, se evidencia un fuerte proceso de desplazamiento espacial alrededor de tres procesos: despojo de bienes comunes, desplazamiento de los espacios laborales y deterioro de los derechos comunitarios. El primero como parte de la remilitarización de los territorios impulsado en el actual contexto de pandemia, el segundo producto del confinamiento social que le impide a las personas ejercer trabajos diarios y el tercero que restringe y vulnera el derecho a un ambiente sano, alimentación, libre circulación y a la convivencia sana y pacífica.

Por otro lado, es notorio un proceso de exclusión social, política y de género. En recientes informes de Veeduría Comunitaria elaborados desde el CESPAD, se demuestra de manera amplia las manifestaciones de esos tres tipos de exclusión en comunidades indígenas y campesinas. La exclusión social, ante la ausencia de una estrategia nacional y local para atender las demandas y problemáticas de las comunidades. La exclusión política, las organizaciones no fueron consultadas sobre la emisión de las licencias ambientales y en relación a los decretos ejecutivos en materia agraria. La exclusión de género, las medidas de alivio social y económico no cuentan con un enfoque de género orientadas a tratar el tema de la violencia, los cuidados, la seguridad sanitaria y alimentaria de las mujeres.

En resumen, los anteriores tres tipos de desplazamientos y exclusiones están conllevando a un despojo encubierto en cuatro direcciones: territorio, espacio comunitario, cuerpos y derechos comunitarios, los cuales en el fondo agravan situaciones de derechos humanos en las comunidades rurales, a la vez que generan las condiciones para imponer de manera violenta proyectos extractivos sin consulta y sin participación.

II. Características de las principales alternativas políticas sanitarias, económicas y comunicacionales

Ante la situación adversa que atraviesan las comunidades, las organizaciones territoriales están emprendiendo acciones comunitarias orientadas a atender las principales necesidades de las familias indígenas, campesinas y garífunas. En ese sentido, las principales alternativas son de naturaleza política, sanitaria, económica y comunicacional que desarrollan una dimensión crítica sobre la situación actual de la sociedad, ponen en tela de juicio el orden social existente de manera global y reflexionan sobre lo que es deseable y posible.

  1. Ante la ausencia del Gobierno, autogobierno, control y gestión democrática del territorio

La actual crisis ha permitido a las organizaciones territoriales tener un mayor control y gestión democrática del territorio, convirtiendo a los territorios en espacios de vida basado en relaciones de solidaridad y colectividad, alrededor de una ola de resignificación humana y ética que está construyendo un tejido social comunitario con fuerte sentido democrático y creador de alternativas.

El actual proceso de control y gestión del territorio presenta tres características. Primero, su carácter estratégico: como lo menciona un integrante del COPINH: “la lógica del modelo extractivista es mantener a un pueblo sumiso, sometido, desorganizado y con vigencia de necesidades para que las empresas puedan llegar con dádivas”[3]. En ese sentido, la crisis es vista por las organizaciones como una oportunidad para disputarle el poder a las empresas extractivas, las cuales a través de políticas asistencialistas generan división en las comunidades.  Segundo, su carácter ancestral: la gestión del territorio es por la memoria, la vida, la salud, la colectividad, la comunidad y por el derecho humano a existir y resistir. En ese marco, el territorio es la materialización de la existencia humana y una respuesta política, digna y ética a un sistema de muerte que en tiempos de pandemia arremete con extinguir a las comunidades y acrecentar el despojo de los bienes comunes naturales.

Tercero, su carácter feminista: el proceso de gestión y control del territorio es liderado por mujeres, como bien lo menciona una integrante de La Vía Campesina: “son las mujeres quienes están siendo parte de los comités locales, de gestión de recursos en sus propias comunidades, son las que están al frente en el tema del cuidado de la salud de su comunidad”[4]. En ese marco, la actual gestión del territorio promueve procesos de encuentro, reconocimiento y deliberación política de las mujeres, en espacios organizativos tradicionalmente controlado por los hombres.

Estamos ante una apuesta estratégica, ancestral y feminista de la visión cultural, simbólica y material del territorio, a la vez que se defiende la vida como derecho humano y el territorio como espacio común de las comunidades. En definitiva, la actual crisis y gestión del territorio está generando una serie de oportunidades para que las organizaciones territoriales se posicionen y acrecienten su legitimidad, y su capacidad de influencia en los esfuerzos por consolidar proyectos de sociedad alternativos en el marco de la actual crisis.

2. Ante el colapso sanitario, el retorno a la salud desde una mirada comunitaria, popular y ancestral

Si la gestión y el control del territorio es una respuesta a la crisis política, la salud desde un enfoque comunitario en base a la atención primaria es la repuesta ante el colapso del sistema sanitario público. En ese sentido, como se menciona en la guía medicinal garífuna elaborada desde la OFRANEH, “las comunidades han hecho su plan de emergencia y lo han llevado a la acción, coordinan cordones epidemiológicos, establecen lugares y comisiones para proveer información calificada sobre el coronavirus, organizan colectivos para elaboración de mascarillas y acompañan a pobladores contagiados con sus propios protocolos de intervención, preparando comida, consuelo y cuidados”[5].

Alrededor de las valoraciones del liderazgo territorial, el enfoque comunitario de la salud para combatir al coronavirus se sustenta alrededor de cuatro aspectos: organización, enfoque preventivo y terapéutico, ancestralidad, enfoque de género y efectividad. En relación a la organización, existe un fuerte proceso de prevención, respuesta y sensibilización sobre el COVID-19, el cual ha consistido en la constitución de cordones epidemiológicos en las entradas de las comunidades, establecimiento de clínicas comunitarias para la atención, levantamiento de censos para identificar personas contagiadas, acciones que han permitido contener la expansión del virus en las comunidades.

El enfoque de la salud, es preventivo, terapéutico y humanitario. La prevención, es una tarea organizada de la comunidad, con fuerte participación de las parteras y curanderas quienes históricamente han manejado la medicina natural y ancestral, consiste en tomar responsabilidades colectivamente y atacar al individualismo que genera desesperanza, confusión y desprotección. En lo terapéutico, sobresalen procesos de intervención para atender efectos secundarios de la actual crisis, como ser el estrés, fatiga, ansiedad, desesperanza, a través de cuidados específicos de consuelo. Por último, el enfoque humanitario, la intervención está centrada en el ser humano y la comunidad y las lógicas mercantilistas que privan en la medicina moderna no figuran en este tipo de enfoques.

En relación a la ancestralidad, el enfoque descrito en el parrado anterior, se desarrolla alrededor de todo un enfoque ancestral de la medicina natural, la cual es utilizada en tres direcciones: fortalecer el sistema inmunológico, el autocuidado del cuerpo y del alma y la atención hacia personas contagias del COVID-19. En ese sentido la medicina natural y ancestral es una de las principales herramientas de las organizaciones comunitarias para hacerle frente a la actual pandémica.

Es importante mencionar, que los tres aspectos descritos se desarrollan desde un enfoque de género, donde las necesidades de las mujeres son atendidas de manera diferenciada en temas como la prevención, intervención sanitaria, cuidados y violencia, lo cual está permitiendo un proceso de democratización del tejido comunitario, a la vez que los hogares se convierten en espacios de convivencia sana y pacífica.

En ese marco, la efectividad del enfoque de salud comunitario, popular y ancestral reside en su capacidad de prevención, toma de responsabilidades colectivas y los cuidados que privan en las distintas fases de intervención sanitaria, aspectos que permite comprender, por un lado, el hecho de que territorios indígenas, campesinos y garífunas no estén en los epicentros críticos de expansión del COVID-19 y, por otro lado, que en dichos territorios no exista tasas de letalidad hacia aquellas personas que se han contagiado.

En suma, lo que nos trata de decir las experiencias territoriales es que las respuestas locales son efectivas para detectar y frenar la expansión del COVID-19, a la vez que incentiva a pensar procesos de intervención sanitaria más allá de la emergencia y avanzar en una intervención terapéutica centrada en la vida y en el ser humano, lo anterior basado en principios básicos de organización comunitaria, responsabilidades colectivas y la medicina natural como respuesta efectiva de combate, prevención y cuidados.

3. Ante la crisis alimentaria, economía solidaria para el buen vivir, el buen comer y el buen existir

Las gestión y control del territorio también abre un proceso amplio de iniciativas de carácter económico ante la crisis de seguridad y soberanía alimentaria que golpea a las comunidades, producto del actual proceso de confinamiento y suspensión de las garantías constitucionales que imposibilita la movilización de las personas para ir a sus trabajos. En ese marco, la economía solidaria aparece como el horizonte alternativo para hacerle frente a la actual crisis y como una respuesta estratégica para enfrentar los extractivismos agrarios que por décadas han sumido a las comunidades rurales en la dependencia alimentaria, exclusión y pobreza.

Alrededor de las valoraciones recogidas en las entrevistas podemos sostener que desde las comunidades indígenas y campesinas se entiende por economía solidaria, “una acción que pretende servir a los miembros de la comunidad antes que buscar el lucro, es independiente del Estado, establece un proceso democrático de adopción de decisiones y requiere que la comunidad participe activamente, otorga prioridad a la gente, antes que al capital y se basa en principios de responsabilidad individual y colectiva”.

En ese marco, sobresalen las siguientes prácticas que dan cuenta de la dinámica y alcance de la economía solidaria. Como práctica principal está el trueque de alimentos, como medida estratégica de intercambio alimentario que permite hacerle frente a la crisis alimentaria, se basa en relaciones sociales de producción alejadas del mercado y se funda en amplios lazos de solidaridad comunitaria.

Sobresale la milpa colectiva, a través de un proceso de siembra comunitaria que permite a las personas encontrarse alrededor de la tierra y donde solidariamente cada persona pone los insumos necesarios para el proceso del cultivo. La milpa colectiva es uno de los esfuerzos más genuinos y rebeldes para avanzar en la seguridad y soberanía alimentaria, alrededor de una visión colectiva y comunitaria de la producción agrícola centrada en el ser humano la comunidad y el respeto a la naturaleza.

Otra de las actuales prácticas es la siembra de huertos y la cría de animales domésticos, esta actividad se realiza con mayor fuerza desde las mujeres y se basa en todo un proceso de trabajo colectivo en la siembra de café, hortalizas, maíz y frijoles, y la cría de animales domésticos para el consumo familiar y comunitario. En ese marco, las mujeres reivindican su derecho al acceso a tierra y su participación activa en los procesos productivos.

Por último, sobresalen los mercados territoriales, como espacios de comercialización sin intermediarios y basado en el principio de negociaciones colectivas. En ese sentido, los mercados territoriales son una respuesta a los elevados precios de la canasta básica, a las prácticas usureras de los denominados “coyotes” y un esfuerzo por avanzar en la consolidación de solidas redes comerciales locales y regionales.

Cabe mencionar que toda esa visión de economía solidaria se basa en el respeto a la madre tierra y a la naturaleza, en principios y posicionamientos críticos expuestos ampliamente por el movimiento campesino, indígena y garífuna, alrededor de toda la reflexión política y económica que existe detrás del buen vivir, agroecología, seguridad y soberanía alimentaria, como puntos de partida para comprender el alcance y apuestas estratégicas de las alternativas económicas antes señaladas.

En resumen, estas prácticas alternativas nos muestran que es posible avanzar en un desarrollo económico y social que promueva el buen vivir, el buen comer y el buen existir de las personas, alejado de las lógicas depredadoras de los extractivismos, a la vez que permite pensar y avanzar en una nueva relación entre el ser humano y la naturaleza.

4. Ante la desinformación y el miedo, comunicación popular, critica y alternativa

Por último y no menos importante, es todo el proceso de comunicación popular, crítica y alternativa en tiempos de desinformación, miedo y terror mediático que impone el régimen de Hernández. La actual respuesta desde las comunidades, surge ante la inexistencia desde el régimen de una estrategia de comunicación democrática y objetiva para informar y sensibilizar a la población sobre la actual crisis que atraviesa el país.

En ese contexto las radios comunitarias son las voces encargadas, por un lado, de informar y sensibilizar a las personas sobre la importancia de adoptar las medidas de bioseguridad adecuadas para contrarrestar el avance del COVID-19 y, por otro lado, son espacios de disputa política donde se critica abiertamente el manejo autoritario e irresponsable de la actual crisis por parte del régimen. En definitiva, las radios comunitarias se convierten en herramientas para contrarrestar el miedo en la población y para sensibilizar sobre las distintas crisis que atraviesa el país.

Sin embargo, es importante precisar otras funciones que realizan en el actual contexto. Son frecuentes las conexiones nacionales entre las distintas radios comunitarias del país, como un esfuerzo político y estratégico para evidenciar la crisis desde los territorios, las alternativas que se tejen y en posicionar la diversidad cultural y artística que caracteriza a las distintas comunidades en resistencia.

De igual forma es importante precisar, que en la actual coyuntura las radios comunitarias son el principal centro antagónico que le disputan al régimen la verdad sobre la gestión de la crisis, malversación de fondos públicos y la crisis de los derechos humanos, como una estrategia que tienen como objetivo avanzar en procesos más amplios de debate nacional sobre el acontecer político y económico del país.

En conclusión, se desarrolla todo un proceso de comunicación comunitaria que combate al miedo y al terror, con alegría, cultura y esperanza, demostrando que una comunicación efectiva y afectiva es posible en tiempos oscuros e inciertos, a la vez que se desarrollan procesos de generación de conocimiento para avanzar transformación social de Honduras.

Descargar: CoyunturaJUNIO-2020

[1] Información en base a monitoreo territorial elaborado desde el CESPAD. Marzo a junio del 2020.

[2] Tramo de la entrevista realizada a integrante de La Red de Mujeres contra la Violencia-Intibucá. Honduras, julio del 2020.

[3] Tramo de la entrevista realizada a integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Honduras, junio del 2020.

[4] Tramo de la entrevista realizada a integrante de La Vía Campesina- Honduras (LVC-H). Honduras, julio del 2020.

[5] Guía de medicina ancestral garífuna para combatir el coronavirus. Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH). Honduras, junio del 2020.

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