Autor del documento: Bladimir López
Revisión de estilo: Claudia Mendoza

Introducción

En Honduras, la construcción de las 14 represas que se contemplan en el Decreto Ejecutivo PCM-138-2020, ha reabierto el debate sobre cuatro temas de interés nacional: a) las políticas del cambio climático, b) la vulnerabilidad ambiental, c) la persistencia de la política extractivista y, d) el cambio en la matriz energética.

En ese sentido, este análisis tiene como objetivo poner en discusión los principales elementos que permitan comprender la dinámica política y económica detrás de la construcción de las represas. En el primer apartado se hace una valoración sobre el discurso gubernamental, empresarial y social sobre el tema de las represas, haciendo especial énfasis en el Proceso de Reconstrucción Sostenible (PRS), el cambio climático y la contraofensiva extractivista. En el segundo acápite se realiza una valoración sobre los principales elementos críticos del Decreto Ejecutivo PCM-138-2020 y los posibles impactos de los proyectos hidroeléctricos en las comunidades de Santa Bárbara. Finalmente, en el tercer apartado se plantean una serie de recomendaciones que tienen como objetivo coadyuvar al fortalecimiento de las acciones estratégicas de las organizaciones territoriales y comunidades que han comenzado a denunciar públicamente los impactos ambientales, culturales, sociales y políticos de estos proyectos en las comunidades.

I. Discurso gubernamental, empresarial y social en la construcción de 14 represas

i) Discusión alrededor de la construcción de las 14 represas

La construcción de represas es un plan que cobró fuerza durante la administración de Porfirio Lobo Sosa y que se concretó en la administración de Juan Orlando Hernández quien, desde el año 2016, ha venido insistiendo en la necesidad de construir represas a gran escala. De hecho, en el 2020, Gabriel Rubí, Director de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), informó que el gobierno invertiría unos 1,000 millones de dólares (L24, 810 millones) en la construcción de 54 represas a nivel nacional.

En el actual contexto hay cinco tipos de discursos y valoraciones sobre este tema, que se han posicionado en la coyuntura: I) el gubernamental, II) el devenido desde el sector empresarial, III) el que han emitido algunos abogados, IV) el de los conocedores de temas vinculados con represas y V) el de las y los líderes territoriales.

El argumento esgrimido desde el gobierno de Juan Hernández es que la construcción de represas es una medida importante para mitigar el impacto que causan las lluvias en tiempos de huracanes en las zonas bajas del territorio y para la generación de energía. El sector empresarial, por su parte, señala que es una medida importante para asegurar el desarrollo económico, en particular del Valle de Sula. Los conocedores del tema vinculados a recursos naturales han expresado que la construcción de estas represas es un proyecto multipropósito: contención de las inundaciones, abastecimiento de agua para el verano y generación de energía.

Por su parte, algunos abogados que han analizado el contenido del decreto que dio vida[1] al PCM-138-2020, señalan que la construcción de represas acontece en un marco de irregularidades y contracciones legales que promueven la corrupción y la falta de transparencia. Finalmente, sobresale el análisis del liderazgo territorial[2], el que considera que la construcción de represas acontece al margen de la participación de las comunidades. Además, sostienen que no es una medida para prevenir la vulnerabilidad del Valle de Sula y de las comunidades rurales y, en consecuencia, se agravará la crisis de los derechos humanos en los territorios. Ahondaremos sobre este punto en el segundo apartado.

Lo característico de este proceso es que 3 de las 14 represas, son las que más revuelo han causado (Llanitos, Jicatuyo y El Tablón) por su trascendencia histórica, ya que desde hace décadas grupos de empresarios reclaman su construcción. Por otro lado, se supone que van a ayudar a evitar las inundaciones en el Valle de Sula (ecorregión fuertemente afectada por los huracanes Eta y Iota) y porque 2 se ubican en Santa Bárbara (territorio donde habitan comunidades indígenas Lencas y amplios asentamientos campesinos).

Asimismo, es importante mencionar que, de las 14 represas, se prevé que 2 o 3 tendrán capacidad para generar energía. Sin embargo, esa información es algo confusa y con escasa evidencia empírica que la sostenga, ya que no se hicieron los estudios previos (por lo menos se desconoce su existencia) para determinar la factibilidad económica de todas las represas. El PCM 138-2020 no hace diferenciación entre represas para la contención de agua y generación de energía y, lo que se establece en el contenido (véase artículo 2) es que las dos modalidades de represas serán incorporadas a un Fidecomiso de generación de energía eléctrica. En definitiva, la construcción de las 14 represas está marcada por la secretividad estatal y la falta de transparencia alrededor de los proyectos extractivos en el país.

En ese contexto de confusiones y tensiones, llama la atención que las 14 represas que se van a construir se encuentren en ecorregiones con profundos conflictos socio-ambientales y, con alta presencia de comunidades indígenas y campesinas que durante décadas han preservado el territorio y sus bienes comunes para uso colectivo y comunitario.  Por otro lado, es importante ubicar la discusión de la construcción de represas en un contexto de país, marcado por la creación del denominado Plan de Reconstrucción Sostenible (PRS) y por un contexto territorial con evidente resistencia territorial por parte de las comunidades, en la defensa de los bienes comunes naturales, al igual que por procesos amplios de criminalización y militarización de los territorios por parte de las fuerzas estatales y no estatales.

ii) Reconstrucción Nacional Sostenible: La negación del cambio climático y la contraofensiva extractivista

La emergencia que atraviesa el país, derivada de los huracanes Eta y Iota que golpearon al país a finales del 2020, dio paso a que la administración Hernández creara el denominado PRS, el que hasta ahora solo circula en periódicos digitales en los que se establece que está compuesto por 6 ejes centrales: i) agro, ii) salud, iii) educación, iv) infraestructura, v) negocios y, vi) bosques y medio ambiente. El PRS se ha venido ejecutando con cierta secretividad, ya que a tres meses de su mención en una cadena presidencial de radio y televisión, se desconoce en su totalidad el contenido, sus objetivos, los programas, proyectos y el proceso de intervención que guiarán el desarrollo del Plan.

Al momento de la elaboración de este análisis, el escaso registro de información sobre el PRS se halló consignado en algunos medios de comunicación en los que se informó que se necesitan aproximadamente 6 mil millones de dólares para ejecutar el PRS y que ya se cuenta con 1,000 millones; se eligió un Consejo Consultivo que dará vida al PRS, para servir como ente asesor y que se reinyectó con fondos frescos al programa agrocrédito 8.7 para reactivar la agroindustria del país. Mientras, desde algunos sectores de la sociedad civil se ha denunciado que las personas que integran el Consejo Consultivo carecen de credibilidad ante la sociedad hondureña.

A diferencia de otros Planes que se han desarrollado en el país en las últimas tres décadas, como el Plan de Reconstrucción Nacional (1998), y el Plan de Nación (2012), llama la atención que el PRS tenga el adjetivo de “sostenible”, ya que se está concibiendo de una manera instrumental (para atraer fondos) y no como un instrumento político-estratégico, encaminado a darle respuesta a la crisis climática y crisis ecosocial que golpea a la sociedad hondureña.

En el marco del anuncio de la construcción de las 14 represas, políticamente el PRS tiene tres grandes implicaciones en relación con las luchas territoriales: eleva la lucha contra el cambio climático de manera conservadora, profundiza el proceso de contraofensiva extractivista que se abrió en el marco de la Pandemia del Covid19, y refuerza la idea del desarrollo sostenible desde la mirada del capitalismo verde.

La lucha contra el cambio climático está marcada por un discurso de “aceptación hacia afuera” y “negación hacia adentro”. Hacia afuera se denuncia que los países desarrollados son los culpables de la tragedia climática de los países en vías de desarrollo. Mientras que, hacia adentro, la administración Hernández legitima procesos de desplazamientos climáticos, emprende acciones que profundizan las crisis climáticas, eco-sociales y que vulneran derechos de las comunidades. Lo anterior acontece en un contexto territorial de vulnerabilidad profunda, en el cual los planes de gestión de riesgo son precarios, las políticas de ordenamiento territorial son bloqueadas por las élites empresariales, prevalece la deforestación a gran escala de bosques y el impacto de los extractivismos en el ambiente eleva la vulnerabilidad de los territorios a eventos climáticos: inundaciones y sequías.

En relación con el proceso de contraofensiva extractivista, el PRS, en su eje bosques y medio ambiente, parece seguir la línea de los primordiales principios del proyecto  neoextractivista que se instaló en el país desde el golpe de Estado del 2009: mercantilizar los bienes comunes de la naturaleza para su extrahección, creación de nuevos y revitalización de marcos extractivistas que legitiman el despojo, aspectos que en el fondo buscan cerrar el debate sobre las alternativas al modelo extractivista y a la crisis climática. Todo indica que el PRS seguirá promoviendo el proyecto extractivista en una versión más ampliada y agresiva, en un país donde existen cinco focos abiertos de lucha y resistencia social, instalándose un escenario para el surgimiento de nuevos conflictos socioambientales.

En lo que respecta al desarrollo sostenible, existe una intencionalidad política y empresarial por terminar de instaurar en el país esa visión de desarrollo desde la mirada financiera y tecnócrata desde el sector empresarial y del mundo financiero internacional. Por eso no es extraño que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) haya sido el primero en financiar la construcción de represas y la administración Hernández la primera en proponer la iniciativa. Esa visión de desarrollo sostenible propia del capitalismo verde, es impulsada por una tecnocracia (especialistas desconectados de la realidad social) que deciden y gestionan de manera autoritaria y conservadora el rumbo económico de los países, despolitizando temas claves como el desarrollo, cambio climático, territorio, bienes comunes y derechos territoriales.

En resumen, el actual proceso de reconstrucción sostenible del país es fiel a los principios sobre los cuales se asienta el proceso de contraofensiva extractivista y que es el promotor de una lucha contra el cambio climático de manera conservadora, que lo acepta hacia afuera y lo niega hacia adentro. En definitiva, ese plan promueve una versión mercantilista y empresarial de la idea de desarrollo sostenible impulsado en las últimas décadas en el marco del capitalismo verde, en Latinoamérica.

II. Implicaciones en la construcción de las 14 represas

i) Elementos críticos del PCM-138-2020

Como se mencionó en el primer apartado de este análisis, la construcción de represas es un proyecto de largo aliento, promovido por un sector de la clase política y económica que, aprovechando la crisis climática que azotó al país, ha visto la oportunidad para promover y justificar una serie de proyectos que en el fondo tienen una naturaleza extractivista y mercantilista.

Detrás del PCM-138-2020 hay toda una lógica política y económica que promueve un tipo de corrupción extractivista, como modo operandi de los proyectos hidroeléctricos en el país. A continuación destacamos el contenido de algunos objetivos, sustraídos del PCM, que se relacionan con aspectos el porqué de su emisión, los beneficiarios, aspectos financieros, la participación de actores, entre otros aspectos que se analizan más adelante.

Cuadro #1

Contenido básico del PCM-138-2020

Artículo 1Por la situación de emergencia y calamidad nacional que vive Honduras a causa de los devastadores huracanes Eta y Iota, se declaran megaproyectos priorizados de interés nacional, el diseño, construcción, ampliación y operación.
Artículo 2Los proyectos serán incorporados al Fideicomiso para generación de energía, contemplado en el Decreto Legislativo No. 373-2013 para crear represas de generación hidroeléctrica y contención de inundaciones.
Artículo 3La limitación de la lista de participantes interesados en el financiamiento, construcción y/o operación, de estos proyectos a un listado cerrado que incluya únicamente a las sociedades de reconocido prestigio y experiencia en la ejecución de esto tipo de proyectos.
Artículo 4El financiamiento de estos proyectos puede llevarse a cabo mediante la contratación de deuda con instituciones financieras, nacionales, extranjeras y bancos multilaterales.
Artículo 6La designación de los representantes al Comité Técnico de dicho decomiso será por parte del presidente de la Republica o a quien se delegue.
Artículo 7La comisión de acompañamiento para el desarrollo de los proyectos, debe contar con el acompañamiento de miembros de la sociedad civil, municipalidades y entidades de la región donde se desarrollen los proyectos, las cuales serán designadas por el presidente de la República.

Fuente: Elaboración propia en base a PCM-138-2020

Alrededor del contenido del PCM-138-2020 se identifican una serie de elementos críticos. Primero, la crisis climática como oportunidad económica. Tal como lo establecen los artículos 1 y 2, el objetivo en la construcción de represas es para la contención de inundaciones y generación de energía, sin estudios previos de factibilidad e impacto ambiental. Más allá de los objetivos de estos proyectos, el problema reside en que no se emprenden acciones radicales para prevenir los desastres naturales, mediante el impulso de políticas que generen un desarrollo económico regional equilibrado, políticas municipales de gestión de riesgo y ordenamiento territorial y políticas para conservación del suelo y reforestación.

Segundo, la corrupción extractivista como modo operandi de los proyectos hidroeléctricos. El artículo 3, en el fondo, limita la participación de las empresas, violentando el espíritu de la Ley de Energía que busca generar un mercado de competencia. Además, evita los procedimientos de la Ley de Contratación del Estado que buscan transparentar este tipo de proyectos. De esa forma se instala una especie de corrupción extractivista desde el proceso de contratación hasta el proceso de instalación y, tal como nos recuerda la experiencia de Agua Zarca (Intibucá) y Aurora (La Paz), la falta de transparencia e ilegalidades son promotoras de conflictos en las comunidades.

La Coalición Anticorrupción (CAC), a través de su coordinadora Fátima Mena, hizo circular, mediante redes sociales y medios de comunicación tradicionales, un análisis del PCM-138-2020, destacándose una serie de irregularidades y contradicciones, que se enuncian a continuación:

i) violación a la Ley de Industria Eléctrica y a la Ley de Contratación del Estado.
ii) la atribución unilateral del Poder Ejecutivo de seleccionar 14 represas de interés nacional, sin criterios y estudios previos,
iii) se le quita la obligación a las empresas para que obtengan permisos y licencias ambientales y realizar consultas a las comunidades,
iv) proyectos incorporados a fidecomisos en los que el fiduciario (Banco) elije (lista cerrada) a las empresas que estarían a cargo de los proyectos,
v) Los comités técnicos del fidecomiso (cumplen con la función de trasparentar el proceso y actuar de manera imparcial) son seleccionados por el presidente, y,
vi) Obliga a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE) para que emita contratos de suministro previa integración al fidecomiso (firmando un acuerdo de pago de facturación). Es decir que la ENEE les tendrá que pagar solo por tener la capacidad instalada, independientemente de que generen o no generen energía.

Tercero, el endeudamiento, como promotor de la pérdida de soberanía energética y autonomía territorial. El artículo 4 hace énfasis en el financiamiento de los proyectos hidroeléctricos a través del endeudamiento público. La experiencia hondureña indica que cuando estos proyectos son manejados por el capital privado (nacional y transnacional), las empresas no promueven el desarrollo de las comunidades y la protección del medio ambiente. Además, el financiamiento externo trae consigo la pérdida de soberanía energética y autonomía territorial, ya que la comercialización de la energía opera a montos sobrevalorados y las comunidades pierden el acceso y control sobre sus bienes comunes naturales.

Cuarto, la exclusividad del Poder Ejecutivo en la selección de representantes, por encima de las comunidades. El artículo 6 y 7 señalan que las personas que integrarán el Comité Técnico y la Comisión de Acompañamiento serán seleccionadas por el Poder Ejecutivo. Mecanismos de participación y decisión comunitarias que se establecen en la Ley de Municipales (referéndum, plebiscitos y cabildos abiertos)  y la consulta libre, previa e informada establecida en el Convenito 169 de la OIT, son desconocidos en su totalidad en el marco del PCM-138-2020, ubicando a las comunidades en un estado de indefensión permanente y, por ende, de violación de derechos territoriales y comunitarios al momento de decidir sobre el rumbo de la construcción de represas.

ii) Posibles impactos en la construcción de las 14 represas en las comunidades

Alrededor de esos elementos críticos se analizan una serie de posibles impactos que sufrirán las comunidades seleccionadas para la instalación de las 14 represas. Con base en una serie de entrevistas realizadas, en este análisis expondremos los posibles impactos de la construcción de represas en el departamento de Santa Bárbara. Esto no quita, considerando los principales patrones de violación de derechos y la dinámica de los proyectos extractivistas de generación de energía en el país, que el modelo de análisis que expondremos aquí, no pueda utilizarse para analizar y comprender el impacto de las represas en otras ecorregiones del país donde se van a construir.

Cuadro #2

Posibles impactos en la construcción de represas en Santa Bárbara

Tipo de impacto en relación con la dinámica territorial.Impactos en las comunidades.Valoración crítica sobre los impactos.Tendencia de los impactos.
En relación con los derechos humanos y a un ambiente sano.Desplazamientos forzados y pérdida de sus recursos y efectos sobre su biodiversidad.Las comunidades río arriba serán afectadas por la retención de aguas. Se prevé que 12 comunidades del centro y sur de Santa Bárbara se verán afectadas. El PCM no obliga a las empresas a solicitar y contar con  licencias ambientales.Tendencia 1. Posible proceso de lucha territorial contra las represas: dejando un saldo alto de criminalización, persecución, asesinatos y judicialización.
En relación con la autodeterminación de las comunidades. Ausencia de consulta para decidir sobre la instalación de las represas.El PCM establece una intervención directa de las empresas en las comunidades.Tendencia 2. Activación de mecanismos de autodefensa territorial: cabildos abiertos, declaratorias municipales, auto-consultas comunitarias, elevando la oposición y el conflicto territorial.
En relación con la pérdida de soberanía territorial.Pérdida de los principales medios de vida de las comunidades.La retención de agua en tiempos de verano puede afectar las partes de bajas de las comunidades, teniendo implicaciones en la producción agrícola del sector campesino.Tendencia 3.Desarticulación de la economía local y regional: pobreza, exclusión y aumento de las desigualdades raciales y de género.
En relación con el patrimonio cultural.Pérdida de la cultura Lenca. Impacto negativo en las formas de vida ancestral, comunitarias y milenarias.Tendencia 4. Proceso de recolonización de los territorios: imposición de nuevas formas de vida y de relacionamiento con la naturaleza.

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas.

Los posibles impactos y las tendencias permiten colegir que la construcción de las represas abrirá tendencias adversas en las comunidades, tal como afirma Betty Vásquez del Movimiento Ambientalista de Santa Bárbara (MAS), “creer y pensar que la construcción de represas en el departamento de Santa Bárbara va a reducir los riesgos de inundaciones del Valle de Sula es vender una falacia, es demagogia y es un acto más de corrupción. La experiencia de la Represa El Cajón nos recuerda que aunque las descargas de agua sean programadas, las inundaciones siempre se dan y eso lo pudimos ver en El Progreso, cuando los huracanes Eta y Iota”.

De igual forma, desde el MAS se señala “que la vulnerabilidad en el Valle de Sula se debe a que el Estado abandonó completamente las obras de mitigación de las riberas de los Ríos Ulúa y Chamelecón, por la complicidad de proyectos habitacionales en zonas de riesgo, sin estudios de impacto ambiental y la destrucción ambiental del Valle de Sula, producto del monocultivo de la caña de azúcar y la palma africana”.

III. Recomendaciones a manera de accionar estratégico

En ese contexto adverso y con grandes implicaciones futuras sobre el respeto de los derechos de las comunidades que se verán afectadas por la instalación de las represas, es importante construir acciones estratégicas que comprendan los siguientes aspectos:

  1. La crítica ambiental y ecologista al Plan de Reconstrucción Sostenible. Es importante desnudar políticamente el enfoque conservador sobre el cambio climático y la visión extractivista que promueve el PRS. Más importante aún, abrir un debate amplio y con conocimiento, en el interior del movimiento socio-territorial, sobre la importancia de avanzar en un PRS que reconozca los derechos de la naturaleza y de las comunidades, y que exija que se emprendan acciones contundentes para darle respuesta a los problemas estructurales que promueven las inundaciones y la vulnerabilidad ambiental en las comunidades.
  2. Acciones de seguimiento y monitoreo ciudadano para la incidencia y denuncia. Darle seguimiento a los proyectos que se van a desarrollar, permitirá a las organizaciones territoriales contar con información para actuar e incidir de manera estratégica ante las instancias gubernamental competentes e informar a las comunidades sobre el avance de los proyectos y las acciones a emprender.
  3. Emprender procesos de autonomía territorial. Ante la connotación autoritaria, detrás del PCM-138-2020, será de utilidad que las comunidades realicen ejercicios de auto-consultas comunitarias, cabildos abiertos, entre otras acciones, con el objetivo de declarar a las comunidades zonas libres de proyectos extractivos y, de esa manera, presionar a las corporaciones municipales y a las instituciones públicas a tomar una postura política sobre la instalación de las hidroeléctricas.
  4. Pensar alternativas comunitarias. Avanzar en la construcción de alternativas comunitarias encaminadas a hacerle frente al impacto del cambio climático, con énfasis en derechos humanos y que responda a los intereses y necesidades de las comunidades, es una tarea urgente en el seno del movimiento socio territorial. Las alternativas deberán poner en el centro, si es la construcción de represas, la salida estratégica para prevenir inundaciones y la salida para generar energía. Debatir sobre esos aspectos les permitirá a las organizaciones territoriales actuar de manera estratégica y propositiva alrededor del actual PRS.

Descargar: AC – CESPADEnero2021

[1] Extracto de entrevista realizada a Fátima Mena, integrante de la Coalición Anticorrupción. Tegucigalpa, 2020.

[2] Extracto de la entrevista realizada a Betty Vásquez, lideresa del Movimiento Ambientalista Santabarbarense. Tegucigalpa

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