• La iniciativa ofrece darle seguimiento a los compromisos contra la corrupción que han asumido los países del continente y busca sensibilizar a sociedad civil y actores claves de países del continente americano, en los retos de incidencia que enfrentan ante los Estados y gobiernos en el marco de la lucha anticorrupción.

*26 de noviembre de 2020. Conectadas a través de medios electrónicos y redes sociales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía de América Latina participaron en el lanzamiento del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), cuyo propósito será hacer seguimiento al cumplimiento de mandatos adquiridos por los Estados y los gobiernos de la región en materia de lucha anticorrupción.

El evento contó con la participación de organizaciones partícipes del Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), los capítulos nacionales de Transparencia Internacional (TI) en las Américas, y personas interesadas en promover la lucha contra la corrupción en la región.

Durante el lanzamiento tuvieron una intervención especial Enrique de Obarrio, coordinador general de la Redlad, y Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional.

Enrique de Obarrio expuso sobre la visión y labor que se espera del OCC y su aporte a la construcción colectiva de condiciones de transparencia en América Latina y el Caribe. “El OCC nace en una coyuntura compleja en el continente, con tensiones políticas y liderazgos tóxicos que amenazan al sistema democrático, por lo que es una labor titánica y debemos generar sinergias para tener éxito en combatir la corrupción con efectividad; permitirá involúcranos a todos los sectores para evitar ser indiferentes e indolentes, generando sinergias que permitan poner luz donde hay oscuridad y apuntalar a la democracia plena como una forma de vida”, precisó.

De Obarrio destacó que el papel del OCC será fundamental para evaluar el cumplimiento de los Estados con la lucha anticorrupción, y exigir resultados concretos. “Es tan real y devastador el impacto de la corrupción, que debemos sancionar a todos los involucrados, tanto al que recibe el soborno como a quien lo paga, y estar conscientes que no es admisible que los ciudadanos seamos apáticos ante los actos corruptos; es un tango que bailan tres: el corrupto, el corruptor y el ciudadano indiferente, y eso no puede seguir así”, planteó el coordinador general de la Redlad.

Del mismo modo, Delia Ferreira señaló que está orgullosa que los capítulos nacionales TI en América Latina sean la columna vertebral del OCC, porque desde la base de los países se podrán plantear cuáles son los retos y los desafíos de la sociedad civil en la lucha anticorrupción en la región. “Según los datos del Barómetro Global de la Corrupción, en las Américas el 77% de los ciudadanos creen que es posible cambiar la dramática situación de la corrupción que acaece en sus naciones, si existe una activa participación de las organizaciones de la sociedad civil y un involucramiento efectivo de la ciudadanía, por lo que el rol de los capítulos de TI en el marco del OCC será fundamental”, puntualizó.

Subrayó que “en la actualidad, ya el discurso oficial y el compromiso que hacen los gobiernos no es suficiente, las palabras no son suficientes para combatir la corrupción. Se hace necesario impulsar procesos de incidencia ante los tomadores de decisiones para que pasen a la acción, mediante la formulación e implementación de políticas públicas que promuevan la transparencia, rindan cuentas y combatan de forma concreta la corrupción”.
Ferreira, quien es de nacionalidad argentina y preside TI desde 2017, reflexionó en torno a que en los últimos años “la corrupción en América Latina en lugar de haber disminuido, ha aumentado” y pese a compromisos oficiales adoptados por los Estados, como los de la VIII Cumbre de las Américas celebrada del 13 al 14 de abril de 2018 en Lima, Perú, no se han observado “avances significativos”; al contrario, “han existido eventos como los de la pandemia del coronavirus COVID-19, que han permitido a la clase gobernante utilizar la crisis sanitaria como excusa para el aceleramiento de todas las tendencias de corrupción”.

Destacó además, que “la concentración y abuso de poder, la restricción de libertades individuales, el bloqueo a acceso a información pública, la imposición de obstáculos a los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la corrupción, el uso reiterado de la figura de compras de emergencia y la ausencia de procesos competitivos y transparentes de compras y adquisiciones de bienes y servicios, son condiciones ideales para la comisión de actos al margen de la Ley, propensos a la corrupción y que facilitan el enriquecimiento ilícito. Todo esto debilita el Estado de Derecho”.

Uno de los objetivos del OCC será sensibilizar a la sociedad civil y actores clave de la región para que coadyuven a que los Estados cumplan los compromisos derivados de instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción, con énfasis en el Compromiso de Lima, adoptado por los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio en la VIII Cumbre de las Américas de 2018.

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