Redacción: En Alta Voz
El Congreso aprobó penas de hasta 60 años y tribunales especializados, pero persisten dudas sobre la capacidad institucional para hacer cumplir la ley
El Congreso Nacional de Honduras aprobó el lunes, por unanimidad, un paquete de reformas al Código Penal que endurece las sanciones por feminicidio y crea juzgados especializados para atender estos casos. La medida fue recibida con aplausos en el hemiciclo legislativo, aunque el verdadero examen vendrá después: cuando la norma abandone el papel y enfrente la realidad de un sistema judicial históricamente rebasado.
¿Cuántos años de cárcel se arriesga quien cometa este crimen?
Las nuevas disposiciones establecen penas de entre 25 y 30 años para el feminicidio simple, y de 30 a 40 años para el agravado. En casos con delitos acumulados en contextos de violencia de género, la condena efectiva podría alcanzar los 60 años de prisión.
La pregunta que la norma no responde es si el endurecimiento de las penas tiene, por sí solo, efecto disuasorio en un país donde la impunidad ha sido estructural. Diversas investigaciones en criminología han señalado que la severidad de las penas no reduce la violencia cuando la probabilidad de ser juzgado y condenado sigue siendo baja. Honduras no ha resuelto ese problema de fondo.
Tribunales especializados: una apuesta necesaria, pero tardía
Uno de los aspectos más concretos de la reforma es la creación de circuitos judiciales especializados, integrados exclusivamente por juezas, con competencia nacional para conocer casos de feminicidio y delitos conexos. La iniciativa le otorga a la Corte Suprema de Justicia un plazo de 90 días hábiles para definir sedes, reglamentos y nombramientos
La especialización judicial es, en principio, un avance. Sin embargo, surgen interrogantes legítimas: ¿Con qué presupuesto operarán estos tribunales? ¿De dónde saldrán las juezas capacitadas? ¿Cómo se garantizará su independencia frente a presiones institucionales o del crimen organizado, factor que en Honduras ha condicionado históricamente la actuación del sistema judicial?
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, declaró que estas reformas representan una respuesta a “un grave problema que ha dejado muchas muertes de madres, hermanas, hijas”. El tono fue solemne. La unanimidad en la votación, llamativa.
Esa unanimidad, sin embargo, merece lectura crítica: ¿por qué no existió antes ese consenso? Honduras acumula años de cifras alarmantes de violencia contra las mujeres. Que el acuerdo llegue ahora no debería celebrarse como virtud legislativa, sino leerse como una deuda tardíamente reconocida.
Lo que esta ley no resuelve
La nueva normativa castiga el crimen, pero no habla claramente de cómo evitar que ocurra. Hay al menos tres cosas importantes que quedaron sin respuesta:
• ¿Cómo se va a proteger a las mujeres antes de que las maten? Se menciona protección inmediata para las víctimas, pero no se explica cómo ni con qué recursos.
• ¿Qué pasa con los miles de casos que ya están en el sistema judicial? Esos seguirán su curso normal, sin cambios, lo que significa que el atraso acumulado no se toca.
• ¿Dónde está la prevención? No hay mención clara de educación, apoyo psicológico ni programas que ataquen el problema desde la raíz.Las reformas aprobadas en Honduras son un paso que no debe minimizarse, pero tampoco sobrevalorarse. El verdadero indicador no será la unanimidad del lunes, sino cuántas condenas efectivas se produzcan en los próximos años, cuántas mujeres encuentren protección real antes de convertirse en una estadística, y si el Estado honra con presupuesto y voluntad política lo que hoy firmó con aplausos.
