Analistas alertan sobre impactos del proceso electoral y el papel de Estados Unidos en las elecciones
Por Nazareth Gómez
Tegucigalpa, Honduras. Donald Trump sueña con administrar el mundo como si fuera su mall personal. Después de que intentara renombrar el golfo de México y desplegara un show militar en el Caribe, ahora quiere convertir a Honduras en su propia feria y erigirse como la estrella del carnaval.
Pero este espectáculo de injerencia tiene un costo claro: se monta sobre el retroceso de los derechos humanos, que quedan relegados a un rincón del gran centro comercial de su ambición.
Las elecciones del 30 de noviembre en Honduras dejaron un escenario abierto, con márgenes estrechos entre los candidatos del Partido Liberal y el Nacional, y un contundente voto de castigo contra el partido gobernante.
Más allá de la disputa numérica, especialistas consultados coinciden en que el proceso estuvo marcado por la injerencia de Estados Unidos, el resurgimiento del bipartidismo y un riesgo creciente para los derechos humanos.
La injerencia de Trump y el retorno del bipartidismo
Desde el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías calificó las elecciones como “atípicas” por su aparente normalidad democrática frente a la “intensa injerencia de la administración Trump”.
El analista destacó que los mensajes del expresidente estadounidense, que condicionaron la relación bilateral al triunfo del candidato nacionalista, tuvieron efectos reales. “Hubo un intento de reconducir el voto… a partir de este mensaje tan duro de que, si no ganaba su candidato, las relaciones quedarían en punto muerto”, explicó Irías.
Irías advirtió que esta intervención reconfiguró el tablero político. “Lo que estos resultados muestran es un retorno del bipartidismo y retrocesos significativos en los esfuerzos por reconstruir el Estado”.
También alertó sobre el impacto del indulto a Juan Orlando Hernández, “representa un gran retroceso en lo poco que se había avanzado en el desmontaje del narcoestado… una confirmación de la impunidad”.
Entre los factores del voto de castigo al gobierno actual, mencionó la falta de avances en salud, empleo y lucha anticorrupción, así como la incapacidad de cumplir la promesa de instalar un mecanismo internacional contra la corrupción.
Preocupa retroceso en derechos de las mujeres y los territorios
Para Gilda Rivera, coordinadora del Centro de Derechos de las Mujeres (CDM), el panorama es aún más crítico.
Según Rivera, la campaña estuvo profundamente marcada por ataques contra la candidata oficialista y por narrativas antiderechos amplificadas desde los medios. “Fue una campaña llena de descalificaciones… se vendió la idea de que si ganaba el partido Libre, Honduras sería otra Venezuela”, afirmó.
Rivera señala que, con cualquiera de los dos partidos tradicionales, “lo que vamos a enfrentar es un retroceso increíble en el respeto y la garantía de los derechos humanos”.
Recordó, por otro lado, que ambos partidos han administrado el Estado históricamente y que su actuación ha sido funcional a élites económicas y empresariales. “Han hecho apropiación de los recursos públicos y han utilizado la fuerza armada para desalojar poblaciones de territorios ancestrales”.
Sobre los derechos de las mujeres, fue contundente. “Las mujeres ya la hemos tenido difícil en Honduras… ahora vamos a ver un escenario donde incluso pueden prohibir conceptos como género e igualdad, como está ocurriendo en otros países”.
También advirtió riesgos para pueblos indígenas y garífunas, especialmente por discursos que desconocen sus derechos territoriales. “Hay sentencias que reconocen esos territorios, pero ya han dicho que no permitirán ocupaciones, incluso cuando son ancestrales”.
Dudas y riesgos tras el conteo: transparencia, violencia y fortalecimiento del narcotráfico
La socióloga Mercy Ayala, de ERIC-SJ, quien participó como observadora de derechos humanos, resaltó que la jornada electoral se desarrolló con participación significativa, pero entre múltiples irregularidades.
Mencionó retrasos en la apertura de mesas, problemas de acceso para personas mayores y “proselitismo a menos de 50 metros, lo cual ningún partido cumplió”.
Sobre el sistema de transmisión de resultados, Ayala subrayó que su interrupción generó desconfianza,“se detuvo por muchas horas… y ahora hay un acceso limitado a partidos y medios, lo cual genera sospechas”.
Para la socióloga, el impacto de Donald Trump en el voto fue directo. “Esas publicaciones marcaron significativamente la intención de voto de la población hondureña”.
Añadió que el respaldo de Trump a Tito Asfura y el indulto a Juan Orlando Hernández enviaron un mensaje peligroso. “Hay carta blanca para el narcotráfico… no porque haya desaparecido, sino porque este mensaje le da un revés a la justicia”.
De cara al nuevo gobierno, Ayala identifica riesgos profundos. “Hay un probable retroceso en derechos políticos y civiles… y la instalación de más proyectos extractivos que podrían profundizar el despojo de territorios”.
Subrayó también el aumento potencial de la represión, “es muy probable que retorne la represión a la población y a la manifestación pública”.
Pese al escenario adverso, señaló una oportunidad. “La articulación de fuerzas desde organizaciones y sectores sociales será clave para enfrentar lo que viene”.
La desconfianza profunda
La analista Jessica Islas, del Observatorio Político del Grupo Sociedad Civil, señaló que, si bien «es común que se tarden en entregarlos», el contexto actual está marcado por una profunda desconfianza. Destacó, sin embargo, que la jornada fue un proceso «muy pacífico, una fiesta electoral», con amplia colaboración ciudadana y una importante presencia de observadores internacionales. Respecto a la influencia del expresidente estadounidense Donald Trump, quien apoyó abiertamente al candidato Nasralla, Sánchez consideró que su impacto fue mínimo: «Creo que tuvo una influencia, pero no fue tanta. Fue mínima», atribuyendo el resultado preliminar a factores internos.
Sánchez explicó que el partido de gobierno subestimó el descontento ciudadano, ya que «se hicieron muchas promesas que no se cumplieron, por ejemplo, en el caso de las mujeres el parar el tema de la violencia doméstica y los femicidios». Añadió que una actitud prepotente y las acusaciones públicas de fraude lanzadas desde abril por figuras oficialistas les jugaron en contra. Sobre la posibilidad de que los candidatos perdedores impugnen los resultados, la analista consideró que «es muy difícil que [alejen] un fraude, aunque sí pueden retomarlo y hacerlo público… La diferencia es demasiado grande», lo que reflejaría un claro mensaje del electorado.
Honduras se adentra en una fase crítica donde la democracia se torna más estrecha y frágil. Según Lupita Ramos Ponce, directora de CLADEM, la ultraderecha gobierna exclusivamente para sus círculos de poder, implementando políticas que reducen el espacio cívico, desfinancian órganos de control y favorecen a una élite que dicta la moral pública.
Bajo el discurso del “orden”, se militarizan los barrios, se criminaliza a la juventud y se reprime la protesta, tomando decisiones con lógica policial y abordando problemas estructurales—como la migración, la pobreza y la violencia de género—como si fueran meras fallas individuales.
Ante este avance, las mujeres y las diversidades son las primeras en perder derechos, advierte Ramos. La prohibición absoluta del aborto y la anticoncepción de emergencia se mantendrán, mientras la moral conservadora recupera protagonismo político y las políticas de género son minimizadas. Refugios, fiscalías especializadas y programas integrales enfrentarán recortes, y la violencia machista volverá a ser trivializada.
Frente a esta ofensiva transnacional de la ultraderecha—que se financia, coordina y difunde odio globalmente—la respuesta debe ser una articulación feminista igualmente global: redes de protección, observatorios documentales e incidencia internacional para defender la democracia como base de la igualdad.
