A pesar de las cifras alarmantes de violencia contra las mujeres, el Estado hondureño sigue fallando en prevenir, investigar y castigar los feminicidios
Por Nazareth Gómez de Reportar sin Miedo
Tegucigalpa, Honduras. En 2024, Honduras registró al menos 231 muertes violentas de mujeres. De esos casos, el 67.5% fueron clasificados como feminicidios. Sin embargo, solo 275 sentencias condenatorias se han emitido en los últimos cinco años. Según el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres (ODHM), esto evidencia un patrón institucional de impunidad.
Para Lara Bohórquez, la falta de justicia es uno de los datos más alarmantes, “no hay una perspectiva de género para investigar los casos de muerte violenta. Eso favorece a la impunidad porque no se está reconociendo la violencia contra las mujeres ni se están aplicando las penas correspondientes”.
El problema inicia desde el momento en que se reporta el crimen. Bohórquez señala que muchas veces ni siquiera se cuenta con presencia de Medicina Forense en las comunidades y los levantamientos quedan en manos de la Policía Nacional, cargada de estereotipos y prejuicios.
“Muchos casos se clasifican como crimen organizado, aunque las mujeres no tengan relación con ello. Es una forma de invisibilizar el feminicidio desde el inicio”.
Justicia fallida: el sistema que invisibiliza los femicidios
La violencia doméstica sigue siendo la forma más reportada de agresión hacia las mujeres en Honduras. El Ministerio Público registró más de 12,000 denuncias por violencia doméstica y maltrato familiar en 2024. Sin embargo, solo el 22% recibió una evaluación clínica forense, necesaria para iniciar procesos judiciales.
Bohórquez advirtió que el problema es aún más profundo, “muchas denuncias no avanzan porque las víctimas son revictimizadas, confundidas sobre el proceso legal o sus casos caducan sin su consentimiento. El Poder Judicial las culpa a ellas, pero en realidad es el sistema el que falla”.
Además, criticó el enfoque de la Ley de Violencia Doméstica, que prioriza la reeducación del agresor sobre la protección efectiva de las víctimas. “Las medidas cautelares no se cumplen con rigurosidad. Hay reincidencia y muchos casos terminan en femicidios”, afirmó.
El Estado de excepción: otra forma de violencia
Desde diciembre de 2022, el Gobierno ha mantenido un estado de excepción bajo el pretexto de combatir la criminalidad. A pesar de una leve disminución en los femicidios, otras formas de violencia como la sexual han aumentado y las desapariciones siguen sin esclarecerse.
Bohórquez es tajante. “El estado de excepción no tiene perspectiva de género y es una violación a los derechos humanos. No se puede proteger a las mujeres suspendiendo sus garantías constitucionales”, afirmó.
Embarazos en niñas: la consecuencia más brutal del abandono
Uno de los aspectos más dolorosos del informe es el alto número de embarazos en niñas. Honduras tiene la tasa de fecundidad adolescente más alta de América Latina y el Caribe, y muchos de estos embarazos son consecuencia directa de violaciones.
“El Estado no tiene una tipificación ni una voluntad política para abordar los embarazos forzosos. No es normal que una niña esté embarazada o unida a un hombre mayor, pero esto se invisibiliza por falta de educación sexual integral”, denunció Bohórquez.
¿Qué hacer ante este panorama?
Desde el CDM, el Observatorio apuesta por la recolección de datos, el análisis feminista y la presión pública para generar leyes, planes y estrategias que realmente protejan a las mujeres. Además, insisten en visibilizar otras formas de violencia aún no reconocidas oficialmente, como la violencia ginecoobstétrica y cibernética o la desaparición específica de mujeres.
“No están solas. Las organizaciones de mujeres podemos acompañarlas desde lo legal, lo psicológico o simplemente en su proceso de reconocerse y empoderarse. Lo colectivo sana. La violencia que vivimos no es solo de un agresor, es estructural, y juntas podemos resistirla”, señaló Lara Bohórquez.
