La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), ante el anuncio emitido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre el sobreseimiento definitivo de todas las acciones interpuestas contra el Estado de Excepción instaurado durante el gobierno de Xiomara Castro, medida que dio paso a graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos, expresan ante la opinión pública nacional e internacional las siguientes valoraciones:
- El Estado de Excepción fue implementado durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro como una medida temporal para enfrentar la criminalidad y reducir la violencia. Sin embargo, lejos de cumplir con su carácter excepcional, se convirtió en una política prolongada durante tres años de su mandato. En la práctica, esta medida terminó funcionando como un cheque en blanco para los cuerpos de seguridad del Estado, facilitando abusos de autoridad, detenciones arbitrarias y múltiples violaciones a los derechos humanos, en abierta contradicción con los estándares del derecho internacional que establecen que estas figuras deben ser extraordinarias, limitadas y estrictamente temporales.
- Desde los primeros meses de su implementación, el Estado de Excepción generó fuertes cuestionamientos por parte de la sociedad hondureña. Numerosas denuncias de la población afectada por los excesos cometidos por cuerpos de seguridad fueron sistemáticamente ignoradas por las autoridades estatales, lo que obligó a diversas organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos a recurrir a mecanismos judiciales como el Recurso de Amparo y el Recurso de Inconstitucionalidad, instrumentos fundamentales para la protección de los derechos y garantías constitucionales.
- La decisión del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de sobreseer todas las acciones presentadas contra el Estado de Excepción constituye un hecho profundamente preocupante que debe encender las alertas en la sociedad hondureña. La prolongada dilación en la resolución de estos recursos representa una grave afrenta al espíritu mismo de estos mecanismos de protección, los cuales, conforme al derecho nacional e internacional, deben resolverse con celeridad por tratarse de garantías urgentes frente a posibles violaciones de derechos fundamentales. Esta demora judicial permitió que el Estado de Excepción se mantuviera durante años, dejando como saldo numerosas víctimas, abusos documentados y un profundo impacto en la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en las instituciones.
- La condena pública a esta decisión es inevitable, ya que el sobreseimiento contribuye a fomentar la impunidad y obstaculiza la deducción de responsabilidades contra funcionarios y exfuncionarios estatales que aprobaron
esta política, así como contra quienes, en su aplicación, incurrieron en graves violaciones a los derechos de la población. Con esta resolución, la Corte Suprema de Justicia establece un precedente peligroso para el Estado de Derecho, al desatender las recomendaciones internacionales y dejar abierta la puerta para que en el futuro se implementen nuevamente medidas de excepción que, lejos de fortalecer la seguridad ciudadana, terminan debilitando la democracia y vulnerando derechos fundamentales.
- Desde nuestra experiencia institucional, ASOPODEHU y JOPRODEH presentamos diversos Recursos de Amparo contra los decretos que extendieron el Estado de Excepción durante los años 2023, 2024 y 2025. Sin embargo, dichos recursos no fueron resueltos oportunamente y, en algunos casos, recibimos respuestas sustentadas en argumentos meramente formales y pretextos procesales, pues a pesar de haber sido presentados en tiempo y forma, la propia dilación del sistema judicial provocaba que los decretos señalados perdieran vigencia, utilizándose posteriormente ese hecho como justificación para declarar improcedentes las acciones. Esta práctica constituye una distorsión del acceso a la justicia y una negación del derecho efectivo a la tutela judicial.
Ante esta situación, ASOPODEHU y JOPRODEH reiteramos que la seguridad ciudadana nunca puede construirse sobre la suspensión prolongada de derechos fundamentales ni sobre la normalización de medidas de excepción. La historia demuestra que cuando la justicia falla en proteger a la ciudadanía, se debilitan los cimientos mismos de la democracia. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso de continuar denunciando, documentando y acompañando a las víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de impulsar acciones nacionales e internacionales que permitan garantizar verdad, justicia y reparación. Honduras necesita instituciones que protejan a la ciudadanía y no decisiones judiciales que consoliden la impunidad.
La defensa de los derechos humanos no es una opción política: es un deber democrático y una condición indispensable para la construcción de un Estado de Derecho auténtico y duradero.
