Al menos 2,050 quejas sobre presuntas violaciones del derecho a la vida e integridad personal registró el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) según se destaca en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, en el 2025, divulgado en Tegucigalpa.
Durante el 2025, el CONADEH atendió 929 quejas por presunta violación al derecho a la vida y 1,121 por presunta violación del derecho a la integridad personal, detalló la titular del ente estatal, Blanca Izaguirre.
Estas cifras muestran que miles de personas continuaron enfrentando amenazas, hostigamientos, malos tratos y otras formas de violencia, agregó.
Según el informe, el CONADEH atendió 520 quejas relacionadas con amenazas a muerte, 119 por amenazas, coacción o intimidación por autoridad o servidor público, 101 por tratos crueles inhumanos o degradantes.
Otras modalidades violatorias de derechos humanos están relacionadas con malos tratos, desplazamiento interno por violencia, asesinato de parientes y la desaparición involuntaria de personas.
Potenciales desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales
El informe establece que, tras más de mil días de restricción de garantías, la Institución Nacional de Derechos Humanos atendió más de 1,000 quejas, en las que identificó graves vulneraciones -incluyendo potenciales desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales-, además, denuncias vinculadas a detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes en el marco de los operativos de seguridad
La defensora de los derechos humanos indicó que se identificaron deficiencias importantes tanto en el control legislativo como en el control judicial, así como una rendición de cuentas insuficiente sobre los efectos concretos del estado de excepción.
A ello se suma una preocupación de fondo, siendo que el Estado nunca demostró de manera clara y suficiente que estas medidas siguieran siendo necesarias y proporcionales frente a otras alternativas ordinarias menos restrictivas.
Por una parte, el CONADEH advirtió que las prórrogas no siguieron plenamente el procedimiento constitucional, pues, en un contexto de parálisis legislativa, el Congreso Nacional no las debatió ni ratificó oportunamente, y estas fueron publicadas directamente en el Diario Oficial La Gaceta.
Por otra, tampoco se materializó de forma efectiva el control judicial que correspondía a la Corte Suprema de Justicia, de modo que estas medidas no fueron sometidas a un examen oportuno y sustantivo de legalidad y constitucionalidad.
Aunado a eso, tampoco se siguieron los procedimientos internacionales de notificación a la OEA y Naciones Unidas (UN) sobre la implementación de esa medida, faltando también al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos.
Resulta aún más preocupante, dijo Izaguirre, la decisión de mantener vigente esta medida durante el proceso electoral, pese a los reiterados pronunciamientos y advertencias de organizaciones nacionales e internacionales especializadas en derechos humanos.
Además, se suman los recursos de amparo y amicus curiae presentados por el CONADEH ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo cual constituye un mal precedente para el desarrollo de elecciones en el país, al generar cuestionamientos sobre la observancia de garantías constitucionales y el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía.
El papel de los poderes del Estado, dentro de un sistema de pesos y contrapesos, es esencial para preservar el Estado de Derecho y la democracia, enfatizó.
Insistió en que el país debe avanzar hacia una política de seguridad con enfoque de derechos humanos y de género, capaz de enfrentar el crimen organizado desde sus causas y no únicamente desde sus expresiones más visibles.
208 quejas en materia de libertad de expresión
En materia de libertad de pensamiento, expresión, asociación y reunión, Izaguirre declaró que el CONADEH atendió 208 quejas, en un contexto histórico y marcado por amenazas, intimidaciones y restricciones indebidas al espacio cívico.
En una democracia la libertad de expresión, la protesta pacífica y la participación ciudadana no pueden ser vistas como amenazas, sino como condiciones esenciales para la vigencia del Estado de Derecho, señaló
El Informe Anual del CONADEH sobre la situación de los derechos humanos, recoge los principales hechos registrados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 en materia de Estado de Derecho, democracia y derechos humanos.
Más que un recuento de acontecimientos, constituye un ejercicio de responsabilidad institucional y de rendición de cuentas frente a la sociedad hondureña, concluyó la defensora de los derechos humanos.
