Este Informe, recoge los principales hechos registrados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 en materia de Estado de Derecho, democracia y derechos humanos. Más que un recuento de acontecimientos, constituye un ejercicio de responsabilidad institucional y de rendición de cuentas frente a la sociedad hondureña.

En un contexto marcado por tensiones institucionales, desigualdades persistentes y riesgos para la dignidad humana, este Informe ofrece una lectura integral de la realidad nacional, así como un llamado firme a no normalizar aquello que vulnera derechos, debilita la democracia o compromete el Estado de Derecho.

El Informe está estructurado en ocho capítulos, cuyos principales hallazgos serán desarrollados a lo largo de esta presentación.

En ese sentido, procedo a exponer los principales hallazgos del Informe Anual 2025.

En el primer capítulo del informe, se examina la situación del Estado de Derecho y la democracia. Este capítulo se subdivide en dos apartados: a) la parálisis legislativa; y, b) el Estado de excepción

• Sobre la parálisis legislativa:

Sobre la parálisis legislativa, el CONADEH advierte que durante 2025 se produjo una afectación grave a la continuidad funcional del Congreso Nacional, reflejada en períodos prolongados de inactividad, controversias recurrentes sobre la conducción de la agenda legislativa y una dinámica marcada por fórmulas extraordinarias y abierta tensión política. Esta situación evidenció un deterioro en la capacidad del Poder Legislativo para ejercer de manera regular y transparente sus funciones constitucionales.

Asimismo, la crisis no se limitó a la inactividad, sino que estuvo acompañada por disputas sobre el control del calendario legislativo y obstáculos para activar el pleno, lo que profundizó la incertidumbre institucional y debilitó los contrapesos, la deliberación pública y la participación de las distintas fuerzas políticas.

Por ello, el CONADEH estima que la parálisis legislativa no puede reducirse a una simple confrontación política, pues sus efectos incidieron directamente en la calidad de la democracia, en la solidez institucional y en la confianza ciudadana en el funcionamiento regular del Estado.

Adicionalmente, cabe destacar que esta crisis obstaculizó la presentación de los informes anuales del CONADEH de 2021 a 2024 de acuerdo con lo establecido en su ley orgánica ante el honorable Congreso Nacional de la República. Aprovecho la ocasión para agradecer la apertura del actual Congreso y su junta directiva al permitirme presentar por primera vez, ante ustedes los principales hallazgos de este informe.

• Sobre el estado de excepción:

Sobre el estado de excepción, durante su vigencia, esta Institución registró más de 1,000 quejas a nivel nacional. Asimismo, en 2025, el CONADEH identificó deficiencias importantes tanto en el control legislativo como en el control judicial, así como una rendición de cuentas insuficiente sobre los efectos concretos del estado de excepción. A ello se suma una preocupación de fondo, siendo que el Estado nunca demostró de manera clara y suficiente que estas medidas siguieran siendo necesarias y proporcionales frente a otras alternativas ordinarias menos restrictivas.

Por una parte, el CONADEH advierte que las prórrogas no siguieron plenamente el procedimiento constitucional, pues, en un contexto de parálisis legislativa, el Congreso Nacional no las debatió ni ratificó oportunamente, y estas fueron publicadas directamente en el Diario Oficial La Gaceta. Por otra, tampoco se materializó de forma efectiva el control judicial que correspondía a la Corte Suprema de Justicia, de modo que estas medidas no fueron sometidas a un examen oportuno y sustantivo de legalidad y constitucionalidad. Aunado a eso, tampoco se siguieron los procedimientos internacionales de notificación a la OEA y NU sobre la implementación de esta medida, faltando también al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos.

Resulta aun más preocupante la decisión de mantener vigente esta medida durante el proceso electoral, pese a los reiterados pronunciamientos y advertencias de organizaciones nacionales e internacionales especializadas en derechos humanos, así como los recursos de amparo y amicus curiae presentados por el CONADEH ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo cual constituye un mal precedente para el desarrollo de elecciones en el país, al generar cuestionamientos sobre la observancia de garantías constitucionales y el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía.

Por ello, el CONADEH reitera que el papel de los demás poderes del Estado, dentro de un sistema de pesos y contrapesos, es esencial para preservar el Estado de Derecho y la democracia. Del mismo modo, insiste en que el país debe avanzar hacia una política de seguridad con enfoque de derechos humanos y de género, capaz de enfrentar el crimen organizado desde sus causas y no únicamente desde sus expresiones más visibles.

Capitulo II. Derechos Civiles y Políticos

Durante 2025, el CONADEH registró 929 quejas por presunta violación al derecho a la vida y 1,121 por presunta violación al derecho a la integridad personal. Estas cifras muestran que miles de personas continuaron enfrentando amenazas, hostigamientos, malos tratos y otras formas de violencia. Por ello, el informe advierte que la reducción de homicidios, siendo un dato relevante, no equivale por sí sola a una garantía integral del derecho a la vida ni a la superación de los factores estructurales que sostienen la violencia.

En materia de acceso a la justicia y garantías judiciales, el CONADEH registró 1,359 quejas vinculadas con presuntas afectaciones en este ámbito, lo que revela que la vulneración no termina con el hecho que origina la denuncia, sino que se prolonga cuando la justicia tarda, no responde o resulta inaccesible pues, persisten obstáculos serios para que las personas obtengan respuestas prontas y efectivas por parte del sistema judicial.

Finalmente, en materia de libertad de pensamiento, expresión, asociación y reunión, el CONADEH registró 208 quejas, en un contexto histórico y marcado por amenazas, intimidaciones y restricciones indebidas al espacio cívico. El CONADEH reitera que en una democracia la libertad de expresión, la protesta pacífica y la participación ciudadana no pueden ser vistas como amenazas, sino como condiciones esenciales para la vigencia del Estado de Derecho.

Capitulo III. D. Económicos, Sociales Y Culturales

En materia de salud, el CONADEH registró 247 quejas, principalmente contra la Secretaría de Salud, el IHSS y centros penales. Las denuncias se relacionan con deficiencias en la atención, denegación de servicios, maltrato y debilidades en la respuesta preventiva. A ello se suman las listas de espera quirúrgica, la mora en procedimientos y los atrasos en citas especializadas. Si bien el Estado reportó avances puntuales en infraestructura hospitalaria, el reto sigue siendo convertir esos esfuerzos en servicios accesibles, oportunos y de calidad y calidez para la población.

En educación, el CONADEH registró 189 quejas, siendo la Secretaría de Educación la institución más denunciada. Aunque el Estado destacó avances en alfabetización, el informe del CONADEH recuerda que persisten brechas profundas de acceso, permanencia y calidad, especialmente para niñas, niños y adolescentes que continúan fuera del sistema educativo. Esto demuestra que el desafío no es solo ampliar cobertura, sino garantizar trayectorias educativas efectivas, inclusivas y sostenibles.

En cuanto a vivienda digna y servicios públicos, el CONADEH registró 132 quejas, con señalamientos frecuentes hacia la ENEE, la Policía Nacional y gobiernos municipales. Las principales afectaciones se vincularon con interrupciones del suministro eléctrico, dificultades en el acceso al agua y conflictos asociados a la prestación de servicios esenciales. Esto deja en evidencia que la vivienda digna no puede entenderse únicamente como un techo, sino como el acceso efectivo a condiciones básicas y mínimas para una vida segura y compatible con la dignidad humana.

Finalmente, sobre el derecho a un medio ambiente sano, el CONADEH registró 25 quejas, muchas de ellas relacionadas con actuaciones u omisiones de gobiernos municipales. Aunque el Estado reportó avances técnicos en monitoreo forestal y gestión ambiental, el CONADEH insiste en que la protección del ambiente no puede depender solo de instrumentos técnicos, sino de una acción estatal firme, preventiva y sostenida, capaz de proteger a las comunidades frente a riesgos y conflictos socioambientales.

Capitulo IV. Personas en Situación Vulnerable

Sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, defensores ambientales, durante 2025, el CONADEH registró 51 incidentes de violencia, de los cuales 46 fueron contra personas defensoras y 5 contra periodistas. Además, se reportaron 11 asesinatos de personas defensoras ambientalistas y 2 de periodistas, en un contexto donde las áreas de defensa con mayores niveles de riesgo continuaron siendo tierra y territorio, ambiente y derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes.

El capítulo también examina la situación de las mujeres, frente a quienes persisten expresiones graves de violencia, incluida la violencia letal, la violencia política y la violencia digital, así como barreras de acceso a protección y justicia. De igual manera, respecto de las personas LGBTIQ+, el informe advierte que continúa la violencia, la discriminación y los obstáculos para el reconocimiento efectivo de sus derechos, especialmente en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de los casos Vicky Hernández y Otras vs. Honduras y Leonela Zelaya y otra vs Honduras.

Respecto de pueblos indígenas, afrodescendientes y garífunas, el informe destaca la persistencia de amenazas, actos de amedrentamiento, conflictividad territorial y serio déficit en el cumplimiento de obligaciones estatales e internacionales. Las comunidades continúan enfrentando obstáculos para la protección de sus territorios, su seguridad y sus derechos colectivos, en un contexto donde la respuesta institucional sigue siendo insuficiente y donde continúa pendiente la aprobación de una ley especial sobre consulta previa, libre e informada.

A ello se suman las brechas que aún afectan a las personas con discapacidad, por la falta de apoyos y servicios adecuados; a las personas mayores, cuya situación sigue marcada por pobreza, discriminación, barreras de acceso y afectaciones a una vida digna; y a las personas con VIH, quienes continúan enfrentando estigma, discriminación y riesgos asociados a la sostenibilidad de la respuesta sanitaria y preventiva.

Asimismo, el capítulo examina la situación de las personas en movilidad humana, en un contexto marcado por altos flujos de migración irregular, retornos forzados y desplazamiento interno por violencia, así como la agravada situación de trata de personas producto de esta realidad que afecta especialmente a las niñas, niños y adolescentes. Esta realidad obliga al Estado a fortalecer de manera urgente sus capacidades de identificación, derivación, atención y protección, especialmente frente a casos que involucran niñez, adolescencia y otras condiciones agravadas de vulnerabilidad.

Finalmente, el informe aborda con especial preocupación la situación de las personas privadas de libertad. El sistema penitenciario continuó operando con un hacinamiento significativo, y durante 2025 se registraron muertes bajo custodia o detención. A ello se suma el riesgo identificado en la ejecución del Plan de Clasificación y Traslados, en el marco de traslados masivos y del cierre de centros penitenciarios, advirtiéndose que estas decisiones podrían derivar en violaciones de derechos humanos y en incumplimientos de obligaciones internacionales.

Capitulo V. Resultados y Desafíos Institucionales

Durante 2025, el CONADEH emitió 12 informes públicos sobre asuntos especialmente sensibles para el país, entre ellos el Estado de Derecho, el proceso electoral, la violencia contra las mujeres en política, el Examen Periódico Universal y diversos contextos de afectación a derechos fundamentales. A ello se sumó la emisión de 4 alertas tempranas y de más de 800 reportes del Sistema de Alertas Tempranas Electoral, con el apoyo de la Unión Europea, el PNUD y ONU Mujeres, así como la formulación de opiniones jurídicas, ejercicios de control de convencionalidad y el fortalecimiento de la Unidad de Empresas y Derechos Humanos. Todo ello confirma que el CONADEH no solo recibe denuncias: analiza, advierte, previene y propone rutas concretas para que el Estado actúe conforme a sus obligaciones, esfuerzos realizados a través del Observatorio Nacional de los Derechos Humanos, Clínica de Control de Convencionalidad y Litigio Estratégico, Unidad de Empresas y Derechos Humanos, defensorías especiales y las demás unidades creadas durante mi gestión.

Este capítulo también refleja la relevancia institucional que el CONADEH mantiene más allá del ámbito nacional. No es menos que nuestra Institución Nacional de Derechos Humanos presida actualmente el Subcomité de Acreditación de la GANHRI. Esa responsabilidad no solo representa un reconocimiento internacional a la trayectoria, la legitimidad y la seriedad técnica del CONADEH; también pone en evidencia una verdad incómoda: mientras la comunidad internacional reconoce el peso institucional de esta Defensoría, a lo interno del país su labor continúa enfrentando restricciones, resistencias y precariedades que no se corresponden con la magnitud de su mandato

Y es precisamente allí donde este capítulo adquiere una dimensión más crítica. La eficacia del mandato del CONADEH no depende únicamente de su capacidad técnica ni del compromiso de su personal; depende también del respeto, la cooperación y el respaldo que reciba del propio Estado. El presupuesto vigente del CONADEH para 2025 fue de L. 114,619,424, con una ejecución del 100 por ciento. Pero esa ejecución no debe interpretarse como fortaleza institucional. Por el contrario, refleja una asfixia presupuestaria incompatible con la amplitud de su mandato constitucional y legal.

El CONADEH recibió una de las asignaciones más bajas entre los órganos constitucionales del Estado, ubicándose solo por encima del Tribunal de Justicia Electoral, a pesar de tener un mandato nacional de atención de quejas y presencia a través de sus delegaciones departamentales en los 18 departamentos del país. Esta situación se tradujo en paros de labores, tomas de instalaciones, jornadas de protesta y plantones ante el Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas, impulsados por el personal del CONADEH y su organización sindical para exigir ampliación presupuestaria, nivelación salarial y condiciones mínimas de funcionamiento.

A ello se suma otro dato igualmente preocupante. Durante 2025, en mi condición de Titular del CONADEH, y junto con los despachos de los Delegados Adjuntos, se remitieron más de 174 requerimientos de información a distintas entidades públicas, de los cuales 98 no fueron contestados en tiempo y forma. A pesar que su ley orgánica establece la obligatoriedad de las y los funcionarios atender preferente y urgente las solicitudes dirigidas por el CONADEH. Esta cifra no incorpora los requerimientos emitidos desde las delegaciones departamentales del CONADEH en el territorio nacional, por lo que la dimensión real del problema es aún mayor. No estamos, por tanto, ante una mera ineficiencia administrativa, sino más bien, ante una práctica que, en los hechos, obstaculiza la labor investigativa de esta Defensoría y debilita una función esencial para la tutela de derechos humanos, la supervisión estatal y el control democrático.

Por ello, este capítulo reafirma una obligación internacional que el Estado no puede seguir postergando, siendo esta, fortalecer al CONADEH, pues no consiste en reconocer discursivamente su importancia, sino en garantizarle independencia real, cooperación efectiva y recursos adecuados y suficientes para cumplir plenamente su mandato.

Recomendaciones

Finalmente, el CONADEH formuló 59 recomendaciones al Estado, 4 generales y 55 específicas, orientadas a enfrentar los déficits más graves y persistentes identificados en este Informe.  Estas recomendaciones abarcan, entre otras materias, el debilitamiento de la institucionalidad democrática, la insuficiencia de controles frente al poder, el abordaje de la inseguridad desde medidas excepcionales, la violencia contra personas defensoras, periodistas, mujeres y personas LGBTIQ+, la deuda histórica con pueblos indígenas y afrodescendientes, las barreras que enfrentan las personas con discapacidad, las personas mayores y las personas con VIH, así como las falencias en salud, educación, ambiente y sistema penitenciario.

Están formuladas porque el país no necesita únicamente constatar sus problemas, sino enfrentarlos con decisiones públicas serias, con reformas legales e institucionales, con asignación de recursos y con medidas capaces de producir cambios verificables en la vida de las personas.

Cierre

Agradezco sinceramente su presencia y atención en este evento.

Que este Informe no sea únicamente un documento presentado, sino un punto de partida para renovar y fortalecer el compromiso colectivo con la dignidad humana, el Estado de Derecho y la democracia.

Que sus hallazgos nos interpelen, pero sobre todo nos movilicen a actuar con responsabilidad, decisión y sentido de país, en la construcción de una Honduras más justa, incluyente y respetuosa de los derechos de todas y todos.

No quisiera finalizar mi presentación sin reconocer y agradecer a la Asociación para una Sociedad más Justa, por su apoyo invaluable para la presentación de este informe, así como mi más profundo agradecimiento al esfuerzo, valentía y dedicación de todo el personal del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que hace posible el cumplimiento del mandato constitucional y legal de esta noble institución.

Sigamos construyendo juntos, con voluntad y compromiso, un país donde los derechos humanos no sean una aspiración, sino una realidad cotidiana, porque garantizar los derechos humanos es asegurar el presente y el futuro de una nación