Por: Rafael Delgado

Cualquier ciudadano medianamente informado sobre los problemas del país y sensible ante las consecuencias que eso trae, suscribe inmediatamente el planteamiento publicado recientemente por el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH) titulado “Una respuesta eficaz y socialmente incluyente a la pandemia del COVID-19”.

Como lo dice el FOSDEH, la tragedia sanitaria del país que se recrudece con el COVID-19 tiene sus causas en el descuido del sistema de salud pública. Fue definitivamente algo intencional impulsado desde las más altas posiciones políticas y económicas del país; guiados por la idea de despojar al Estado de tan delicado compromiso para pasarlo a manos de otros. Hay que agregar que esta lamentable decisión aceleró su deterioro ya que allí encontraron espacio inescrupulosos políticos que vieron en la salud pública, en proceso de liquidación oficial, una oportunidad para aliarse con negociantes para no perder la oportunidad de asaltarla antes de su triste final, financiando así campañas electorales y aumentando patrimonios privados.

FOSDEH recoge correctamente algunos lineamientos de valor que se han venido exigiendo en el país y que vendría a contribuir a algo más que un toque de forma a la crisis que hoy vivimos. En efecto desde ya hace mucho tiempo el sistema económico y social ya no responde a las necesidades de la gente. Es un montaje de instituciones y leyes que al final solamente se articulan para apoyar a un par de sectores económicos sobrealimentados por estímulos fiscales e inversiones públicas y que terminan extrayendo año tras año recursos del país. Pero esa institucionalidad descuida sectores económicos de importancia para el país y conspira contra ellos. Sorprendentemente estos sobreviven con sus pequeñas iniciativas pudiendo ser más fuertes. De vez en cuando para tranquilizar los ánimos, son sorprendidos con alguna dádiva interesada en forma de algún bono, rebaja temporal de impuestos o eliminación de trámites.

En efecto, requerimos de un nuevo enfoque económico que se inspire en todas esas experiencias de éxito de una buena cantidad de países que comenzaron fortaleciendo sus mercados nacionales para generar consumo e inversión, crear empleos y mejorar los ingresos de su gente. No solamente basta con volver la vista, se trata de volcarse con todas las herramientas de la política pública a apoyar la vocación agroindustrial del país. Los valles del país con oportunidades para la producción agrícola deben ser la preocupación fundamental. Con un aparato público diligente sin compromisos con la corrupción, debe llegarse a apoyar las innumerables oportunidades perdidas de miles de familias que viven en esos ricos valles de ambas costas, pero que están hundidos en la pobreza por carecer de formación, crédito, tierra, riego, asistencia técnica y esperanzas. Esto no será posible sin una estrategia nueva en el comercio internacional. Por ello se requiere de revisar todas esas disposiciones que no solamente condenan a Honduras, sino también al resto de Centro América, a trabajar en la destrucción de sus sectores agrícolas por la importación masiva de granos básicos, frutas, verduras y en general de alimentos altamente subsidiados por los socios comerciales.

La historia de las exoneraciones fiscales para la inversión es una historia de mucho dolor para el país como lo plantea el FOSDEH. Creo que es necesario replantear su uso para que sea realmente excepcional y temporal, aplicado para sectores con necesidad y potencial de convertirse en sectores exitosos. No debe seguir siendo, como desde hace muchos años se ha venido exigiendo, en un recurso para garantizar rentabilidad para todo el que esté bien conectado con las cúpulas gobernantes. El impacto negativo en el presupuesto del gobierno ha sido fatal.

Ante la equivocada ruta que se ha seguido en el país, seguramente estas exigencias suenan imposibles. Pero en la medida en que todos los hondureños, sin compromisos más que con el bien común, nos unamos alrededor de esta agenda, podremos ir avanzando rápidamente en el camino hacia una sociedad más justa e incluyente.

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