Rafael Delgado

Desde hace varios años no hemos callado advirtiendo sobre situaciones que han estado ocurriendo en la gestión de las finanzas públicas. Particularmente desde el gremio de los economistas, así como desde reconocidas instituciones especializadas en la temática, ha habido señalamientos puntuales sobre la necesidad de políticas públicas que promuevan el desarrollo, priorizando las que conduzcan al mejoramiento sustancial de los indicadores económicos y sociales. Se ha pedido que estas no sean una puerta para más discrecionalidad y corrupción; que se implementan para resolver problemas, no para tapar hoy un agujero y dejar uno más grande para el futuro.

El crecimiento de la deuda pública fue una de las advertencias más claras. Evidentemente al círculo del poder no les convenía escuchar mucho menos enmendar la ruta peligrosa. Lastimosamente se unieron varios factores que apoyaron el apetito irresponsable por más recursos prestados. Primero, el sobreendeudamiento ocurrió con la aprobación de los funcionarios de los organismos internacionales a quienes se les califica por las buenas relaciones que mantengan con los países socios y por los montos de préstamos que les conceden a los gobernantes. Segundo, coincide con los deseos de la cúpula gobernante de aprovechar el contexto de debilidad institucional, para disponer de más recursos. Tercero, no ha habido funcionarios con visión ni capacidad profesional para entender que no solamente se trata de firmar y repartir dinero al ritmo que se los exige el gobernante. Se confirma así que los principales cargos son reservados para los más leales y obedientes. Ahora vendrán los serios problemas de un excesivo peso de la deuda que se le atribuirá a la pandemia.

Además, desde hace varios años se advirtió sobre lo riesgoso de las decisiones que se tomaban en cuanto a las inversiones bajo la modalidad de las asociaciones público-privadas. Al menos, los economistas insistimos en aquel entonces en priorizar proyectos, que no todo estaba a la disposición, que debían negociarse contratos poniendo por delante el interés del país, contratos que contemplaran una participación real y sustancial de capital privado; contratos que no solamente colocaran obligaciones al Estado y derechos al inversionista. Pero no había espacio para esas consideraciones en la agenda gubernamental y se negociaron contratos que minimizaron el riesgo para el inversionista y además aseguraron alta rentabilidad para ellos, quedando el riesgo en el Estado que acumuló elevados compromisos. Creo que esto al final resultó fatal para todos, ya que consolidó la idea que con el gobierno de Honduras se pueden hacer extraordinarios negocios, atrayendo así quizás a los inversionistas menos comprometidos con los principios de la sostenibilidad y las buenas prácticas en los negocios. Ahora, ante la coyuntura de la pandemia salen a relucir las cláusulas de la verdad, que tratan de resolver lo que en definitiva no debió ponerse sobre la mesa.

Por allí proliferan además los fideicomisos bancarios que separan recursos para proyectos específicos, manejados bajo las reglas de los bancos, administrados por comités técnicos y bajo la coordinación de JOH, que define en función de sus caprichos para quién deben ser destinados los recursos. En definitiva, nuevamente una puerta para más discrecionalidad, para el despilfarro, para concentrar poder a través del control directo de los recursos.
Estamos en tiempos críticos que ya pusieron a prueba la naturaleza de la camarilla gobernante, así como de sus aliados. La negligencia y la corrupción que ha caracterizado sus decisiones son parte de eso. Pero, además ya estamos cosechando los efectos del creciente endeudamiento público sin impacto social, de los contratos de concesionamiento elaborados en contra de los intereses del país y de concentración de recursos a través de fideicomisos. La caída sustancial de los ingresos tributarios no es la causa, es la gota que rebalsó el vaso y que puso en evidencia un sobreendeudamiento que ahora será más costoso honrar, de una política de asociaciones público-privadas que asumió compromisos que resultó cara y que ahora tampoco se debería cumplir.

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