Por: Redaccion CRITERIO.HN

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Tegucigalpa, Honduras.- Los pobladores de Roatán que protestan contra la zona especial de desarrollo económico (ZEDE), que empresarios extranjeros con el aval del gobierno de Juan Hernández pretenden construir en la comunidad de Crawfish Rock, no lo hacen contra la inversión sana sino para evitar un neocolonialismo que podría convertir a este territorio en un enclave del narcotráfico o de lavado de activos.

Así lo expresó el abogado, Oscar Hendrix, en el  foro virtual de este jueves, ocho de octubre, transmitido en las redes sociales del Centro de Reflexión y Estudios Ecuménicos  para la Democracia de Honduras (CREDHO).

Según Hendrix, hace dos semanas, Erick Grimen, presidente del Consejo Ejecutivo de esta zede, denominada, Honduras Próspera, se negó a mencionar en una entrevista para medios locales, las empresas hondureñas que participan en el proyecto. ¿“qué nos dice que eso no es para lavar capitales del seguro social,  de la pandemia y de todo el menú de corrupción que hay en Honduras?”, expresó.

Para él, los territorios hondureños que sean ocupados por las zedes corren el riesgo de convertirse en paraísos fiscales de distintas clases de capitales. Y comparó lo que sucede con el turismo, donde no todo es bueno, porque existe el turismo pederasta, el de trata de personas y el turismo sexual, entre otros que funcionan de manera subterránea.

Aparte, sostuvo, que las zedes son un cóctel de violaciones de derechos a todo nivel, institucionales, colectivos e individuales, como la autonomía municipal y el control fiscal que el Estado debe de mantener sobre su territorio, que es un principio de derecho internacional. En este sentido explicó, que si en las zedes establecen y cobran sus propios impuestos, la población que reside allí, dentro de una década puede pedir su independencia, porque los controles y los presupuestos mínimos con que Honduras tendría control no estarían existiendo.

Asimismo, cuestionó, que las zedes no son proyectos que los inician de cero, sino que los inversionistas están utilizando los aeropuertos, las  carreteras y los puertos, que han sido construidos con los impuestos que pagan los hondureños y que además ponen en peligro a todo el territorio nacional.

Ante tal situación, Hendrix dijo, que el camino será tortuoso, pero que las comunidades se están empoderando para resistir, pese a que son conscientes que por la vía legal es imposible, por la concentración de poderes que mantiene Juan Hernández.  

Sin embargo, informó, que por el caso de Roatán, dos abogados están preparando recursos de inconstitucionalidad de la Ley  tomando como base el tratado firmado en 1859 entre Honduras y Gran Bretaña, que menciona claramente la protección de los isleños, de sus tierras y de su cultura. El acuerdo prohíbe  la entrega de este territorio a otra nación.

Además, dijo que los pobladores también recurrirán a las instancias internacionales para seguir un proceso por la falta de la consulta previa e informada. “Y le estamos apostando a la solidaridad internacional”, expresó Oscar Hendrix.

Para él, la consulta, es necesaria para la democracia, pero  explicó, que la ley orgánica de las zedes incluye un artículo que establece, que si la población donde se va a instalar una zede es menor de 100 mil habitantes, no necesita la aprobación del Congreso Nacional ni la realización de consulta previa, porque para su instalación solo requiere que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) emita un dictamen que acredite que en ese lugar hay menos de 100 mil personas.

“Esa disposición es una  franca violación de la ley de consulta previa, libre e informada”, expresó. Amplió, que en Roatán, en plena pandemia, en el mes mayo,  publicaron un anuncio informando que se iba a construir la zede y que esa fue la forma en que se dio cuenta la población.

Para él, la noticia les cayó como balde agua fría, porque hasta hoy el gobierno de Juan Hernández no le ha comunicado nada oficial a la población ni a la municipalidad. Sostuvo, que en diciembre del 2017, en plena crisis política derivada del fraude electoral, un grupo de inversionistas llegó a Crawfish Rock manifestando su interés en construir un proyecto turístico, como los que se construyen allí, hace décadas.

Afirmó, que los inversionistas jamás mencionaron que se trataba de una zede, como lo hacen ahora en plena pandemia, bajo un estado de indefensión, donde la gente se debate entre el derecho a la salud y la vida y donde las personas no pueden protestar de forma masiva. 

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