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El trabajo infantil es un fenómeno amplio y persistente en América Latina y el Caribe, que viola los derechos de los niños, niñas y adolescentes tal como refrendados en la Convención sobre los Derechos del Niño. En palabras de UNICEF y la CEPAL, este fenómeno tiene impactos negativos y profundos que perduran a lo largo de la vida. En medio de la pandemia de COVID-19, en la que los adultos mayores son los más afectados, no podemos olvidarnos de los impactos negativos que la actual crisis sanitaria y económica puede producir en los niños y niñas más vulnerables de nuestra región, arriesgando perder las ganancias en la reducción del trabajo infantil de los últimos años. Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebra este 12 de junio, compartimos algunas reflexiones sobre este tema.

El trabajo infantil en América Latina y el Caribe

Según la OIT, aproximadamente 10,5 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años en América Latina y el Caribe realizan algún tipo de trabajo que les “priva de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”. A nivel mundial existe una correlación entre el nivel de ingreso de los países y el porcentaje de niños que trabajan: mientras que en los países de ingresos altos solo el 1,2% de los niños de 5 a 17 años trabajan, este porcentaje se eleva a 19,4% en los países de ingresos bajos. En nuestra región, la gran mayoría de los niños y niñas trabajan en la agricultura y en sectores de alto riesgo como la minería, los basureros, el trabajo doméstico, la cohetería y la pesca. En particular, 5,7 millones de niños trabajan sin haber cumplido la edad mínima de admisión al empleo o realizan trabajos que deben ser prohibidos, incluyendo esclavitud, prostitución y pornografía.

En 2015, como parte de la adopción de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2030, los líderes mundiales acordaron implementar medidas inmediatas y eficaces para acabar con el trabajo infantil en todas sus formas antes de 2025. Entre 2012 y 2016 nuestra región logró reducir considerablemente el trabajo infantil, desde un 8,8% a un 7,3% del total de niños y niñas de entre 5 y 17 años. Sin embargo, el camino hacia la erradicación del trabajo infantil puede verse profundamente afectado por la crisis del coronavirus.

Trabajo infantil y COVID-19

El trabajo infantil reduce la posibilidad de que los niños puedan beneficiarse de la educación, ya sea porque abandonan la escuela completamente, porque reducen las horas dedicadas al estudio, o porque el trabajo afecta su salud y capacidad de aprendizaje. Si bien las consecuencias no se visibilizan fácilmente ni de inmediato, está comprobado que las crisis económicas empeoran los factores de riesgo del trabajo infantil y es probable que aumenten su prevalencia. La disminución del costo de oportunidad del trabajo infantil a partir del cierre de escuelas por COVID-19, las dificultades de asistir a la escuela para hacerse cargo de labores de cuidado, y/o los roles de apoyo en la autoproducción de alimentos, exacerbados por la actual crisis, atentan contra la probabilidad de reducir el trabajo infantil en el mediano plazo.

Las crisis económicas empeoran los factores de riesgo del trabajo infantil y es probable que aumenten su prevalencia.

El confinamiento evidencia otras aristas de la problemática. Por un lado, la deserción escolar se incrementa porque muchos niños y niñas de los hogares más vulnerables no tienen acceso a internet o a una computadora, y muchos deben realizar tareas a través de un celular (que posiblemente tiene un plan prepago que cuesta mantener ante la falta de ingresos en el hogar). Por otro, si bien el confinamiento limita el trabajo infantil fuera del hogar, los programas de apoyo al ingreso y la necesidad de muchos padres de buscar un sustento aumentan la probabilidad de que los niños y niñas hagan trabajo doméstico.

Posibles respuestas de política pública

El crecimiento económico afecta positivamente la erradicación del trabajo infantil. En general, todas las políticas macroeconómicas, sectoriales o sociales tendientes a aumentar la productividad de las personas y los países pueden influir gradualmente en esta tarea. Sin embargo, es difícil pensar que en los próximos años se lograrán avances a través del crecimiento económico y nivel de ingreso de los países.

A nivel de los hogares, las medidas orientadas a aumentar el ingreso de los adultos podrían ayudar a reducir la necesidad de que los niños tengan que trabajar para ayudar al sustento. Sin embargo, los programas de empleo, emprendedurismo o microcrédito pueden aumentar el trabajo infantil vinculado a tareas domésticas para compensar el trabajo fuera del hogar de los adultos (o, si se trata de un emprendimiento, los niños pueden terminar trabajando en el mismo). Otras políticas, como los programas de transferencias condicionadas, pueden ayudar en esta tarea, ya que muchas veces la condición viene dada por la permanencia de los niños en el sistema educativo.

A nivel regulatorio, existe una tensión entre educación y trabajo: en la gran mayoría de nuestros países la educación es obligatoria hasta los 17 años (es decir, hasta terminar la secundaria). Sin embargo, en 6 países es posible trabajar desde los 15 años, y en otros 8 desde los 14. Es por ello que UNICEF plantea que la edad mínima de admisión al empleo debería elevarse en toda América Latina y el Caribe, alineándola con la edad de culminación de la educación obligatoria o, al menos, fijándola en 15 años. Igualmente, es necesario verificar que la edad mínima sea aplicable a todas las actividades, incluyendo los trabajos rurales, familiares y autónomos que son tan prevalentes en nuestra región.

*Este artículo cuenta con la coautoría de Verónica Alaimo y Carolina Cabrita Felix, de la División de Mercados Laborales del BID, y el experto invitado Claudio Santibáñez, de UNICEF. 

Claudio Santibáñez es Asesor Senior en Alianzas Públicas de UNICEF. Tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo de políticas sociales para el desarrollo. Ha trabajado como Economista Senior en el Banco Mundial en materias de desarrollo institucional y como Especialista en Desarrollo Social en el BID. Fue Jefe de la División Social del Ministerio de Planificación y Asesor del Gabinete del Ministerio de Hacienda en Chile. Economista de la Universidad de Chile, cuenta con una Maestría y PhD en Economía de la Universidad de Cambridge. 

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