Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación.  Una serie de crímenes contra testigos de su muerte, rodean el asesinato del director de Lucha contra el Narcotráfico, Julián Arístides Gonzáles. La prensa tradicional de Honduras y el The New York Times mostraron a la supuesta cúpula policial y a la tropa como sicarios, pero no a los que serían autores intelectuales investigados por el crimen: una serie de políticos que aparecen en un informe de investigación firmado por el subinspector de investigación criminal, Walter Iván Romero, unos años antes de su asesinato. 

Hay miles de letras escritas sobre informes policiales y de inteligencia. Pero el Derecho a la Verdad es oscurecido por informes que van y vienen y que son filtrados a la prensa. El informe de Romero fue filtrado en marzo de este año a Reporteros de Investigación. Desde entonces el equipo ha hecho un trabajo de rastreo con policías de Honduras y en la Corte del Distrito Sur de Nueva York para validar su autenticidad. Descubrimos que el nombre de los políticos ha sido ocultado hasta esta fecha y que aunque la información sea auténtica, estos informes no necesariamente contienen toda la verdad.

Informe de Walter Romero, asesinado unos  años después. En ese tiempo, Romero era el jefe de Inspecciones Oculares de la Unidad de Homicidios.

En el folio 2 del oficio número DNIC 0099-2010 aparecen los  nombres de los políticos supuestamente implicados. El oficio de Romero señala que los carteles del narcotráfico que operan en Colón y Olancho ordenaron el crimen a la cúpula policial y financiaron el pago por este crimen. El informe en poder de RI, cuya versión con fotos y fichas también está en Nueva York, menciona a Wilter Blanco, a Los Cachiros y a los políticos Freddy y Óscar Nájera como supuestos responsables de los carteles que planificaron el asesinato del general Gonzáles Irías. Los políticos que coordinaron el crimen fueron el hijo de Porfirio Lobo Sosa, Fabio Lobo, al mando de un grupo de oficiales de la Policía Nacional. El fiscal general del Estado Luis Alberto Rubí y su hermana, Sofía Rubí, fueron informados por los individuos Freddy Nájera y Armando Zelaya Rosales de la orden que estaban dando de asesinar al General Arístides Gonzáles, cita el reporte confidencial.



En cambio, en los expedientes de la Corte del Distrito Sur de Nueva York aparecen fotos de la cùpula policial, en los expedientes case 1:15-cr-00378-PGG de la, ahí está un informe de Héctor Caballero Velásquez, jefe del equipo de inteligencia de aquel entonces; nysd-1:2015-cr-00378-443607 y 1:2015-cr-00378-443607 son otros expedientes que tiene fotos de los presuntos”policías sicarios”. En los expedientes de Nueva York se menciona a otros oficiales de alto rango, según testimonios que aparecen en los informes del asesinat0.

Foto que aparece en el expediente 1:2015-cr-00378-443607 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Para los policías consultados, estos son informes sin sustento que podrían estar siendo reacomodados por las Fuerzas Armadas, pero sin implicar a políticos de turno, los informes llevan firmas y sellos oficiales de la misma policía.

Lo cierto es que hasta ahora nunca había salido a luz que un reporte de la desaparecida DNIC mencionó a diputados y al Fiscal General, Luis Rubí.  Este informe cita que fue enviado al Almacén de Evidencias de la DNIC el Oficio DNIC-099-2010 del 11 de enero de 2010, con 389 folios que data sobre el asesinato de Gonzáles Irías, acontecido en el barrio Guanacaste de la capital de Honduras. El expediente dice que el asesinato ocurrió el 8 de diciembre por parte de miembros activos de la Policía Nacional.

Según nuestra investigación este informe, que llegó por otras fuentes confidenciales civiles, también ha venido siendo filtrado a la prensa desde fuentes militares y policiales, pero se ha ido difundiendo a la opinión pública por pedazos, no obstante algo que le resta credibilidad a estos reportes oficiales es que omiten el nombre de algunos políticos como el ex diputado Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano del mandatario de Honduras o del exalcalde Alexander Ardón investigados por este crimen. Eso indica que hay un trabajo de investigación criminal parcializado que impide el derecho a la verdad. 

En una solicitud firmada por Magdalena Boynton, subdirectora de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el gobierno de aquel país pidió colaboración porque alias Tony Hernández es también sospechoso por el crimen contra el jefe antidrogas, también el ex alcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón, que se entregó a la justicia de Estados Unidos, se declaró socio de Juan Orlando Hernández y admitió su participación en este crimen del general. Las publicaciones de prensa hablan de la presencia de Joaquín Guzmán en El Paraíso, Copán durante la administración de Ardón. En el juicio del  Guzmán en Nueva York se insinuó la complicidad entre el capo de la droga y el mandatario Hernández. Cuando asesinaron al jefe Antidrogas Hernández era presidente del Congreso Nacional y su hermano llevaba ya cinco años traficando con drogas, según los cálculos de la DEA.

Estos informes fueron realizado cuando el Partido Nacional al que pertenecen Hernàndez Alvarado y Ardón ya estaba en el poder lo que indica que el paìs necesita una Comisiòn Internacional Independiente para investigar crímenes de alto impacto pues tanto en el delito contra el director de la DLCN, Alfredo Landaverde, estudiantes universitarios, periodistas, Berta Cáceres y otros ambientalistas, hay un hilo conductor: élites impunes y sicarios cuyos nombres se repiten en varias escenas antes de que los asesinen.

Un informe que oscurece el Derecho a la Verdad

Los informes que involucran a la policía en el crimen contra Gonzáles Irías  generaron tal conmoción que la Policía Nacional fue “depurada” aunque el proceso tiene cuestionamientos y el tiempo ha demostrado que como resultado de la llamada “depuración”, las Fuerzas Armadas de Honduras fueron fortalecidas y ahora se encargan de la seguridad pública ante una policía debilitada, pero además algunos analistas piensan que el control de otros negocios también está en manos del ejército al haber desplazado a la policía. Se intentó conocer la versión del comisionado José Ricardo Ramírez Del Cid, no respondió los mensajes. En ocasiones anteriores ha negado públicamente estas vinculaciones y denunciado a los políticos por tergiversar la verdad sobre este crimen.

En la vida real, ninguno de los policías que han sido mencionados en los expedientes están enjuiciados, eso demuestra que el camino a la verdad por este crimen aún tiene un largo recorrido.

Por otro lado, el comisionado de policía (retirado), Leandro Osorio, mencionado en el informe de Walter Romero por no alertar lo que iba a pasar, consideró que esto es un lìbelo, basado en chismes, sin ningún tipo de rigor. Osorio señaló que no sabe nada del crimen contra el jefe antidrogas y que es víctima de una campaña orquestada desde el ejèrcito, es totalmente falso que él conociera sobre este crimen. Este es un informe preparado por un solo oficial en tan corto tiempo para un crimen de tan grande magnitud.  A su juicio, este informe no es más que un “líbelo”, filtrado por el ejército para ocultar a los actores con poder que eran investigados por el general cuando fue asesinado. ¿Por qué en el primer informe no se incluyó a Tony Hernández? se preguntó Osorio”. El nombre del general Osorio aparece dos veces en un expediente en la Corte del DIstrito Sur de Nueva York caso Southern District of New York, nysd-1:2015-cr-00378-443607, ese escrito de Nueva York se basa en reportes policiales enviados desde Honduras. A continuación escuche su entrevista y análisis, considera que tratan de esconder la verdad culpando a gente inocente como él que jamás participó en un hecho como este, enfatizó:

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