Juan Ramón Martínez
Anticipamos que siendo el Congreso Nacional la entidad más dañada durante el régimen que está por concluir, las negociaciones para la elección de la Junta Directiva serian complicadas. Porque el Congreso ha perdido su calidad colegial. La Junta Directiva tiene un origen ilegitimo. Y quienes lo dirigen están fuera de lugar, sin asidero legal; y por ello, de conductas irregulares y de poca confianza. Tal cosa no se observa en la Corte Suprema que ha preservado su colegialidad. O el Ejecutivo, cuya verticalidad ha mantenido y aunque ineficiente, no hay disputa porque le corresponde al Partido Nacional, con la obligación que le impone la Constitución de integrar un gabinete de Secretarios de Estado provenientes de los tres partidos principales del país.
Veamos el escenario. Tenemos dos partidos democráticos y uno de carácter privado. El Partido Nacional (49) y el Partido Liberal (41), tienen el número de votos para integrar una Junta Directiva que pueda producir un quiebre con respecto a la gestión de Luis Redondo. Y además, — lo más importante– para darle satisfacción a los electores (81% de los votantes) devolviéndole su carácter representativo, su naturaleza colegiada; y su condición de entidad reguladora del Ejecutivo; e instancia legisladora para reencaminar al país por la ruta del estado de derecho. Una negociación diferente que no garantice seguridad para dar satisfacción a las exigencias populares constituiría una falla política, un menosprecio a la soberanía popular; y una pérdida de tiempo para hacer las rectificaciones urgentes que hay que efectuar. Los daños inferidos por Redondo y Mel tienen que corregirse; y quienes los cometieron ser inmovilizados para de este modo asegurar que nos reencaminaremos hacia el futuro; y le daremos al pueblo lo mejor que los políticos le pueden brindar en estos momentos de tanta incertidumbre.
Evitar un pacto entre el PL y el PN, amparados en antiguos resquemores y diferencias históricas, es el peor servicio que se le pueda dar a la patria. Y crear oportunidades para que otra vez, la delincuencia política tome fuerza e irrespete la voluntad de los hondureños que no quieren que se destruya la nación, empobrezca a la población; y se permita que poderes extraños intervengan en la dirección de los asuntos que son competencia exclusiva de los hondureños.
Negociar con Mel es pactar con los delincuentes. Darle oportunidad para que salgan impunes, trasmitiendo el mensaje que se puede hacer cualquiera cosa; y, no pagar por las consecuencias. El 2009 irrespetó la ley, desatendió las ordenes de los jueces; y cayó en la tentación autoritaria al creer que podía colocarse por encima de la Constitución. Como parte del chantaje en el que Mel hizo causa común con los enemigos de Honduras, recibió una amnistía y pudo regresar, con un partido bajo el sobaco para participar en política. Creímos había descubierto que la política busca el bien común sin excusa alguna. Nos equivocamos.
El electorado – confiando en Nasralla – le permitió ejercer el gobierno por cuatro años. Confiamos que rectificaría. Y que lo usaría para mejorar la operación de las fuerzas políticas, económicas y sociales. Desaprovechó la oportunidad. Más bien empujó la sociedad hacia la polarización. Afectó el prestigio internacional del país; y amenazó la vida democrática, agrietando las bases que han hecho posible el mínimo desarrollo logrado.
Aumentó la pobreza, incrementó la inseguridad, disminuyo la inversión nacional y ahuyento la inversión internacional. El nombre de Honduras se implicó con un grupo de países autoritarios que no ofrecen esperanzas para lograr salir del atolladero en que nos encontramos.
Infirió los más severos daños que se hayan visto a las instituciones fundamentales para la vida democrática. Convirtió el CN en una caricatura. La Fiscalía General en una fiera perseguidora de los opositores. Al Jefe del Estado Mayor en un activista que puso en peligro la existencia de las Fuerzas Armadas. Frenó la independencia de la Corte Suprema de Justicia impidiéndole que perfeccionara el estado de derecho; y mejorara la seguridad como garantía de la vida y la felicidad de los hondureños y de los extranjeros que viven con nosotros.
Mel no tiene nada más que dar. Conocemos sus debilidades. En consecuencia, es inconveniente negociar con el la dirección y manejo del Congreso. La única negociación valedera y segura, porque cuenta con el respaldo de la mayoría de los hondureños y es garantía de paz, mejoría de la tranquilad, es entre los partidos democráticos. Negociar con los delincuentes es muy peligroso e inconveniente para Honduras. ¡Mel, nunca más ¡
