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En un pequeño cuarto, al fondo de una comunidad marginal ubicada en uno de los cerros que bordean Tegucigalpa, un pastor evangélico predica frente a una decena de personas. Pide cristiana resignación. “Los muertos ya están gozando del reino de Dios”. Una mujer asiente con la cabeza y dice “Amén”. Los demás apenas miran a su guía. No parece haber cabida para el gozo ni la esperanza aquí. El pastor carece de la capacidad de responder a la pregunta que se hace toda la comunidad: ¿Por qué?
Muchachos y muchachas con los ojos inflamados del llanto, algunos con cervezas en la mano, se lamentan afuera del pequeño cuarto. Maldicen, buscan venganza. Están tristes pero furiosos. Se preguntan lo mismo: ¿Por qué? Y a ese le caben muchos otros por qués, todos apuntando al cuerpo de una estudiante de 19 años, velado en la parte más alta del Sector 6 de la colonia Villanueva, al este de la capital hondureña. Un zona de caminos, no de calles. De champas con techo de aluminio. De pobres urbanos que lloran una pérdida violenta.
Kimberly Dayana Fonseca fue la primera muerta del toque de queda. Justo a las once de la noche del viernes cayó abatida por el disparo de un policía militar que le pegó en la cabeza. Media hora antes, el ministro de Gobernación anunciaba, en cadena nacional, que el toque de queda comenzaba esa misma noche. Dentro de media hora. A las once.
A unos cuatrocientos metros de la entrada a la comunidad, justo en el puente del periférico a la altura de Villanueva, un grupo de jóvenes había instalado una barricada que interrumpía el paso vehicular. Protestaban contra la reelección del presidente Juan Orlando Hernández y denunciaban fraude, como lo han hecho en todo el territorio hondureño cientos de miles de personas desde la noche del domingo 26 de noviembre. Pero el viernes 1 de diciembre fue la jornada más violenta desde el inicio de esta crisis; y el principio de la militarización del país.
“Ella fue al puente a buscar a su hermano para avisarle del toque de queda. Se quedó hablando con un amigo y vieron que venía la Policía Militar. Hasta aquí escuché los disparos, parecía una guerra aquello”, dice Yolanda Barahona, la abuela de Kimberly. “A mi nieta le dispararon a la cabeza. Ya no había nada que hacer”.
La abuela tiene sus propios por qués: ¿Por qué no les dispararon humo, sino balas de verdad? ¿Por qué no les echaron agua, sino balas de verdad? ¿Por qué no les tiraron con balas de goma, sino con balas de verdad? ¿Por qué no les dieron ni siqiuiera margen para que se enteraran del toque de queda anunciado media hora antes?
Pocos minutos después del asesinato de Kimberly Dayana Fonseca, el presidente Juan Orlando Hernández reapareció en público después de varios días de ausencia. Dijo que grupos evangélicos y empresariales le habían pedido decretar el toque de queda para frenar la ola de saqueos y ataques a propiedad pública y privada que mantiene paralizado el país en medio de la mayor crisis política que sufre Honduras desde el golpe de Estado de junio de 2009.
La Mesa Nacional de Derechos Humanos reporta dos muertos y decenas de heridos desde la mañana del jueves y acusa a las fuerzas de seguridad, particularmente a la Policía Militar y a tropas del Ejército, de uso excesivo de la fuerza. “Ha pasado a ser terrorismo de Estado”, dice el comunicado de la organización, que además denuncia la detención arbitraria de cientos de manifestantes. Según la revista Contracorriente solo en el departamento de Cortés, al cual pertenece San Pedro Sula, hubo durante la jornada del jueves cinco muertes vinculadas con los saqueos, tomas de calles y enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.
La crisis tiene su origen en la ausencia de resultados de la elección presidencial celebrada el pasado 26 de noviembre. Ante las sospechas de fraude por parte del Tribunal Electoral, de mayoría oficialista y sin presencia del principal partido de oposición, la Alianza Opositora contra la Dictadura y su candidato, Salvador Nasralla, se han autoproclamado ganadores de las elecciones y víctimas de un fraude.
El paso de las protestas a la violencia fue muy corto. En la madrugada del jueves, miles de jóvenes se manifestaban frente al Instituto de Formación Profesional (Infop), donde se resguadan las boletas, cuando llegó el expresidente Manuel Zelaya junto con el candidato Nasralla a golpear la puerta del lugar. Zelaya llamó a la gente a unirse a él en su intentona de que le abrieran. Los jóvenes, azuzados por su líder, cargaron contra el enorme portón custodiado por policías militares. La respuesta fueron gases lacrimógenos de un lado, piedras y botellas desde el otro. Y todo se rompió.
Apenas unas horas después, el jueves por la mañana, los manifestantes ya no eran los estudiantes de cara destapada que cantaban el himno nacional con banderas hondureñas alrededor de una fogata. Los que amanecieron en las calles de Tegucigalpa eran encapuchados con palos, dispuestos a arremeter contra lo que se les pusiera enfrente. Rompieron vidrios, cerraron calles, quemaron las estaciones del metrobús que la alcaldía de Tegucigalpa nunca puso en marcha. Eran turbas. Amenazaron y asaltaron a periodistas. Abrieron negocios a la fuerza y del saqueo se encargaron los que pasaban por ahí. La situación era similar en todo el país. En San Pedro Sula fueron centros comerciales enteros. Los manifestantes cerraron carreteras y calles. Paralizaron todo el país al grito de “Fuera JOH”, la consigna de todos los opositores, en referencia al presidente en busca de la reelección: Juan Orlando Hernández.
Frente al Infop, Fred Ramos capturó una escena emblemática: “Un hombre llegó en una moto sin placas, apuntó a una columna de policías que protegían la puerta de acceso al Infop. Yo estaba a unos 300 metros de distancia y lo vi llegar. Disparó unas cuatro o cinco veces. Intentó huir pero un grupo de manifestantes lo rodeó e increpó. Alguien se abrió paso entre los manifestantes y dijo: ‘Déjenlo ir, es uno de nosotros’. Y el hombre de la moto se fue”.
Otro grupo de manifestantes, una turba, rodeó a Fred algunas horas después en el centro de la ciudad. Le exigieron borrar fotos en las que los había capturado rompiendo vidrios de locales comerciales y mientras él las borraba le quitaron su billetera, su teléfono y un lente fotográfico. Seguían gritando: “Fuera JOH”.
Salvador Nasralla ha acusado al gobierno de estar infiltrando las protestas de la oposición para causar caos y justificar la militarización del país. “Un golpe de Estado” en sus propias palabras. Un autogolpe. Hay quienes piensan, en cambio, que a río revuelto ganancia de pescadores. En un país violento con altos índices de criminalidad, más de algún oportunista ha salido a las calles.
Solo en la posta policial del centro de Tegucigalpa la mañana de este viernes había medio centenar de detenidos. Casi todos acusados de saqueo, tipificado como terrorismo por la ley hondureña modificada este año, que preve mayor tiempo de prisión para quien ayer se robó un plasma que para los actos de corrupción.
“Hay hondureños muertos sin ninguna necesidad”, dice el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Marco Ramiro Lobo. “Si nosotros hubiéramos hecho las cosas correctamente nada de esto habría pasado”.
Pero el TSE no ha hecho las cosas correctamente.
A punto de cumplirse una semana de la elección general en Honduras, el país no tiene resultados definitivos de la elección presidencial. Tiene dos autoproclamados presidentes electos (JOH y Nasralla) y aparentemente ninguno en funciones, porque el mandatario y sus principales funcionarios, desde aquel día electoral, han sido incapaces de hablar a ningún hondureño que no sea a los militantes de su Partido Nacional, a los que han pedido calma y prometido el triunfo.
“Uno no puede distinguir quién es el que actúa, si el presidente o el candidato. Por eso la Constitución prohibe la reelección en Honduras, porque ante la debilidad institucional histórica de Honduras se sabía que habría abusos de poder. Este toque de queda es una muestra más” dice Hugo Noé Pino, un académico hondureño y exdirector del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI. “La Policía Militar salió con órdenes de disparar y ni le dieron tiempo a la gente cuando ya estaban patrullando los barrios, veinte minutos después del anuncio. No cabe duda de que lo que querían era una campaña de intimidación que está creando mayores grados de indignación. Quieren atemorizar a la gente”.
El Tribunal Supremo Electoral suspendió el recuento de las actas que requieren revisión especial, porque la Alianza Opositora no envió representantes a observar el proceso. No los envió en protesta, porque el Tribunal no ha admitido su solicitud de revisión de otras 5 mil actas, la cuarta parte de la elección, que la Alianza sospecha que fueron alteradas durante alguna de las suspensiones de transmisión de datos registradas esta semana.
“Hay muchas dudas de fraude”, admite elmagistrado Lobo. “Primero el silencio del Tribunal. Segundo la suspensión del escrutinio esa noche (del domingo) y al siguiente día. Luego dos caídas del sistema durante cinco horas cada una; entre las cuales hemos tenido un sistema intermitente. La tendencia del voto a favor de Nasralla se revirtió justo después de una de esas caídas”.
El TSE se encuentra en una encrucijada: si da por ganador al presidente Hernández, la población que ha protestado todos estos días se sentirá traicionada, robada, debido a las irregularidades del recuento. “Sí, va a ser muy complicado”, admite el magistrado Lobo. “Por más explicaciones que demos la duda va a permanecer”.
A pesar del toque de queda y la militarización del país, las aspiraciones opositoras siguen en la calle. Para este domingo, cuando se cumple una semana de la elección, la Alianza ha convocado a marchas en todo el país. Se llevarán a cabo a media mañana, para que los manifestantes tengan suficiente tiempo para llegar y regresar en los horarios exentos del toque de queda: entre seis de la mañana y seis de la tarde.
A la situación actual cabe agregarle otro por qué: ¿Por qué desemboca en violencia y militarización el acto supremo de la democracia, la elección, en un país al que la comunidad internacional lleva décadas prometiéndole que la democracia es la solución? ¿Dónde está la comunidad internacional ahora que esa promesa parece rota? La queja la resume Yesenia, una empleada pública que se manifestaba frente al Infop: “Votamos confiados de que la comunidad internacional defendería nuestro voto. Pero nos abandonaron”.
El analista y académico Víctor Meza, quien fuera ministro durante el gobierno de Manuel Zelaya, lo dice así: “Es un descrédito contar votos bajo un toque de queda. ¿Qué clase de democracia es esta?”
