El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) reveló hoy, en su informe Anual 2025 sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, los riesgos que enfrentan en el país los defensores de derechos humanos, las mujeres, las personas de la diversidad sexual, la niñez, los pueblos indígenas y otras poblaciones en condición de vulnerabilidad.
La titular del CONADEH, Blanca Izaguirre declaró que, en el 2025, ese ente estatal atendió 51 incidentes de violencia, de los cuales 46 fueron contra personas defensoras de los derechos humanos y 5 contra periodistas.
Además, que se reportaron 11 asesinatos de personas defensoras del ambiente y de 2 periodistas, en un contexto donde las áreas de defensa con mayores niveles de riesgo continuaron siendo tierra y territorio, ambiente y derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes.
Se refirió a la situación de las mujeres, frente a quienes persisten expresiones graves de violencia, incluida la violencia letal, la violencia política y la violencia digital, así como barreras de acceso a protección y justicia.
Respecto de las personas LGBTIQ+, el informe advierte que continúa la violencia, la discriminación y los obstáculos para el reconocimiento efectivo de sus derechos, especialmente en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de los casos Vicky Hernández y Otras vs. Honduras y Leonela Zelaya y otra vs Honduras.
En torno a los pueblos indígenas, afrodescendientes y garífunas, Izaguirre destacó la persistencia de amenazas, actos de amedrentamiento, conflictividad territorial y serio déficit en el cumplimiento de obligaciones estatales e internacionales.
“Las comunidades continúan enfrentando obstáculos para la protección de sus territorios, su seguridad y sus derechos colectivos, en un contexto donde la respuesta institucional sigue siendo insuficiente y donde continúa pendiente la aprobación de una ley especial sobre consulta previa, libre e informada”.
La defensora de los derechos humanos también se refirió a las brechas que aún afectan a las personas con discapacidad, por la falta de apoyos y servicios adecuados. En lo que respecta a las personas mayores, expresó que su situación sigue marcada por la pobreza, la discriminación, barreras de acceso y afectaciones a una vida digna.
Las personas con VIH continúan enfrentando estigma, discriminación y riesgos asociados a la sostenibilidad de la respuesta sanitaria y preventiva, señaló.
El informe también hace referencia a la situación de las personas en movilidad humana, en un contexto marcado por altos flujos de migración irregular, retornos forzados y desplazamiento interno por violencia, así como la agravada situación de trata de personas producto de esta realidad que afecta especialmente a las niñas, niños y adolescentes.
Realidad que obliga al Estado a fortalecer de manera urgente sus capacidades de identificación, derivación, atención y protección, especialmente frente a casos que involucra a la niñez, adolescencia y otras condiciones agravadas de vulnerabilidad.
El informe también aborda con especial preocupación la situación de las personas privadas de libertad, ya que el sistema penitenciario continuó operando con un hacinamiento significativo, y durante 2025 se registraron muertes bajo custodia o detención.
En cuanto a las niñas, niños y adolescentes, el informe establece que permanecieron expuestos a un escenario de riesgo elevado y previsible –violencia letal y no letal, trata explotación- que activa obligaciones estatales reforzadas de prevención y protección especial.
