Tegucigalpa,30 de enero de 2026. En el corazón del Bajo Aguán, donde el paisaje rural convive con tensiones históricas por la tierra y donde las comunidades campesinas siguen reclamando su derecho a vivir y cultivar en paz, la violencia se ha convertido en una amenaza constante para quienes alzan la voz en defensa del territorio. Durante años, organizaciones nacionales e internacionales han advertido que la región enfrenta un ambiente hostil para los defensores de derechos humanos, marcado por disputas agrarias, presencia de actores armados y una débil respuesta estatal frente a los ataques.
Es en este escenario donde la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, rescata la historia de Santos Hipólito Rivas Baquedano, campesino, líder comunitario y defensor del territorio, asesinado el 12 de febrero de 2023 junto a su hijo Danny Javier Rivas en una emboscada que estremeció a la comunidad de Ilanga, Trujillo, departamento de Colón.
Santos Hipólito Rivas, conocido como “Polo”, nació el 13 de agosto de 1973 en Choluteca. Agricultor de oficio y residente de la comunidad de Panamá, Trujillo, se convirtió en fundador y dirigente de la Empresa Asociativa Campesina de Producción (EACP) Gregorio Chávez, desde donde impulsó la defensa de la tierra, del medio ambiente y de los derechos de las familias campesinas.
Su liderazgo firme y pacífico lo posicionó como una referencia comunitaria dentro y fuera de la región.
En 2019, el Estado hondureño reconoció el riesgo que enfrentaba al incorporarlo como beneficiario del Sistema Nacional de Protección, tras documentarse amenazas, vigilancia armada y hostigamiento en su contra derivados de su labor en la defensa del territorio.
El asesinato que estremeció a Ilanga
El 12 de febrero de 2023, mientras se desplazaban en motocicleta, Santos Hipólito y su hijo Danny Javier fueron emboscados y asesinados a tiros. El ataque fue condenado por organizaciones campesinas, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), quienes señalaron el carácter previsible del riesgo que enfrentaba Santos Hipólito, pese a contar con medidas de protección.
Danny Javier, de 26 años, no era defensor, pero su vínculo familiar evidencia un fenómeno ya reconocido por estándares internacionales: la expansión del riesgo hacia familiares de líderes amenazados en contextos de conflictividad territorial.
Una investigación marcada por la impunidad
A casi tres años del crimen, el caso permanece en fase investigativa preliminar. Las deficiencias se evidenciaron desde el inicio: no se realizó levantamiento cadavérico en la escena, no se aseguraron pruebas materiales y la exhumación se efectuó ocho meses después, revelando una actuación estatal negligente.
Pese a reportes sobre un posible requerimiento fiscal hacia finales de 2025, el proceso no ha avanzado hacia identificar o capturar a los responsables materiales ni intelectuales. La violencia alcanzó nuevamente a la familia cuando, el 7 de febrero de 2025, dos familiares directos —Ramón y Carlos Rivas— fueron asesinados en un ataque asociado al mismo conflicto agrario.
Un legado de dignidad y resistencia
La vida de Santos Hipólito simboliza la resistencia campesina del Bajo Aguán. Su lucha refleja la dignidad, esperanza y determinación de las comunidades que defienden su derecho a la tierra, pese a los enormes riesgos que enfrentan. Su asesinato expone las fallas del Estado en prevenir la violencia, proteger a personas en riesgo y garantizar investigaciones diligentes.
La historia de Santos Hipólito forma parte de la iniciativa Guardianes silenciados, impulsada por ASJ para documentar asesinatos de personas defensoras del ambiente y del territorio, identificar patrones de violencia y promover reformas que fortalezcan la protección y la justicia.
Este esfuerzo se desarrolla en el marco del proyecto “Justicia ambiental y protección a defensores ambientales”, con el apoyo de la Embajada Británica en Guatemala, reafirmando el compromiso internacional con la protección de derechos humanos y ambientales.
