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  • Personas que integraban estas profesiones han sido asesinadas cuando se encontraban en custodia de cuerpos de seguridad
  • Situación puede empeorar en el caso de las mujeres que se dedican a informar o proteger los derechos humanos

Durante la pandemia, las agresiones contra personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas se agravó. Ambas han sido víctimas de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, desprestigio, estigmatización y criminalización de manera constante, así lo afirmaron diversas organizaciones de DH en el informe de Defender derechos en tiempo de Covid-19: Retos para México y Centroamérica. 

En este informe de 19 páginas, las organizaciones evidenciaron que la pandemia se convirtió en una justificación para las graves violaciones cometidas contra los Derechos Humanos de periodistas y defensoras por los gobiernos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, y México.

Resaltaron que gracias a los testimonios de las y los defensores y periodistas de estos países, son conscientes de que personas que integran estas profesiones han sido asesinadas cuando se encontraban en custodia de cuerpos de seguridad, situación que puede empeorar en el caso de las mujeres que se dedican a informar o proteger los DH.

En particular, declararon, la libertad de expresión de las y los periodistas y defensoras se ha visto en riesgo de diversas formas, por ejemplo, en México las personas que asisten a las protestas fueron violentadas, en Nicaragua se censuró la información sobre el número de contagios de Covid-19 y se ha perseguido a quienes critiquen la política sanitaria del país, mientras que en el Salvador se intensificaron los obstáculos para la cobertura en territorio.  

En el ciberespacio, declararon, los problemas son aún peores, ya que las defensoras y periodistas han sido víctimas de amedrentamiento, acoso y ataques por las coberturas que realizan, el acompañamiento que brindan, y en especial, por demostrar que los niveles de violencia contra las mujeres va en aumento en el espacio privado, a partir del inicio de la pandemia.

Problemática, señalaron, que a los gobiernos de Guatemala, Costa Rica, El Salvador y México, parece no interesarles pues no han adoptado medidas efectivas para atender la violencia hacia las mujeres ni tampoco en ofrecer ayuda económica a las familias que buscan a sus familiares desaparecidos, quienes por sí solas han garantizado su subsistencia con redes de solidaridad.

Respecto a las víctimas de algún delito, denunciaron, sus procesos de justicia se han dilatado como resultado de brechas físicas y tecnológicas que las autoridades de cada país han establecido. En México -especificaron- los casos de personas migrantes o de comunidades indígenas son retrasados y desestimados con la excusa de que no cumplen con los requisitos que requieren de manera digital.

En suma, añadieron, las invasiones territoriales, los ataques armados y agresiones letales contra comunidades que defienden su territorio no han parado en Honduras, México, Nicaragua, Costa Rica, y Guatemala. De acuerdo con registros de las organizaciones, al menos 25 personas defensoras han sido asesinadas en estos países entre enero y agosto de 2020.

Ante este contexto, las organizaciones exigieron que los gobiernos de estos países fortalezcan con perspectiva de género los mecanismos de protección para personas defensoras, se abstengan de cometer y condenar públicamente a cualquier periodista, desarrollen campañas que destaquen la labor de estas dos profesiones y se libere a las personas defensoras que están detenidas de forma injusta.

A los organismos internacionales de protección de DH, solicitaron que emitan un pronunciamiento público con relación a la situación de las personas defensoras y periodistas en México y Centroamérica que incluya recomendaciones para las autoridades de distintos niveles.

Este informe es resultado de una serie fotográfica. Se convocó a 26 personas defensoras y periodistas de distintos países durante 5 semanas con el fin de evaluar de qué manera la pandemia ha impactado en el desarrollo de sus actividades.

El informe fue elaborado por el Espacio OSC, Front Line Defenders; la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos; la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México; el Centro de Justicia y el Derecho Internacional; la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala; el North American Congress on Latin America; y Trade Unions for Energy Democracy.

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