La abogada de la Red Lésbica Cattrachas fue detenida por más de 4 horas, la golpearon y maltrataron psicológicamente. Cuatro policías le rompieron la camisa, dejándole el brassiere descubierto.

Tegucigalpa, Honduras. La detención arbitraria y el maltrato físico y psicológico cometido ayer por policías en Comayagua contra la abogada y defensora de derechos humanos de la organización lésbica Cattrachas, Astrid Ramos, mientras representaba legalmente a una persona detenida sin explicaciones, es otra muestra del irrespeto flagrante a los derechos individuales en Honduras, el cual ha repuntado durante la pandemia tanto como los casos de coronavirus.

El reclamo por una muralla hecha de láminas de metal y portones cerrados con candado originó la detención ilegal durante cuatro horas y media de Ramos y de la persona a quien ella estaba representando.

Los habitantes de la colonia Torondon, junto al Mercado San Francisco, han quedado prácticamente encerrados desde que el lunes 29 de junio la municipalidad de Comayagua, siguiendo órdenes de Sinager, mandó rodear el vecindario con portones y láminas metálicas.

Al entrar en vigor la orden de obstaculizar la entrada a la plaza de ventas y por ende a la colonia, solo es posible comprar en el mercado tras presentar la cédula de identidad.

La orden de cerrar los mercados se basa en el riesgo de contagio que estos representan, pero las autoridades policiales y municipales al instalar barreras metálicas actuaron sin tomar en cuenta la libertad de movimiento de los vecinos, quienes no pueden cumplir sus deberes diarios debido al encierro forzoso en que se encuentran.

Los portones y láminas que impiden el paso a la colonia son también un peligro porque podría ocurrir un incendio en el San Francisco, como ya ha pasado durante la pandemia en dos mercados del país que han permanecido cerrados durante meses: el Guamilito en San Pedro Sula y el Colón en Tegucigalpa.

Urge quitar la muralla metálica que rodea las colonias junto al mercado comayagüense, opinan vecinos y expertos, para respetar los derechos de los colonos y garantizar su seguridad en caso de presentarse un siniestro. “Necesitamos que la municipalidad de Comayagua quite ese portón ya”, dice la coordinadora de la organización Catrachas, Indyra Mendoza.

“¿Cuántos incendios de mercados ha habido este año? Va a pasar lo mismo que pasó en el centro penal, que nadie va a poder entrar ni salir si ahí pasa un siniestro. Es la primera gran violación de los derechos humanos, el control del espacio público. Ocupamos que la municipalidad quite ese o cualquier otro portón en Comayagua”, agrega Mendoza.

Los portones impiden ingresar a los vecinos a sus casas. Foto: Cattrachas

Cattrachas exige “eliminar toda restricción al espacio público que violente los derechos humanos y que corresponda un peligro para la integridad y seguridad de los y las ciudadanas”.

Quitar los portones y láminas tiene otro beneficio porque impide que los vecinos se molesten por el encierro injusto y excesivo al que han estado sometidos desde el mes pasado.

“Para controlar la entrada de personas al mercado pusieron portones en varias bocacalles de la zona, incluyendo la calle de mi casa. Esos portones pasan con llave. Los abren a las 7 de la mañana y los cierran a las 5 de la tarde”, relata Zobeyda Ramos, madre de la abogada y defensora de derechos humanos.

La familia no tiene parqueo y por eso el tío de Astrid, Darwin Ramos, estaciona su carro en un lugar cercano, pero solo de noche. “Cuando él llegó ya estaba cerrado el portón y allí no hay nadie que abra”, cuenta Zobeyda. “Dos policías que estaban adentro del portón dijeron que mi hermano estaba enojado y les estaba diciendo cosas”.

Según Zobeyda Ramos, los policías argumentaron que no tenían llave y ella les dijo que no era justo que los tuvieran encerrados, “viendo quién diablos nos va a abrir”. Los agentes llamaron a la patrulla porque, según ellos, Darwin Ramos les había faltado el respeto. Cuando el carro policial llegó, los agentes “se tiraron encima de mi hermano”, agrega la madre de Astrid.

Cattachas agradeció a todas las organizaciones, movimientos nacionales e internacionales y personas solidarias pendientes que Astrid Ramos fuera puesta en libertad.
  Captura ilegal, golpes y maltrato psicológico

Mientras los agentes se llevaban a Darwin Ramos, la abogada y defensora de derechos humanos salió de la casa para interceder por su tío.

“Me presenté y les dije que era la abogada y representante legal [de Darwin]. Al momento que a él lo subieron por la fuerza la patrulla, yo decidí montarme de manera voluntaria, repitiéndoles que él tenía derecho a la defensa y yo era abogada y defensora de derechos humanos”, relata Astrid Ramos.

Cuando los llevaban a la posta, Astrid llamó a Indyra Mendoza, coordinadora de Cattrachas, para que pusiera en conocimiento de su detención ilegal a la Fiscalía de Derechos Humanos y al mecanismo de protectores y protectoras de derechos humanos. “Me estaban amenazando con detenerme a mí también en mi carácter de persona natural. A pesar de que les repetí que yo era defensora de los derechos humanos, ellos hicieron caso omiso e incluso se burlaron de mi profesión”, cuenta Astrid.

“Nuestra integrante se encuentra detenida en una celda en la UDEP número 3 de Comayagua”, se lee en la denuncia que la Red Lésbica Cattrachas presentó poco después de la detención. “Fue víctima de abuso de autoridad, detención ilegal y arbitraria por parte de la policía nacional, exponiendo su salud, integridad y seguridad en este difícil contexto que se está viviendo por la pandemia COVID-19”.

El oficial Varela, prosigue su relato la abogada Astrid Ramos, le arrebató el celular mientras otros agentes la esposaban. No le hicieron caso cuando gritó cuál era su profesión y que su detención era ilegal y arbitraria. También se negaron a devolverle su celular.

“Me dijeron que era una mercadera, que no creían que era abogada, que era una doña que hacía escándalo. Me rompieron la camisa, dejando entrever uno de mis pechos, que estaba cubierto por el brassiere. No me dejaron acomodarme nada. Comenzaron a golpearme y me detuvieron”.

Los llevaron a dos celdas y no les hicieron caso cuando exigieron hacer una llamada.

El oficial Salgado les leyó los cargos, diciendo que habían cometido falta al incumplir el decreto contra aglomeraciones de más de 50 personas impuesto por el gobierno de Juan Orlando Hernández el pasado 14 de marzo.

Los oficiales presentes tampoco les hicieron caso cuando volvieron a exigir su derecho de hacer una llamada. “Un amigo y defensor de derechos humanos, Roosevelt Barahona, se presentó y llegó creo que un comisario a decirnos que nos iba a liberar con la condición que no presentaremos la denuncia. Cuando nos liberaron, escribieron con su letra que renunciábamos a presentar cargos, pero yo ya había hecho la denuncia ante la Fiscalía de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y establecí con mi puño y letra ese hecho y luego firmamos”.

Contra el autoritarismo durante la pandemia

La detención arbitraria, el abuso de autoridad y el maltrato físico y psicológico de la abogada y defensora de derechos humanos Astrid Ramos en Comayagua es un nuevo ejemplo del autoritarismo descontrolado y la ilegalidad con que algunas autoridades trabajan en el país.

Las voces en redes sociales y otros espacios de comunicación no han tardado en alzarse en contra de casos como el de Astrid Ramos.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exhortado a los Estados a garantizar ‘que defensoras y defensores de derechos humanos puedan realizar su labor de defensa e información en el contexto de la pandemia’, pero Policía Nacional detiene a defensora Astrid Ramos de Cattrachas”, escribe el abogado y doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, en su Twitter.

Es lamentable que vulnere este estándar y no se abstenga de perseguir o detener a las personas defensoras de derechos humanos por la vigilancia que realizan respecto de la actuación del Estado ante la pandemia y frente a las eventuales vulneraciones a derechos fundamentales”, agrega Mejía.

Por su parte, Cattrachas condenó “este tipo de acciones ilegales y arbitrarias realizadas por parte de los agentes de la policía nacional, quienes haciendo uso excesivo del poder han vulnerado los derechos de nuestra integrante, abogada y defensora de derechos humanos [Astrid Ramos]”.

Astrid Ramos fue agredida y detenida de manera arbitraria por elementos de la Policía Nacional departamental de Comayagua.

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