En Honduras, cuando eres una persona LGBTI, el riesgo de que mueras es uno de los más altos del mundo

 Si eres LGBTI y te asesinan, es posible que tu crimen nunca se esclarezca por la elevada impunidad que existe en el país

 El 78% de los casos LGBTI en el territorio hondureño siguen impunes. Solo el 22% ha sido judicializado y, de estos, no todos han obtenido sentencias condenatorias

Su asesinato fue horroroso e irracional, cometido con una aversión que cuesta describir.

Era la noche del 28 de junio de 2009, fecha del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya, y Vicky Hernández Castillo —llamada al nacer Johnny Emilson Hernández— salió a la calle a ejercer el comercio sexual sin saber del toque de queda impuesto por el gobierno de facto de Roberto Micheletti.

Vicky, sampedrana, 26 años, tenía enemigos que acechaban en las sombras. La vida de las trabajadoras del sexo está en peligro constante, pero el riesgo se multiplica cuando se trata de una persona transexual.

Con su asesinato comenzó una seguidilla de 279 muertes violentas desde 2009 hasta diciembre de 2017, según el Observatorio de Muertes Violentas de las Personas LGBTI de la asociación lésbica Cattrachas. En ocho años, sólo 60 casos se judicializaron y menos de la mitad de ellos tienen sentencia condenatoria. Todo lo demás está impune.

Desde 2008 a la fecha se judicializaron 41 casos y se lograron 22 sentencias condenatorias, indica el Ministerio Público en un documento oficial.

En otros documentos públicos, el Poder Judicial señala que se han otorgado sentencias condenatorias a 24 personas y se han dado sentencias absolutorias a seis.

Imposible saber cuántas veces Vicky se las arregló para escapar de la muerte: su existencia era, quizá, una ruleta rusa. Pero el 28 de junio se le acabó la suerte. Al día siguiente, la encontraron sin vida entre los barrios Santa Anita y Concepción, a una cuadra del antiguo local de la Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral.

El asesinato de Vicky es importante por varias razones: ocurrió en un ambiente político tempestuoso, la víctima era transexual, lo cometieron con ensañamiento, fue una ejecución extrajudicial y permanece impune.

Los prejuicios en su caso rozan lo descabellado. Las autoridades forenses se negaron a practicarle la autopsia a Vicky “con la excusa de que era VIH positiva” y “no quisieron emprender ninguna diligencia investigativa por considerar que la víctima era una persona ‘diferente’ y sin derechos, lo que constituye una discriminación en razón de sus preferencias sexuales”, según una petición presentada el 23 de diciembre de 2012 por organizaciones hondureñas y extranjeras como Cattrachas y Robert F. Kennedy Human Rights.

Las autoridades hondureñas argumentaron después que sí le habían hecho la autopsia a Vicky, pero nunca se encontraron registros oficiales del procedimiento forense. Lo que sí se sabe es que murió de varios balazos.

El crimen sin resolver de Vicky es uno de miles de ejemplos de cómo la impunidad se ha vuelto un cáncer del sistema investigativo y judicial en Honduras que perjudica particularmente la forma de aplicar justicia en los casos LGBTI. “Usted no tiene idea de lo que es la impunidad. La impunidad no solo es que no investiguen, sino que, cuando investigan, investigan con prejuicios, homofobia o lesbofobia”, dice al respecto Indyra Mendoza, coordinadora de Cattrachas.

Mientras tanto, la justicia hondureña no ha capturado y mucho menos judicializado a los asesinos de Vicky. El Estado hondureño “es responsable por el retardo injustificado en la investigación del asesinato de Vicky”, asegura la petición presentada a la CIDH en 2012 y alega además que hay “discriminación en el acceso a la justicia” debido a la identidad de género de la víctima.

Entendiendo la impunidad

Para entender mejor el caso de Vicky, debemos ahondar en el significado de la palabra “impunidad”.

La impunidad y la corrupción son fenómenos que están directamente relacionados, al grado de que muchos creen que son un solo fenómeno, señala Leticia Salomón, reconocida investigadora hondureña.

Hay tanta impunidad que la ciudadanía deja de denunciar los delitos porque sabe que jamás los resolverán, agrega Salomón, lo que dice mucho de la dimensión del fenómeno delincuencial y de la debilidad institucional de policías, fiscales y jueces para capturar a los implicados y aplicar sanciones.

Aunque una persona LGBTI puede ser víctima de la delincuencia común, en gran cantidad de casos puede ser que la violación de los derechos humanos se haga pasar por un acto delictivo común.

“La impunidad se acentúa en los asesinatos de personas LGBTI porque no son prioridad para el Estado, el Gobierno y las instituciones, ya que no tienen apellidos de las familias de mayor poder político y económico de Honduras y porque falta mayor demanda social de que a estos casos se les haga justicia”, opina Luis Velásquez, sociólogo del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico.

Vicky era, como muchas de las víctimas LGBTI, de orígenes humildes: procedía de los barrios más desfavorecidos de San Pedro Sula y trabajaba para sostener a su familia, en especial a su sobrinita. Vivía con su madre y su hermana y siempre fue una luchadora incansable. Después de su muerte fue velada en la organización Colectivo Color Rosa.

Un factor importantísimo que permite entender cómo se diferencia el crimen común del crimen LGBTI, como en el caso de Vicky, es según el sociólogo Luis Velásquez que, “al ser catalogados como una población que ‘vale menos’, no hay una demanda generalizada, por lo que los casos de homicidios producto de crímenes de odio no se resuelven”.

El análisis de Velásquez aporta dos visiones del crimen contra la población LGBTI: primero, la mayoría de las víctimas son de escasos ingresos; segundo, son personas que sufren prejuicios y rechazo constante por su identidad de género, en el caso de personas transexuales, y por su orientación sexual, en el de gays, bisexuales y lesbianas.

La pobreza y las preferencias sexuales fuera de la norma social aceptada son dos factores decisivos para explicar por qué, en los últimos ocho años, la cantidad de muertes violentas LGBTI se ha disparado a alturas inconcebibles.

La sociedad hondureña es patriarcal, lo que influye en el desprecio con que algunos sectores sociales ven a las personas LGBTI. En un entorno patriarcal, el repudio a estos grupos crea un ambiente ideal para multiplicar los crímenes contra este grupo poblacional.

Política y crimen

En los últimos ocho años, la violencia contra las personas LGBTI parece haberse vuelto más clasista y, consecuentemente, política. Casi todas las víctimas pertenecientes a estos grupos son pobres y por eso no reciben el buen trato que se da a las clases altas hondureñas. Como no tienen dinero, es más fácil matarlas con la seguridad de que nadie se encargará de castigar a los hechores.

Los sectores se enfrentaron en 2009, explica Erick Martínez, defensor del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), al referirse a la creciente participación política de los grupos LGBTI debido a la violencia estatal y delictiva. “Una manifestación del golpe de Estado fueron las personas de la comunidad LGTBI protestando. Eso causó visibilidad”.

Durante el régimen michelettista, el pueblo empezó a enterarse de la existencia de los grupos LGBTI. Se abrieron “brechas para que los grupos del crimen organizado, pandillas y otros controlados por grupos de poder empezaran a hacer asesinatos selectivos porque la comunidad en aquel momento se empoderó y visibilizó”, indica Martínez. A mayor visibilidad, más peligro e impunidad.

“Un asesino en Honduras tiene 96% de posibilidades de que el sistema no lo atrape”, dice Ramón Barrios, abogado y catedrático universitario, y ahonda en las causas de las altas cifras de impunidad en Honduras: “Es un gran negocio ser sicario en Honduras; 96% de posibilidad y a la comunidad, 98%. ¿Por qué se da? En general, por la deficiente investigación en Honduras. El crimen ha desplazado a la capacidad investigativa. Además hay un sesgo. Los mismos órganos de investigación y el Estado ven a la comunidad LGBTI como una cuestión de ‘los mataron, se mueren porque se lo merecen en función de en qué andan’. Hay un prejuicio hasta religioso al decir ‘se lo merecen’, al decir que no siguen los dictados tradicionales de Dios”.

Estas ideas de Barrios coinciden con lo que apunta el sociólogo Luis Velásquez: el rechazo a las preferencias sexuales fuera de la norma es una de las causas principales de los crímenes LGBTI. 

El rechazo se convierte en odio. Se dice que tendemos a rechazar lo que no entendemos. Esa es una de las raíces de los prejuicios, en especial de los peligrosos prejuicios contra la comunidad LGBTI. Una frase del investigador Javier Acevedo resume esta actitud: “Están en esa categoría de indeseables. Son ciudadanos de tercera clase”.

Matar por odio

Mientras la familia de Vicky está esperando justicia, una de sus sobrinas, quien es transexual y trabajadora comercial del sexo, nos dice que la recuerda muy poco y, aunque sabe las circunstancias en que murió, dice que siente miedo, pero eso no le impide salir adelante. “A veces, los clientes no quieren pagar lo que uno vale”, se queja.

Una de las denuncias de los grupos organizados LGBTI en Honduras es que la Iglesia fomenta con su discurso de odio el rechazo a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.

“La Confraternidad Evangélica en Honduras se ha encargado de incitar al odio, discriminación y rechazo contra nosotras”, expresa Rihanna Ferrera, activista transexual y directora ejecutiva de la Asociación Cozumel Trans.

Otras instituciones se han sumado al repudio y la indiferencia. Ferrera opina que, para el Poder Judicial y el Congreso Nacional, los crímenes contra la comunidad no son de interés para el país. “No hay voluntad política. La impunidad y la corrupción se ligan. Cuando asesinan a una persona LGBTI, no hay investigación y, si hay, es contra el asesinado y no contra el hechor del crimen”.  

En los últimos ocho años, aproximadamente 250 personas LGBTI han huido a otros países por la inseguridad, según Ferrera.

“Vivimos en un Estado patriarcal hacia las mujeres transexuales y lesbianas. En la mayoría de los casos, las mujeres transexuales son asesinadas con arma de fuego y eso hace la investigación más difícil y, en el caso de los gays, con arma blanca. Es más fácil identificar al autor del crimen del gay porque no lo matan en las calles, lo matan en un hotel, en su casa, etcétera. Y a una transexual, en la calle y en horarios cuando ejerce el comercio sexual”.

Rihanna ha sido testigo de los resultados nefastos del rencor injustificado contra su comunidad. En 2010, Débora Kurkova, una transexual trabajadora del sexo, fue asesinada en una gasolinera cerca del hotel Honduras Maya, en Tegucigalpa, relata Ferrera.

Esa noche, Débora se acercó a una camioneta en la que iba un grupo de borrachos. Los hombres le dijeron algo, ella los insultó y, cuando se alejaba, le dispararon. “Me ahogo”, se quejó. Le pidieron ayuda a una patrulla, pero el policía se negó a llevarla. “A una persona de ustedes no la puedo montar”, dijo. “A saber qué enfermedades tiene”.

“Débora murió en la calle”, cuenta Rihanna. “Hasta la fecha, su crimen no ha sido resuelto”.

“La impunidad queda dentro de las personas trans porque son ejecutadas en las calles; la impunidad queda con las mujeres lesbianas a las que matan de 2, 3 y 4. Somos masacradas y no encuentran una relación de por qué eran lesbianas; siempre las meten allí como cualquier mujer”, indica Indyra Mendoza.

La tasa más alta de homicidios entre mujeres transgénero de todo el hemisferio pertenece a Honduras: 9.68 asesinatos por cada millón de habitantes, según la ONG Transgender Europe.

Más del 92% de los crímenes de odio quedan impunes debido a un marco legal discriminatorio, señala el informe de 2012 del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras.

Sin embargo, la Iglesia también tiene su punto de vista respecto a la violencia contra las personas LGBTI. “Yo no podría pensar que, en lo que ocurre en términos de crímenes de odio, todo está vinculado con eso. Lamentablemente han querido atribuirle al discurso de la Iglesia lo que pasa, lo que experimenta, pero no necesariamente es eso”, alega el pastor Alberto Solórzano, miembro de la Comisión Especial para la Depuración de la Policía Nacional de Honduras.

Solórzano no cree que todos estos crímenes sean de odio; opina que se deben, en ocasiones, a “situaciones que ellos viven”. Está seguro de que los asesinatos LGBTI no son causados por al discurso religioso: los pastores, agrega, no le dicen a nadie “mate a una persona homosexual”.

Solórzano le da vuelta al razonamiento de los grupos LGBTI y muestra a la Iglesia como una especie de víctima. Desde su punto de vista, ellos ven a la Iglesia “como un estorbo, un enemigo”, y la culpan de “todos sus padecimientos, todos sus males”.

Buscando soluciones

Ha habido intentos institucionales de luchar contra la impunidad en los crímenes LGBTI en Honduras. Algunas de esas tentativas son promovidas desde el extranjero.

En el 2010, el Examen Periódico Universal hizo 129 recomendaciones al Estado hondureño, entre ellas, la creación de la unidad especializada para investigar las muertes violentas de personas LGBTI y realizar una reforma en el Artículo 321 del Código Penal de Honduras que garantizara la protección legal contra la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género. En la actual modificación a este código, lo quitaron.

En 2011, el expresidente Barack Obama hizo un llamado al Gobierno de Honduras para “investigar estos asesinatos y hacer responsables a los perpetradores”. La embajada de EUA en Honduras trabajó de cerca con el Gobierno -en ese entonces, la administración del expresidente Porfirio Lobo- para establecer una unidad de víctimas especiales que investigara y llevara a juicio los crímenes de odio contra las personas LGBTI. Las autoridades estadounidenses consiguieron que un fiscal y un detective experto viajaran a Honduras para ayudar a establecer la unidad en el Ministerio Público.

El Gobierno de Obama trajo expertos para investigar las muertes contra la población LGBTI. Capacitó a hondureños, fiscales, policías de investigación y estuvo funcionando más o menos bien en Tegucigalpa. Se creó la mesa de acceso a la justicia LGBTI y después trasladaron la Unidad de Crímenes de Alto Impacto y la mesa a San Pedro Sula. En la zona norte funcionó muchísimo mejor que en Tegucigalpa por el trabajo de la exfiscal Norma Sobeida Narváez, quien fue separada de la institución en 2014.

La mayor parte de los requerimientos fiscales y casos judicializados de todo Honduras eran de San Pedro Sula. “Ella [Narváez] fue la diferencia; la echaron y se acabó. Por eso hay un montón de casos judicializados”, dice Indyra Mendoza. 

La mayor prioridad de la Unidad de Muertes de Alto Impacto eran las muertes LGBTI y de funcionarios públicos, fiscales o jueces, relata la exfiscal Narváez.

“Costó que se adaptaran los agentes porque nuestra sociedad es totalmente machista”, dice Narváez. “La comunidad sentía recelo, pero vieron que los agentes no los discriminaban ni maltrataban, no los agredían como otros policías y los trataban con respeto. Entonces se abrieron y les dieron acceso”.

Narváez y sus cinco agentes recibieron capacitación en El Salvador y ella en Roswell, Estados Unidos. No se hacían algunas investigaciones porque faltaban recursos y la embajada apoyaba con viáticos y un vehículo.

La unidad tuvo dificultades al tomar casos abandonados porque era muy difícil hallar pruebas. “Antes no cuidaban la escena, se perdían elementos y ya no se ubicaba a los testigos”, agrega. En los casos recientes, según la exfiscal, el problema más grande para resolverlos es la falta de “interés del fiscal y los agentes”.

En el caso de Vicky, dos de las testigos de su asesinato están muertas y el Estado tendrá que dar muy pronto una respuesta a la CIDH.

Actualmente en el Ministerio Público, varias fiscalías pueden ver casos de alto impacto. En 2017, el presupuesto general de la institución fue de 1,745,475,158 lempiras. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida tiene a su cargo la Unidad de Muertes de Personas Pertenecientes a Grupos Vulnerables encargada de atender actualmente los homicidios de personas LGBTI. El presupuesto de esta última en 2017 fue de 25,502,261 lempiras y tiene, en la zona central, dos fiscales y, en la noroccidental, la misma cantidad de servidores públicos. Los operadores de justicia tienen a la orden investigadores de la ATIC y la DPI.

Una de las críticas al sistema es que la carga laboral de un fiscal puede ser tan alta que las investigaciones no avancen ni se judicialicen los casos. También se le abona la falta de recursos económicos y técnicos.

En 2017 han matado a 33 personas LGBTI en Honduras. Las últimas cuatro muertes ocurrieron en Puerto Cortés, donde fueron asesinados dos gays y una transexual. El otro caso se dio en San Manuel, donde otra transexual fue ultimada por un supuesto cliente. En coordinación con la mesa de acceso a la justicia de San Pedro Sula y la unidad especial del Ministerio Público se han logrado judicializar siete de estos 33 casos.

Durante la última campaña electoral hondureña, los discursos de odio contra los grupos lésbicos gays se intensificaron. “Reconocemos la importancia de realizar una investigación exhaustiva para evitar que estos crímenes queden impunes”, dijo en un comunicado la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización de Honduras.

Uno de esos casos que aguardan solución es el de Vicky Hernández Castillo. Han pasado más de ocho años desde su asesinato, pero hay personas que se han prohibido olvidarla, como las que presentaron a favor de ella una petición para la CIDH exigiendo que el Estado de Honduras responda por el crimen.

No solo se trata de Vicky. Como ella, otras 257 víctimas LGBTI siguen esperando justicia, ya que sólo 22 casos han sido condenados, según información del Poder Judicial.


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