PRONUNCIAMIENTO


El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y la Asociación de Prensa Hondureña (APH), ante el aumento de las presiones sobre el ejercicio del trabajo periodístico en Honduras y de las agresiones contra los trabajadores de la comunicación e información, especialmente sobre la divulgación de información pública relacionada con el
manejo de los fondos estatales destinados a enfrentar las emergencias humanitarias producto de COVID-19, ETA y IOTA nos pronunciamos en los siguientes términos:

  1. Desde el 15 de marzo al 30 de noviembre de 2020, fecha del inicio de la cuarentena por
    COVID-19 en Honduras, se han cometido un total de 89 AGRESIONES CONTRA
    TRABAJADORES DE LA INFORMACIÓN, todas ellas, en el marco de la labor noticiosa, de
    acuerdo con cifras de C-Libre.
  2. Bajo este contexto, es de nuestro conocimiento, que actores estatales y privados en
    Honduras, mantienen fuerte presión sobre medios de comunicación al punto de enviar
    cartas exigiendo a los dueños de medios de comunicación el despido de periodistas que
    han realizado investigaciones, denuncias o cuestionamientos sobre el manejo de fondos
    por las emergencias humanitarias por COVID-19, ETA y IOTA.
  3. Durante última semana de noviembre se registraron cuatro SECUESTROS COMETIDOS
    CONTRA PERIODISTAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, por parte de
    desconocidos, con la finalidad de imponer un régimen de censura al abordaje
    informativo sobre las actuales crisis humanitarias que atraviesan los hondureños y
    hondureñas. A partir del momento en que se perdió toda comunicación. Conforme a los
    estándares internacionales, sufrieron una DESAPARICIÓN FORZADA.
  4. En las últimas horas, al menos DOS PERIODISTAS DE SAN PEDRO SULA ANUNCIARON
    PÚBLICAMENTE QUE ESTÁN A PUNTO DE SALIR DEL PAÍS de forma temporal, con la
    finalidad de salvaguardar su vida e integridad física.
  5. Es importante destacar LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CERCO INFORMATIVO PARA
    EVITAR QUE PERIODISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS REALICEN SUS
    LABORES HABITUALES en el marco de la pandemia, como la obstaculización del acceso
    a la cobertura del arribo de los hospitales móviles y de los sitios en los que se instalan,
    y la detención policial de al menos nueve periodistas en retenes policiales, pese a que
    se encuentran dentro de las excepciones contenidas en los PCM 21-2020 y los
    subsecuentes decretos del Presidente en Consejo de Ministros.

En consiguiente:

  1. Urgimos a las autoridades del Estado hondureño a actuar de acuerdo a su obligación de
    preservar la vida, integridad física y psicológica de los periodistas, comunicadores
    sociales y trabajadores de medios de comunicación e información en Honduras, así
    como garantizar las condiciones para el ejercicio de su trabajo.
  2. Instamos a los y las trabajadores de la comunicación, continuar con su enorme aporte a
    la veeduría social en cuanto al manejo de los fondos públicos y cualquier hecho de
    interés público.
  3. Exigimos al Mecanismo Nacional de Protección renovar esfuerzos para garantizar la
    integridad de los periodistas, que durante los últimos meses han visto mermados las
    medidas de protección de parte de esta instancia.
  4. Exigimos que se permita el ejercicio de la protesta pacífica y se detenga el hostigamiento
    e interferencia de comunicaciones hacia quienes participen de la misma o realicen
    coberturas periodísticas sobre estos hechos.
  5. Abogamos para que la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, documente
    las agresiones contra la prensa y canalice a nivel internacional la información
    proporcionada. Así como que se incrementen sus esfuerzos para asesorar a la
    Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, al Poder Ejecutivo, a
    las fuerzas policiales, las Fuerzas Armadas y otras instituciones responsables de las
    políticas en derechos humanos para que cumplan con su obligación de respetar los
    instrumentos y convenios internacionales en la materia.
  6. Hacemos un llamado a las embajadas acreditadas en Honduras, a los procedimientos
    especiales de las Naciones Unidas, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
    (RELE), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a comunicar de
    manera firme al Estado hondureño su rechazo y preocupación por estos hechos, y
    exhortarlo a asumir sus obligaciones de garantizar y proteger los derechos humanos.
  7. Exigimos a la fiscalía especial de protección de defensores, defensoras de derechos
    humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia del Ministerio
    Público, que abra una investigación de oficio sobre las agresiones cometidas contra
    periodistas y lamentamos que pese a transcurridos tres años de su creación han
    demostrado su poca eficacia en llevar a juicio a los culpables de violaciones a derechos
    humanos

 642 total views,  3 views today

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here