Más de 103 millones de lempiras manejaron seis ONG que tenían nexos con la exgerente administrativa de esa Secretaría.
Tegucigalpa, M.D.C, 19 de agosto de 2025. Bajo una aparente legalidad, se ocultó por dos años una red de corrupción conformada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y particulares, que ejecutaron más de 103 millones de lempiras en proyectos.
Además de las irregularidades en el manejo de fondos asignados entre 2022 y 2023, la Secretaría facilitó que la asignación de fondos se convirtiera en un esquema de clientelismo político, ya que el ministro de la SGJD, Tomas Vaquero, excediéndose en el ejercicio de sus funciones, determinó que la selección y autorización de las ONG quedaría a cargo de diputados del Congreso Nacional.
En el informe «El negocio de gobernar: cómo el poder se sirve del pueblo. Proyectos de infraestructura menor, ayudas sociales y becas: excesos y conflicto de intereses en la administración de recursos», el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), revela como se conformó la red en la SGJD y las conexiones entre las ONG, las empresas y contratistas individuales.
Organizaciones y empresas
El esquema comenzaba en el Congreso Nacional, ya que los diputados seleccionaban los proyectos y las ONG que estarían encargas de realizarlos. En la SGJD, la exgerente administrativa era una pieza clave, quien tenía vínculos con las seis organizaciones que recibieron fondos, ya que el esposo de la funcionaria figuró como apoderado legal y la cuñada aparece como miembro de la junta directiva de diferentes ONG que ejecutaron los proyectos.
A1 ser beneficiadas, las ONG realizaban un proceso de contratación privada, que consiste en la invitación expresa y directa a determinados oferentes calificados. En esta etapa es donde se ampliaba la red, ya que se establecieron conexiones entre los representantes de las empresas, las organizaciones y la funcionaria pública.
De esta manera, las mismas empresas y contratistas individuales eran invitados a las licitaciones, garantizando que una de las sociedades comerciales o los particulares que conformaban el esquema recibiera la adjudicación del proyecto, alternándose el acceso a los fondos. El mismo esquema que se utilizó para las compras menores dentro de la SGJD denunciado por el CNA en mayo del presente año.Proyectos
El CNA identificó a las ONG, Asociación Ayudando con Amor, que ejecutó dos proyectos en Choluteca; la Asociación Hondureña para el Desarrollo Integral Sostenible Manos Amigas (AHDISMA) estuvo a cargo de 22 proyectos en Francisco Morazán, La Paz y Choluteca; el Centro para la Sostenibilidad Comunitaria de Honduras (CESCOH), que administró 18 proyectos en Ocotepeque, Atlántida y Francisco Morazán.
La Asociación para la Educación, Inclusión Social y Desarrollo Saint John fue la encargada de 11 proyectos en Santa Bárbara, Francisco Morazán y Olancho. Con respecto a la Asociación para el Desarrollo Social y Comunitario de Honduras y Asociación Hondureña para el Desarrollo Comunitario Sostenible (ASOHDECOS), que también están vinculadas con la exgerente administrativa, las liquidaciones no fueron remitidas por parte de la SGJD ni las ONG, tampoco cuentan con un domicilio actualizado.
Aunque si figura que la exgerente administrativa era dueña de un inmueble y aparece en el contrato de arrendamiento a nombre de una ONG. En su mayoría, fueron las organizaciones fueron ejecutoras de proyectos de infraestructura menor como construcción o reparación de caja puente, iluminación, construcción de salones en centros educativos, pavimentación o rehabilitación de algún tramo, entre otros.
Irregularidades
A1 revisar la documentación de las seis ONG, el esposo de la exgerente administrativa figura como el apoderado legal de las organizaciones, confirmando el vínculo con la Secretaría. Además, se encontraron nexos de la funcionaria con las empresas y contratistas individuales. La investigación revela que las obras se realizaron, pero en algunos casos no son funcionales para las necesidades de la población en la comunidad.
De igual manera, se identificó que una de las ONG no se apegó a lo dispuesto en la resolución aprobada por la Secretaría de Finanzas (Sefin) para la ejecución de los proyectos.
Denuncia
El CNA denunció ante el Ministerio Público (MP) a1 titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización por suponerlo responsable de los delitos de administración desleal del patrimonio público y violación de los deberes de los funcionarios. Mientras que la exgerente administrativa de esa Secretaría fue denunciada por los delitos de fraude, negociaciones incompatibles y violación de los deberes de los funcionarios. De igual manera se interpusó la denuncia correspondiente contra los representantes de las ONG, empresas y contratistas individuales parte del esquema.
