En momentos en que los casos de covid-19 siguen en repunte, y se denuncia que en muchas zonas no hay cupos o insumos médicos para tratar a los pacientes, incluso en hospitales privados, es condenable y vergonzoso, que el gobierno, a pesar de tener conocimiento de que estos hospitales móviles no eran aptos para atender pacientes covid-19, lo pusieron a funcionar de igual manera, por lo que hoy vemos con mucho dolor, el anuncio del director del Hospital Escuela (HE), Osmín Tovar, que cerrarán el hospital móvil para el propósito que fue adquirido, porque no cumple con los requisitos mínimos para tratar esta enfermedad viral, ya que fue diseñado para cirugías de guerra.

Aunque el funcionario asegura que habilitarán el tercer piso del HE para pacientes covid-19, es inconcebible que con semejante gasto, se prive al HE de un espacio que debería servir para atender a pacientes con otras afecciones.

De los siete hospitales móviles anunciados, desde abril 2020, que llegaron con más de seis meses de retraso, solo el de San Pedro Sula opera con aparente normalidad y con menor capacidad, mientras el resto no se han puesto a funcionar porque están incompletos, presentan severos daños, o al igual que el de la capital, no sirven para tratar esta enfermedad. Después de Cortés (31.6%), Francisco Morazán (24.3%) es el segundo departamento con más casos de covid; el gobierno no puede seguir poniendo en riesgo de contagio y peligro de muerte a la población hondureña.

A casi un año de que el gobierno anunciara con ostentación, la compra de siete hospitales móviles por casi 1,200 millones de lempiras, pagados al contado “de buena fe” y sin ningún documento de garantía, reflexionamos con mucha preocupación, que a la fecha, nadie, ni siquiera Marcos Bográn, exdirector de INVEST-H, responsable directo de esta dolosa compra, ha sido castigado por este acto de corrupción que violenta el derecho a la salud, y el derecho a la vida, y ha dejado un impacto severo en la economía y el desarrollo del país.

Aunque el irregular proceso electoral amerita atención, no podemos hacer a un lado esta nueva burla contra la vida de la población, por lo cual demandamos:

  1. Que la Secretaría de Salud explique cuál es la respuesta a corto, mediano y largo plazo para ofrecer atención digna a los pacientes y cuánto tiempo más se debe esperar por las vacunas, para controlar la expansión de los contagios.
  2. Que el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, informen qué han hecho para deducir responsabilidades penales al exdirector de INVEST, Marcos Bográn, y el resto de responsables de estos actos de corrupción.
  3. Que además, la Procuraduría General de la República presente un informe sobre los avances para demandar por fraude, daños y perjuicios al proveedor de los hospitales rodantes, Axel López.
  4. Que se dé trámite inmediato a las 12 líneas de investigación presentadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ante el Ministerio Público (8) y el Tribunal Superior de Cuentas (4), de igual manera, a las tres quejas entregadas por esta instancia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) por la violación de los derechos y garantías constitucionales de médicos que se encuentran en primeria línea y demás colaboradores de sistema sanitario nacional. De la misma forma, los dos informes presentados por la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) ante el Ministerio Público y el el Tribunal Superior de Cuentas, exigiendo justicia en este caso.

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