**La modificación al contrato de préstamo para el Registro Nacional de la Personas genera desconfianza en los partidos de oposición que denuncian nuevamente al Partido Nacional por irrespetar el procedimiento legislativo.

**Experto peruano Ronny Cáceres señala que transmisión de resultados fuera de las mesas de votación le resta confianza al proceso, sobre todo por el nivel de politización  en el organismo electoral.

EXPEDIENTE PÚBLICO

El mismo día que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras acordó los lineamientos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para las elecciones generales, el Congreso Nacional (parlamento) aprobó reformas  sin el consenso de los tres partidos políticos mayoritarios.

Los cambios de último momento tendrían que ver con el presunto temor del oficialista Partido Nacional ante la aprobación del sistema de transmisión de resultados de las votaciones, anunciada el 5 de agosto por los consejeros del organismo electoral.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y la consejera Rixi Moncada anunciaron un sistema con transmisión desde cada uno de los centros de votación, desde los cuales serían digitadas las 18,396 actas, así como un lector de huellas en todas las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Este es el “plan B”, ya que originalmente el organismo electoral tenía planeado transmitir desde cada una de las JRV con la compra de unas veinte mil tabletas, que finalmente se reducirán a seis mil debido a la tardanza con la que los diputados hondureños aprobaron el presupuesto.

Esos dispositivos, según una publicación del diario El Heraldo, funcionarán como lectores de huellas y harán la transcripción y el escaneo de las actas electorales de cierre elaboradas por la JRV al concluir el conteo de votos.

Cada documento tendrá la firma de los tres miembros de la mesa, quienes le sacarán 14 copias y las distribuirán entre los observadores y partidos políticos.

Posteriormente, el presidente, secretario y escrutador de la JRV se moverán a la estación de transmisión ubicada en cada uno de los 5,692 centros de votación, donde escanearán y transmitirán el documento a los servidores del CNE.

Para este reporte, Expediente Público trató de contactar a los tres consejeros del CNE y solicitó información a la relacionadora pública del CNE, pero ninguno respondió.https://www.youtube.com/embed/rrzxGm5G3Xk?feature=oembed

TREP, rapidez y confiabilidad

“La fortaleza de un TREP es justamente la toma de datos en la misma mesa de votación”, dijo a Expediente Público el especialista electoral peruano, Ronny Cáceres.

El TREP es una versión del “quick count” (conteo rápido), que consistía en desplegar un determinado número de veedores u observadores a mesas específicas a nivel nacional para capturar manualmente los resultados electorales de las actas y luego transmitirlos, al principio por teléfono, luego celulares y por último con la imagen del acta electoral ya transcrita, al centro de cómputo nacional, explicó el experto.

“El TREP hace casi lo mismo con la única diferencia de que no trabaja sobre la base de una muestra estadística”, sino que se hace mesa por mesa, señaló Cáceres.

“Significa poner un dispositivo electrónico en cada una de las mesas de votación y una persona especialmente encargada para poder recopilar esa información con la finalidad de poder transmitirla al centro de cómputo”, amplió.

Para el experto, 18,396 JRV son un escenario pequeño y se podría “inclusive desplegar entre uno o más veedores u observadores o procesadores de TREP por cada local de votación”, según la cantidad de mesas.

Pero si se utilizan menos tabletas y los centros de procesamiento de actas están ubicados “fuera de las mesas de votación”, entonces el sistema de transmisión “no se presta a mucha confianza” porque “no se presencia el acto de registrar los resultados en el acta”, que pueden ser hechos en papel o mediante una aplicación digital.

Además, desde el momento que se llenan las actas electorales y llegan al centro de acopio donde serán fotografiadas y enviadas al centro de cómputo “pueden pasar muchas cosas” como “un trastocamiento” o un cambio de los resultados, con lo cual “la fortaleza del TREP”, es decir, su rapidez en la transmisión de resultados y su confiabilidad, “no se cumple”.

Y si a eso se suma el nivel de politización de los organismos electorales, como en Honduras, que “ya pocas veces se ve en el mundo”, entonces “empieza, como le decimos los peruanos, la ‘repartija’”. En otras palabras “empieza la evaluación de cómo llegamos a un acuerdo, a un convenio, a un consenso para repartirnos los resultados, ese es un problema muy serio”, dijo el experto sudamericano.

Encuesta a boca de urna y conteo rápido

Unas de las reformas aprobadas el 3 de agosto por Congreso Nacional fue el tiempo para dar a conocer las encuestas a boca de urna después de que finalice la votación el próximo 28 de noviembre. La Ley Electoral de Honduras estipulaba tres horas, luego los diputados pretendieron ampliarla a cuatro en una reforma que no fue aprobada y finalmente quedó en dos horas.

“Las encuestas de boca de urna se realizan sobre la base de una muestra estadística”, que la empresa encuestadora extraerá del universo de mesas de votación, explicó Ronny Cáceres.

En el caso de Honduras, con poco más de 18 mil JRV, serían de entre 1,800 y dos mil encuestados a nivel nacional, determinados por sexo y edad.

En el peor de los casos, se le preguntará a cada persona que acaba de ejercer el sufragio por quiénes votó y, en el mejor, el encuestador le dará una papeleta similar a la que llenó en la JRV para que marque los candidatos a quienes les dio el voto y luego la deposite en una caja o bolsita.

Mientras que el conteo rápido consiste en poner a una persona en cada una de las mesas para que escanee o fotografíe los resultados del acta de votación. “Esa información, definitivamente, es mucho más confiable que la información de una boca de urna”, opinó Cáceres, ya que en el primer caso los encuestados pueden mentir.

Según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en Honduras se realizaron conteos rápidos en las elecciones de 2009 (solo a nivel presidencial), 2012 (primarias de los partidos políticos) y 2013 (generales).

“Si lo hacen bien, el margen de error puede estar entre 0.1 y 0.2 por ciento”, dijo Cáceres, para quien este procedimiento en Honduras “ayudaría horrores” a la confianza en el proceso.

Divulgación de resultados

Para el especialista peruano “en aras de la transparencia electoral, de darle tranquilidad a los ciudadanos, los conteos rápidos, las encuestas a boca de urna pueden ser publicados un minuto después de cerradas las mesas”, que en el caso de Honduras es a las 4 de la tarde y, en caso de fuerza mayor, a las 5.

Pero eso dependerá de que el organismo electoral sea “confiable”, si no, “van a decir dos horas, cuatro horas… después para publicar los resultados de aproximaciones estadísticas”, dijo Ronny Cáceres.

Opinó que “Centroamérica tiene todavía problemas, pero América del Sur, Colombia, Ecuador, Argentina, a excepción de Venezuela, no les tienen temor a los conteos rápidos ni a las encuestas de boca de urna”.

Al final, el organismo electoral es el que brindará los resultados oficiales y por eso recomendó que los medios deben manejar con pinzas la divulgación de encuestas a boca de urna o conteos rápidos, resaltando en todo momento que son preliminares y no oficiales.

A su vez sugirió que el CNE “tiene que ser absolutamente claro” en informar que los boletines que vaya dando a conocer “no obedecen a alguna muestra estadística”, sino que recopilan la información de las actas de resultados conforme van llegando a los centros de cómputo.

Para el experto peruano, en un país con una geografía como la hondureña y con la cantidad de mesas electorales que no superan las veinte mil, no puede ocurrir una caída de sistema como la que denunció el desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE) en las elecciones de 2017.

“No hay razón para eso, no estamos haciendo una elección en el Brasil o en Argentina, con más de 150 mil mesas o 200 mil mesas, que es de alguna manera comprensible”, o en países como Perú o Bolivia que tienen una geografía y condiciones climáticas problemáticas.

Reducen plazo para actualización domiciliaria

En la sesión virtual del 5 de agosto, el pleno de diputados aprobó el préstamo de 9.4 millones de dólares para que el Registro Nacional de las Personas (RNP) termine la última fase del proyecto Identifícate, que realiza desde 2019 con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Después de que el secretario del parlamento Tomás Zambrano leyó el dictamen del contrato de préstamo, el vicepresidente del Congreso Nacional Antonio Rivera Callejas, del Partido Nacional, pidió “hacer una mejor redacción” al artículo 5 y “también reducir el tiempo de la actualización domiciliaria”, que en la sesión del 3 de agosto se había previsto que se ampliaría hasta el 15 de septiembre. Originalmente el trámite vencía el 15 de agosto.

En su participación, el diputado oficialista aseguró que tal petición era “en base a solicitud de diputados del Partido Liberal y de otras bancadas” que no precisó.

De esta manera, el plazo para realizar trámites de actualización domiciliaria y enrolamiento (que es el proceso mediante el cual se toma la fotografía, huella dactilar y dirección del solicitante de la tarjeta de identidad) se reduce al 5 de septiembre.

El artículo dice además que el RNP “debe hacer la corrección de los domicilios que por ser homónimos se aplicaron por error dentro del mismo municipio” y que “los cambios de domicilio electoral efectuados dentro del mismo municipio y surgidos por el proyecto Identifícate quedan anulados de oficio”, con lo que asigna a los ciudadanos el mismo domicilio electoral que tenían en el último proceso electoral, es decir el de 2017, sin perjuicio de que estos puedan solicitarlo personalmente “en trámite separado y dentro del plazo establecido”.

Se rompieron los acuerdos

Es de mencionar que el artículo 4 de la Ley Electoral modificado el pasado 3 de agosto es el que establecía el plazo a estos trámites, pero reformarlo hubiera requerido de una mayoría calificada.

“Utilizaron el préstamo del RNP para hacer modificaciones que no estaban dentro de los acuerdos”, dijo a Expediente Público el diputado opositor Jari Dixon, del partido Libre, cuya bancada votó en contra de la propuesta, al igual que la del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD).

“Se rompieron los acuerdos que se habían tenido con este partido político y, bueno, ahora vamos a tener el problema de que los registros municipales están controlados por ellos y vamos a tener que estar vigilantes a que estas tarjetas lleguen a miembros de partidos de oposición”, agregó el parlamentario.

Rivera Callejas propuso también modificar el artículo 6 del dictamen del préstamo al RNP que en una de sus partes dice: “El RNP atenderá a los ciudadanos que soliciten actualizar su domicilio electoral en cumplimiento del artículo 98 de la Ley Electoral de Honduras”. Se omite con esta reforma el término “empadronamiento” que aparecía en el artículo anterior.

El dictamen como estaba originalmente “fue discutido y fue aprobado por la mayoría (…) pero después ellos le hicieron las reformas y como ellos tienen mayoría aunque uno vote en contra de nada sirve”, declaró a Expediente Público la diputada del Pinu, Doris Gutiérrez.

En el caso del Pinu, dijo que no estuvieron de acuerdo con el primer dictamen ni con el segundo porque “están cambiando fechas y están poniendo la situación que realmente (es) imposible poder cumplir y tener el tal censo actualizado”.

Además, “nosotros no podemos votar a favor de algo que no lo hemos conocido antes” ya que “la reforma esa que hizo ‘Toño’ no se conoció en la comisión de dictamen, él la hizo directamente en el pleno y el presidente de la comisión aceptó el cambio, él con los nacionalistas”, agregó la diputada Gutiérrez.

Expediente Público trató de entrevistar también al diputado Rivera Callejas, pero no respondió los mensajes enviados a través de Whatsapp.

Le tienen miedo al TREP

Para el diputado Dixon el anuncio del TREP que hizo el CNA le metió “miedo” al Partido Nacional y por eso aprobó un proyecto “sin ningún consenso” y sin respetar el procedimiento legislativo que obliga a tener 86 votos para cualquier reforma, tanto del RNP como de la nueva Ley Electoral.

“Aplaudimos lo que dijeron las señoras consejeras, pero en reacción a esto vinieron ellos (los nacionalistas) y aprobaron este tipo de proyectos”, consideró.

Dixon opinó también que el partido oficialista “va a seguir poniendo piedras en el camino” y que Libre tendrá que cambiar de estrategia para que todas las tarjetas de identidad y los traslados “sean hechos de forma correcta” y evitar “que estos registros municipales que están controlados en la gran mayoría por los nacionalistas se valgan de esa ley para dejar afuera a mucha gente nuestra”.

Se repite la historia de la “red de diputados”

Por su parte, el diputado del Pinu, Luis Redondo, opinó en una publicación en Facebook que lo sucedido en el Congreso hondureño fue un “actuar criminal” y que hicieron lo mismo que cuando aprobaron la Ley del Presupuesto General del Estado que “metieron la red de diputados”.

Este caso, denunciado por la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), consistió en una reforma a la ley del presupuesto que establecía la improcedencia de la acción penal contra funcionarios que hubiesen manejado fondos públicos mientras no finalizara una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, cuyo plazo para realizarla sería de tres años.

Desorden en domicilio de votantes

El RNP tiene 1.7 millones de tarjetas pendientes de entrega, debido a que ese trámite se había visto retrasado por la falta de presupuesto.

Así mismo, el Pinu denunció en un comunicado que “el proceso de enrolamiento está viciado por más de 1.8 millones de registros”, de los que se pretende devolver 1.6 millones a como estaban “en el Censo del fraude del 2017” y corregir nada más 200 mil.

“Uno tampoco se explica cómo algo tan sencillo como preguntarle al ciudadano que se fue a enrolar a dónde le tocaba enrolar provocó un gran desorden en el tema del domicilio a los votantes”, expresó al respecto el diputado Jari Dixon.

“Habrá que investigar si fue un error humano (…) si fue una acción con dolo, pero eso ha dañado mucho el proceso de identificación en el país”, dijo también el parlamentario.

Luis Redondo, incluso, manifestó que “el PNUD está coludido para hacer un mal trabajo con este sistema de enrolamiento”, en el que hay activistas nacionalistas empleados.

“A esos señores del CNE de nada les va a servir” las medidas para transparentar el proceso electoral “si el censo está inflado”, dijo el parlamentario, quien recordó que uno de los cambios que hizo el RNP durante la elaboración del censo electoral provisional fue el de quitar el campo donde era obligatorio seleccionar el centro de votación.

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