Coyuntura

Un especial colaborativo con análisis de la región

Hospitales colapsados, desinformación, cifras alteradas, medidas autoritarias y hasta negligentes. La lista de los males que padece la nueva Centroamérica parece no terminar, y la Covid-19 fue la excusa perfecta para empeorarlo todo.

Este es un especial colaborativo con los análisis de cinco periodistas jóvenes de la región, quiénes describen los males de siempre, pero con un virus de por medio.

Una Guatemala en caída libre

Con 54,339 casos confirmados y 2,119 personas fallecidas por Covid-19 (hasta el 06 de agosto a las 09:00 a.m.), el estilo de vida en Guatemala ha cambiado, tanto en el área urbana como en la rural, poniendo en aprietos el sistema de salud, la educación y la economía. Los efectos de la pandemia obligaron a cumplir medidas drásticas para evitar la propagación del virus, causando graves problemas en las actividades económicas de la clase trabajadora del país.

En la primera semana de mayo el Gobierno de Guatemala empezó a impulsar los programas sociales para coadyuvar la crisis económica, entre los cuales se destacó la entrega de Q1,000 quetzales, por tres meses, a núcleos familiares, y Q75 quetzales, diarios, a trabajadores del sector privado (quienes se han visto afectados por la cancelación de sus contratos laborales). Sin embargo, el descontento ha sido notorio en miles de familias del área rural ya que fueron excluidas del programa, por carecer de requisitos que el Gobierno estableció para optar a ese beneficio (según fuentes del Ministerio de Desarrollo Social). Analistas señalan que los programas sociales carecen de transparencia y políticas claras en la ejecución de estos, especialmente el llamado “Bono Familia”, en donde no fue incluida la clase más desposeída del país.

Alejandro Giammattei, Presidente de Guatemala, comenzó su periodo con el virus de fondo. El mandatario no tuvo tiempo, y aparentemente tampoco la intención, para mejorar la situación de corrupción en el país, factor que actualmente ha empeorado los efectos de la pandemia. Giammattei solicitó al Congreso de la República que brindará herramientas para mitigar la crisis y a raíz de ello se han aprobado Q16 mil 778.75 millones de quetzales en préstamos, entre enero y mayo del corriente año, para suministrar de recursos a diversos Ministerios, tales como el de salud, desarrollo social, entre otros. Según varios economistas, dicho monto podría aumentar a la llegada del cierre fiscal.

La ciudadanía guatemalteca heredará la deuda más elevada en la historia actual del país. Hasta mayo de este año el endeudamiento per cápita era de Q10 mil 651 quetzales (datos del Censo del 2018), es decir, que la deuda aumentó Q1 mil 27 quetzales respecto a diciembre del 2019, cuando el indicador era de Q9 mil 624 quetzales por persona.

Analistas ven con preocupación los efectos negativos que ha desencadenado la pandemia por más de 4 meses. La Covid-19 volvió a poner en la mesa del debate varias carencias dentro del Estado guatemalteco, desde la deficiencia del sistema de salud, hasta la baja ejecución presupuestaria. El país no solo se enfrenta a un virus, sino también a la escasez de insumos hospitalarios, el incumplimiento de salarios a profesionales de la salud y el retorno de personas desplazadas.

Retornar con el virus a una realidad más difícil

En mayo de este año, el Gobierno de Guatemala expresó su preocupación por la cantidad de guatemaltecos que están siendo deportados de Estados Unidos de América y otros países de la región y el mundo; al llegar al país, la mayoría de estas personas presentan los síntomas del coronavirus y esto pone en peligro la vida de las mismas, de sus familias y de quienes podrían entrar en contacto con ellas a su llegada al país centroamericano.

The New York Times ha explicado, a través del especial periodístico “Era como una bomba de tiempo”, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se convirtió en un propagador del virus debido a sus imparables deportaciones a países como Cuba, Haití, India e inclusive Guatemala y El Salvador.

La nueva realidad en Guatemala y en Centroamérica tiene un rostro migrante, no solo por la cantidad de personas deportadas, sino también por las que han retornado a sus países y por quiénes aún continúan huyendo de la dolorosa realidad. Guatemala se encuentra en una caída libre, y sin paracaídas, debido al aumento en el número de personas contagiadas por el coronavirus y los fallecidos en el contexto de la pandemia. El país fue el primero de la región en superar las 1,000 muertes por coronavirus.

Sobre el autor: Pidió anonimato para el presente trabajo debido a una situación de seguridad.

Crónicas saturadas: la saga de “El Salvador al revés”

Kevin Guzmán

Periodista

Desde su confinamiento, en el punto más álgido de la crisis por la Covid-19, el reconocido intelectual estadounidense, Noam Chomsky, declaró al movimiento DiEM25 que, superada la pandemia, una de las más graves amenazas que ha de afrontar nuestra generación es el deterioro de la democracia a nivel mundial. Deberíamos traer a Chomsky a Centroamérica para que note que, por primera vez, acá estamos más adelantados en algo. A la vanguardia de las hecatombes.

Y es que en los primeros 20 años del nuevo milenio, podemos afirmar que, en nuestra región, la democracia enfermó de gravedad y se encuentra en cuidados intensivos, conectada a máquinas para sobrevivir. El colapso ha tenido como fulminantes síntomas: el agravante de la corrupción institucional, golpes de Estado militares, los continuos abusos de poder y el infarto de las dictaduras modernas. Sin mencionar los impactos a la vulnerabilidad del territorio a causa de sendos fenómenos naturales.

Mientras tanto en El Salvador, las coyunturas han alcanzado, sin exageración, niveles cinematográficos. Para quiénes no estén al tanto de los hechos, a continuación, hilamos lo más relevante en esta saga de crónicas.

La Amenaza Cyan

En los últimos años luchamos por dejar de ser una nación presidencialista, y lo estábamos logrando. Pero eso cambió cuando Nayib Bukele entró a la ecuación, quien, tras abrirse paso con su monstruosa maquinaria de marketing político, llegó a los corazones del pueblo salvadoreño y al poder Ejecutivo.

Entonces, todo se centralizó. Los mercenarios de la social media contratados por Casa Presidencial se han encargado de implementar una estrategia mediática sin precedentes. Tomando como escenario principal las redes sociales, podemos afirmar que a ellos se les ha encargado la inverosímil misión del borrado de la memoria colectiva. Y van a pasos agigantados. Son los artífices de las “cajas chinas”, contenido “del bueno” en las redes, desde memes, hasta entramadas noticias falsas que sirven de telón para ocultar la realidad: la corrupción, los abusos de poder y la violencia estatal son cada vez más comunes.

Como es de esperarse, muy poca gente parece darse cuenta de esto, y las pocas voces disonantes en la palestra son acalladas por el linchamiento virtual. Pero, de eso hablaremos más adelante.

La tarde del 9 de febrero de 2020 (a lo que llamamos 9F), casi cruzamos la línea hacia una dimensión que creíamos superada: la “dictadura de nuevo tipo”. Un régimen de cara civil, con mando militar en las sombras. Por fortuna, no cruzamos el umbral, pero quedamos como atascados en un peligroso punto intermedio, difuso y peligrosamente ambiguo.

Ese día, el presidente Bukele irrumpió en el Congreso rodeado de decenas de militares, y apoyado por cientos de sus seguidores en las calles aledañas, quiénes vestían de cyan (color del partido GANA y Nuevas Ideas), con el claro objetivo de intimidar a los diputados y presionarlos para que le aprobasen 109 millones de dólares que le darían continuidad a su Plan Control Territorial.

Este plan secreto, abstracto e imposible de conocer para cualquier ciudadano de a pie, fue ejecutado en dos fases desde la llegada de Bukele al poder en junio de 2019, teniendo como principal característica el masivo despliegue militar y policial por el territorio nacional, así como el recrudecimiento del trato a los reclusos dentro de los centros penales, lo que trajo consigo una serie de acciones sistemáticas de represión que atentaron contra los derechos humanos de la población salvadoreña como no se había visto en décadas, desde los tiempos de la guerra civil de los años ochenta.

Las cosas se subieron de tono el 9F, tanto que se habla de un retroceso en la democracia. Y, aunque la crisis por la pandemia congeló ese sombrío monstruo que nos asechaba, quedó en evidencia el modo de gobernar de Bukele.

Para entenderlo en términos ilustrativos, imaginemos al Estado salvadoreño como un triángulo equilátero bidimensional. Con una tendencia a ser relativamente estable y funcional, con un sistema de pesos y contrapesos que permite un equilibrio de poderes. Bueno, ese era el Estado a.B. (antes de Bukele). Ahora, en el Estado d.B. (después de Bukele), el triángulo pasó a ser un tetraedro, una pirámide de tres caras. Monolítica y con una cima inalcanzable en la que el susodicho se coloca así mismo como Líder Supremo.

Dos de esas caras (órgano Legislativo y Judicial) no tienen futuro para él, son calizas y no llevan a ningún lado. Solo una cara (la del Ejecutivo) tiene escalinata hacia la cúspide, pero por ahí solo sube el Presidente. Nadie más. Él es el Ojo Que Todo Lo Ve, el Alfa y el Omega en las alturas. Parece chiste conspiranóico, pero es anécdota.

El Ataque de los Troles

Esta forma particular de gobernar, si bien no es dictadura per se, pues se le parece mucho. Como una monarquía medieval, pero con iPhone e internet 4G. Esta nueva forma de autoritarismo ha sido señalada por diversos organismos internacionales, entre los cuales destaca el Observatorio de Derechos Humanos (Human Rights Watch). Su titular, José Miguel Vivanco, ha dicho que este trato del presidente para con los demás órganos del Estado y sus adversarios, está a poca distancia de convertirse en una dictadura.

El Presidente no solo se aleja de abrir un debate serio en torno a los problemas fundamentales que aquejan al país, sino que opta por echarle más leña al fuego, generando conflicto, o lo que algunos youtubers llaman “el salseo”. Tan solo algunos improperios por Twitter le bastan para aniquilar en segundos a cualquiera que se atreva a contrariarlo. Acto seguido, se activan sus influencers y periódicos digitales a sueldo para reproducir el discurso. Finalmente, sus seguidores completan la lapidación acosando, insultando y denunciando cuentas. Así, elevan al mandatario al trono del trending topic al menos dos días por semana. Todo muy al estilo de Donald Trump, líder a quien Nayib dijo admirar mucho el día que se conocieron en una visita oficial.

La prensa comunitaria y alternativa, que no sigue las agendas gubernamentales, también ha sufrido ataques. Desde el descrédito público, hasta el maltrato en las conferencias, y pasando por el bloqueo económico; la relación del Presidente con el periodismo es pésima. Ser periodista se está convirtiendo en una ignominia. Con ese modelo a seguir, ahora gran parte de la población prefiere informarse en páginas de fake news que solo buscan desinformar, y, en cambio, condena el ejercicio periodístico que tan solo busca respuestas para el bien común.

El pasado 8 de julio, la periodista de la Revista GatoEncerrado, Julia Gavarrete, denunció públicamente -y ante la Fiscalía General de la República- que su residencia había sido allanada y desordenada en su ausencia, y que los intrusos extrajeron únicamente su computadora personal. A simple vista podría parecer obra de la delincuencia común, pero tomando en cuenta que Gavarrete se ha dedicado en las últimas semanas a la investigación específica de situaciones que involucran al Gobierno en actos de corrupción, ¿de dónde más podría provenir el motivo de cometer este acto delictivo? Aún no lo

La Venganza de los Virus

En medio de todo este inestable clima político, nos llega la pandemia del coronavirus. Y surgen las primeras medidas preventivas implementadas por el Gobierno para evitar que se propague como en otras naciones. El 11 de marzo, después de una cadena nacional de casi dos horas de monólogo, Nayib Bukele decretó emergencia nacional y cuarentena obligatoria. Esto es solo facultad de la Asamblea Legislativa, por lo cual no entró en vigencia hasta que la misma lo aprobó, el día 21 de marzo.

Se cerraron puertos, aeropuertos y fronteras dejando a miles de salvadoreños varados en diferentes partes del mundo; se suspendieron clases presenciales en todos los niveles educativos y quedaron suspendidas la gran mayoría de actividades económicas, a excepción de aquellas relativas a la salud, la información, la producción de alimentos y la distribución de servicios básicos (agua, energía eléctrica y telecomunicaciones). Estas medidas se extendieron por más de 80 días.

La Fuerza Armada jugó un papel clave en esta etapa. Teniendo ya un despliegue masivo producto del Plan Control Territorial, toda esa fuerza se enfocó ahora en doblegar a todo aquel que se atreviese a salir de casa. El Presidente (quien al tomar posesión como Comandante General hizo que el Ejército le jurara lealtad a él antes que al pueblo y a la Constitución), ordenó a sus soldados que “doblaran muñecas” y que hicieran “uso de la fuerza letal” de ser necesario. Esto causó alarma en todos los sectores pendientes de la salvaguarda de los derechos humanos, quienes una y otra vez fueron reducidos a nada en sus pronunciamientos.

La aprobación del Estado de Emergencia facultó al Ejército para privar de libertad a quienes fueran encontrados en la calle, para luego ser llevados a Centros de Contención. En las primeras horas de esta agresiva medida, fueron cientos los retenidos. En un punto hubo más confinados por “desobediencia” que por el mismo coronavirus.

En varios de estos centros -montados de manera improvisada en escuelas, canchas, casas comunales- se vivieron momentos oscuros de angustia y suma tensión, ya sea por la falta de atención médica integral o por causa del abuso de poder por parte de los cuerpos represivos. Tanto así, que algunas personas empezaron a compararlos con los antiguos campos de concentración de la Alemania nazi. Fue la organización popular de las juventudes dentro de algunos de estos centros la que hizo contrapeso para buscar el apoyo de la población en la restauración de sus derechos constitucionales.

La situación deplorable del sistema de salud pública ha sido tema de amplia discusión. En esto también, el Gobierno ha cometido desaciertos que han costado vidas. Mandar a construir un mega-hospital especializado, “el más grande de Latinoamérica”, en lugar de implementar metodologías que permitan el fortalecimiento de la red pública de los que ya están funcionando -más allá de solo pintarlos e iluminarlos para la foto-, ha sido una de tantas acciones refutadas por el Colegio Médico de El Salvador, una gremial que ha intentado en vano acercarse al Gobierno desde antes de la pandemia, para colaborar con sus conocimientos.

Antes que optar por el fortalecimiento e inclusión del personal médico propiamente salvadoreño, el Ministerio de Salud, ha preferido convocar médicos extranjeros para llenar los “espacios vacíos”. Al respecto, bien conocida fue la noticia de la solicitud de personal que hicieron a la Asociación Médica Nicaragüense. La solidaridad entre naciones es desde luego fundamental, pero, ¿acaso no hay suficiente capacidad instalada en El Salvador? O, ¿solamente lo hicieron para enviar al Colegio Médico el mensaje de “no los necesitamos”?

Aún con todo este control arbitrario ejercido desde el Gobierno por 83 días -y con la población respaldando las diferentes medidas hasta en un 50%, según la última encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA)- el impacto del Covid-19 no se detuvo. Las cifras oficiales registran (hasta el 06 de agosto de 2020 a las 09:00 a.m.) 19,126 casos confirmados y 513 personas fallecidas, al igual que 9,236 recuperadas. Y la curva de contagios sigue subiendo.

Una nueva esperanza
 

Contrario a lo que algunos intelectuales pseudo-divergentes opinan, el pueblo salvadoreño no es tonto. El pueblo se ha apropiado de las medidas de prevención e higienización (aún con la crisis hídrica encima). El pueblo observa y evalúa las acciones de sus gobernantes. La prueba de ello la encontramos, de nuevo, en el reciente estudio de la UCA, pues la aprobación del Gobierno bajó un 20% a raíz de la forma en que Bukele ha venido tomando decisiones que han tenido costos políticos, económicos y hasta de vidas humanas.

En esta etapa de “reactivación económica“, el pueblo en general sufre las secuelas de esta crisis en diferente intensidad, siendo los pobres los más afectados. Aunque el Gobierno recrudece sus acciones en detrimento de los derechos de la población menos favorecida, mucho se escucha en las calles y los cantones: “nosotros no trajimos el virus al país”. Afirmando esto, el pueblo se sacude los estigmas. Y argumentan que fueron las clases privilegiadas capaces de volar en avión, quienes se descuidaron. Así está hablando el pueblo en el arrabal, en el monte, fuera del glamour y el babel de las redes sociales. Ahora, muchos de ellos están recuperados y el pueblo sigue sufriendo, pero en dignidad, en resistencia.

La pandemia ha venido a bajar el telón para que nos asomemos a la realidad virtual en la que nos han intentado sumergir. Mucho se habla de construir “nuevas normalidades”, pero ¿qué es la normalidad, sino un acto violento? Si, lo es. Porque una gran carga de violencia debe existir para que las cosas funcionen de la forma en que lo hacen y en favor de quienes manejan los hilos. Dicho eso, ciertamente podemos afirmar que las cosas no volverán a la normalidad.

Sobre el autor: Periodista independiente que ha colaborado desde el 2011 con el movimiento de radio y televisión comunitaria en El Salvador. Es productor audiovisual y documentalista. Impulsor de procesos formativos en comunicación alternativa y popular, en comunidades y universidades del país. Miembro de la Asociación “Kolectivo San Jacinto” de Cine Comunitario.

Puede seguirlo en: @KevsGuzman

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Fotografía de Reuters por Jose Cabezas

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Fotografía de Presidencia de El Salvador

La Honduras impune y con hospitales colapsados

Marcia Perdomo

Periodista

Ana María es hondureña, tiene 26 años de edad, es madre soltera y su hija tiene dos años. Con la llegada de la Covid-19 y el cierre de los comercios en el país, sus ingresos mensuales (de casi $300 dólares) disminuyeron en más de un 50%; ahora, para poder cubrir sus gastos, tiene que planchar ropa ajena. Conservó su trabajo de forma parcial, sin embargo, no toda la ciudadanía en Honduras ha tenido la misma “fortuna”, y, según estimaciones del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), unos 300 mil hondureños perdieron su empleo en el 1er semestre del 2020.

La pandemia exacerbó la desigualdad y la pobreza en la que viven más de 5 millones de hondureños, y con ello incrementó aún más la inseguridad alimentaria que viven miles de familias y colectivos vulnerables. Además, en los principales mercados del país se han reportado incrementos en los precios de los granos básicos (maíz, frijoles y arroz) y, aunque el Gobierno impuso un congelamiento a la canasta básica (valorada en $351 dólares), la especulación de precios está a la orden del día.

Oxfam señala en su informe “‘Aquí lo que hay es hambre’: Hambre y pandemia en Centroamérica y Venezuela”, que: “Al comparar la seguridad alimentaria entre agosto de 2019 y junio 2020, observamos que el hambre se ha agudizado para las familias de la región (centroamericana) y las perspectivas para los próximos meses apuntan a una profundización de la crisis. El número de hogares en situación de inseguridad alimentaria severa ha aumentado un 12%. Esto implica que las familias tienen una dieta basada en 5 o menos grupos de alimentos, que generalmente son maíz, frijol, azúcar, aceite y café”.

Sumado a esto, el documento de Oxfam apunta que “las casas con mujeres como cabeza de hogar resultaron tener 26% menos ingresos que la media; y de estas, más de la mitad se encontraban en inseguridad alimentaria y nutricional moderada o severa. Es decir, padecían hambre”.

Una “Honduras Solidaria” no tan solidaria

El Gobierno de Honduras asegura que unas 564 mil familias vulnerables fueron beneficiadas en dos ocasiones con la Operación “Honduras Solidaria”, cuyo objetivo sería entregar alimentos y productos de higiene personal a unas 800 mil familias que están siendo afectadas por la emergencia sanitaria. No obstante, el proyecto es cuestionado por su falta de transparencia en los procesos de compras y entrega a las familias beneficiarias; así como infructuoso en la consolidación de la seguridad alimentaria de los grupos afectados durante la pandemia.

En palabras de Alejandro Kafati, economista del FOSDEH: “Las transferencias municipales entregadas no han solucionado el problema de las comunidades. Hoy por hoy, la única intervención que ha hecho el Gobierno de la República es una transferencia municipal de 335 millones de lempiras para destinar a la seguridad alimentaria, que no representa más de 500 lempiras por familia. Sabemos que la falta de alimentos nos va a llevar día a día a un conflicto social, que va agudizar aún más los impactos económicos y sociales dejados por la Covid-19”.

Del 16 de marzo al 22 de julio del 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Honduras documentó 434 protestas en 72 municipios, de las cuales 153 tienen como motivación exigir alimentos, 74 solicitar el regreso al trabajo y otros 74 pedían el pago de bonos estatales, entre otras exigencias de la ciudadanía para el Estado.

Oxfam subraya en su informe​ ​que “el Estado hondureño ha aprobado un presupuesto importante para responder a la crisis, pero su gestión ha estado marcada por problemas en la transparencia, rendición de cuentas y acusaciones de corrupción y favoritismo político, dejando a muchas personas con ayuda insuficiente o fuera de estos programas”.

Una agricultura golpeada, por la pandemia y la corrupción

Al analizar las causas en el incremento de los precios de granos básicos durante la emergencia, es importante señalar que no solamente se trata de un acaparamiento por parte de terceros, sino que también es el resultado de la sequía que dañó entre el 50% y el 60% de la producción de granos básicos que se sembraron para cosechar en la primera quincena de agosto de 2019.

El panorama no es alentador en 2020. Si bien la temporada lluviosa ha sido generosa, contrario a 2019, la producción para este año enfrenta grandes retos ligados a la reducción de los ingresos de los agricultores acentuada por la pandemia, y las restricciones de movilidad.

Raúl Velásquez es un agricultor que vive en la zona central de Honduras. El año pasado perdió la mitad de su producción de maíz a causa de la sequía. Este año considera que la temporada lluviosa le permitirá sacar adelante la producción, sin embargo, señala que otros productores enfrentan problemas debido a la reducción de ingresos que experimentan producto de la crisis sanitaria.

“Muchos no sembraron por no tener cómo preparar el suelo. No tenían dinero para las semillas y peor para la compra de fertilizantes. Los precios de la comida se dispararon, al punto que comprar Maseca es más barato que comprar una libra de maíz. Otros tuvieron que asociarse con otra persona para poder sembrar”, explica Velásquez.

Al preguntarle sobre la asistencia gubernamental para los agricultores, respondió: “Eso solo es en la televisión. Hablan de créditos y el dinero se lo dieron a los empresarios que ya están visitando a los agricultores, ofreciendo no dinero, sino que insumos y no al 8.7%, sino que al interés comercial”.

“Existen empresas que ofrecen créditos en insumos, como semillas, fertilizantes, herbicidas, insecticidas; pero no están tomando en cuenta que se necesita combustible, mano de obra y repuestos”, declara Velásquez.

Mientras los hospitales y el país colapsan, la corrupción se impone

Al 06 de agosto, la Secretaría de Salud reporta 45,098 hondureños contagiados con Covid-19, de los cuales 6,116 se han recuperado y 1,423 han fallecido. “Hemos rebasado la capacidad instalada para atender los pacientes con Covid”, advertía a través de un tuit el pasado 6 de junio la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, especialista en Medicina Interna y Neumología, quién confirmó la muerte de 31 médicos en el contexto de la pandemia.

Honduras cuenta con un deficiente sistema de salud que en 2019 escasamente pudo hacer frente a la epidemia de dengue que reportó 112,708 casos y cobró la vida de 266 hondureños, y, que, para la segunda semana de febrero de 2020, ya reportaba 7,084 nuevos casos y 13 muertes.

De acuerdo al reporte “Plan de Respuesta Humanitaria Covid-19 Honduras“, publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la epidemia del dengue en 2019 “develó la baja capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud y en especial de las Redes Integradas de Salud. Caracterizada por el número insuficiente de recursos humanos (médicos, enfermeras y promotores de salud), una distribución deficiente e inadecuada de los mismos en atención primaria, bajo porcentaje de medicamentos y suministros en establecimientos de salud, poca disponibilidad de herramientas y equipos para diagnóstico y tratamiento oportunos”.

¿Exactamente con qué equipo cuenta la estructura sanitaria de Honduras para enfrentar la Covid-19? El mismo informe manifiesta que según proyecciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se cuenta con alrededor de 8,000 camas y 37 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), con una ocupación de más del 70% tanto en la red hospitalaria pública como privada, para una población de 9,3 millones de hondureños. El informe subraya el “gran desafío” que estos números representan para atender la emergencia. Todo esto recalcando que el “15% de los casos confirmados por laboratorio (Covid-19) corresponden a trabajadores de la salud”.

El 6 de julio del corriente año, el CMH lamentó, a través de un comunicado, “la muerte de más de 12 médicos y muchos más compañeros del sistema de salud, quienes no recibieron a tiempo y adecuadamente el equipo de bioseguridad personal”. A su vez, dicho comunicado condenaba el actuar del Estado y Gobierno al comprar equipos “que no cumplían los estándares de seguridad”. Desde la fecha hasta el 06 de agosto, el número de trabajadores de la salud fallecidos ascendió a 31.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció en su informe​ “La Corrupción en Tiempos de Covid-19: Parte VII: La trampa mortal de la bioseguridad estatal” que “la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) e Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) adquirieron mascarillas no certificadas para proteger a los seres humanos del contagio por la Covid-19”.

Esto se suma a una serie de actos irregulares en la adquisición de equipo, como la compra de ventiladores mecánicos de transporte que no eran idóneos para el tratamiento de pacientes con Covid-19 y que a su llegada a Honduras resultaron estar incompletos, y que actualmente se encuentran almacenados en una bodega del Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP), según reportó el CNA en su tercer informe “La Corrupción en Tiempos de Covid-19“. Todo esto sin adentrarnos en la opaca adquisición de siete hospitales móviles de aislamiento por parte de INVEST-H a petición de la Secretaría de Salud por un monto de $47,462,500 dólares. Bien dice el refrán: A río revuelto, ganancia de pescadores“.

Un sistema de salud golpeado, no solo por el virus

El sistema sanitario de Honduras se encuentra operando más allá de su capacidad. De acuerdo al 12 informe de la ONU sobre Honduras y la pandemia, los principales centros hospitalarios tienen una ocupación de hasta un 145%, con el 40% del personal médico contagiado. Esta presión para el sistema de salud provoca una reorientación de recursos y personal para la atención de la pandemia, reduciendo la capacidad de servicio en otras áreas de atención básica para pacientes que no están contagiados por Covid-19.

Ese es el caso de Karina, quien vive junto a su abuela de 76 años en Tegucigalpa; mensualmente visitan el centro de salud más cercano para recoger el medicamento controlado de su abuela, quien padece de rinitis alérgica. Durante su visita a mediados de julio, el personal de salud, tras tomar la presión y verificar que estaba en los rangos aceptables, les solicitó que dieran el cupo a otro adulto mayor. Ambas abandonaron las instalaciones sin receta y sin medicamento.

La historia de Karina y su abuela se repite en áreas más delicadas, como los servicios de diálisis en pacientes con insuficiencia renal y la asistencia en salud sexual y reproductiva, especialmente de salud materna y neonatal, incluyendo la planificación familiar.

La presidenta del CMH, Suyapa Figueroa, alertó: “Los enfermos renales claman por atención. La mortalidad en estos pacientes se ha incrementado exponencialmente, no solo por los contagios por su alto riesgo, sino por la disminución del número de diálisis”.

Entre mediados de mayo y finales de junio, los pacientes renales, junto a sus familiares, se vieron obligados a protestar y hacer llamamientos al Estado y a la empresa que presta los servicios, debido a un descenso en el número de sesiones de hemodiálisis semanales, provocando el incumplimiento del tratamiento del que depende la supervivencia de estos pacientes. De igual forma, Médicos Sin Fronteras advirtió sobre la importancia de mantener los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, y de esta forma evitar un incremento en la mortalidad materna y neonatal.

A esto se suma la relevancia de que las medidas de confinamiento no afecten los servicios de inmunización y así evitar futuros brotes epidémicos. La Secretaría de Salud de Honduras reporta una cobertura de vacunación del 60% a nivel nacional, pero la meta a alcanzar es de un 95%.

Para hacer frente a todos estos desafíos, el reporte señala la trascendencia de una reorganización de los servicios que están bajo el mando de la Secretaría de Salud a nivel nacional. No solamente en los principales hospitales, sino también en zonas con poca capacidad de respuesta, como Gracias a Dios, Choluteca, Islas de la Bahía, El Paraíso, entre otros; y, de esta forma, que se permita salvar el mayor número de vidas que sea posible, ya sea por Covid-19 o por consecuencia de la Covid-19 (falta de atención a otras enfermedades).

¿Hacia dónde vamos?

Los problemas que enfrenta Honduras hoy, no son nuevos. La pandemia exacerbó en un cien por ciento las dificultades que ya conocemos y que hemos escuchado durante años a través de la radio y televisión; o leído a través de los diarios.

La clase trabajadora que ayer tenía módicos ingresos para ir a consulta con el médico privado, hoy hace largas filas en busca de atención en los hospitales públicos. Claro está que la solución nunca fue privatizar la salud y hoy sufrimos las consecuencias de una baja inversión en la salud pública.

Honduras pasó de ser el “granero de Centroamérica” a depender de una notable importación de granos básicos; y sí, es cierto que el cambio climático juega un importante rol en el descenso de producción agrícola hondureña, pero no vemos al gobierno reaccionar en busca de soluciones reales a una problemática que irá incrementándose y cuyos dolientes se multiplicarán y demandarán soluciones.

A lo largo de décadas, los gobiernos de turno se dedicaron a parchar la problemática en seguridad alimentaria, agricultura, salud, entre otros; sin ningún interés en buscar una solución contundente basada en la realidad que vivimos como nación. En cambio, vemos que la corrupción va en alza y que sus infames autores perdieron hasta la vergüenza.

Cincuenta y un años han transcurrido desde la publicación del poema “Los Pobres” del autor hondureño Roberto Sosa; el poema que muchos aspirantes a políticos utilizan para inferir al pueblo que ellos entienden su problemática. Sin embargo, los pobres siguen siendo muchos y una vez pase la pandemia sus necesidades continuarán siendo invisibilizadas. Al final dependerá de la acción decisiva de la ciudadanía para solventar la problemática que amenaza con asfixiar a la gran mayoría.

Fotografía de AFP por Orlando Sierra

Sobre la autora: Periodista hondureña cuyo trabajo ha estado orientado al impacto de políticas públicas en la vida de las mujeres y de las comunidades vulnerabilizadas del país. Cuenta con más de 10 años de experiencia y ha laborado para la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Revista Estilo, Diario El Heraldo, entre otros medios y organismos.

Puede seguirla en: @marcia_hn

Una Nicaragua sin curva ni horizonte

Jairo Videa

Periodista

Mientras la clase política del país discute sobre unidad y cuál es la casilla “más limpia” para futuros comicios electorales, y por otro lado Daniel Ortega se mofa de sus acciones ante la Covid-19 y encabeza lo que parecía ser un “aquelarre revolucionario contra la pandemia y el imperialismo”, la ciudadanía sigue sin entender cuál es el rumbo de la nación y hacia dónde nos podrían llevar los actos pirómanos de Murillo. Pero, en medio de tanto, surge la pregunta: ¿ahora qué?

Es sumamente difícil definir lo que se avecina para Nicaragua, pero, analizando las medidas que ha tomado el Gobierno y la negligencia que sobresale de las instituciones del Estado, se puede divisar un pronóstico: más casos de coronavirus, muerte, desempleo e inclusive una nueva ola de retornados y desplazados. Sin duda alguna Nicaragua, bajo el mandato de Ortega, poco a poco ha construido una bomba de tiempo que podría estallar justo antes de las Elecciones de 2021, a conveniencia del dictador.

¿Cuál es el destino de Nicaragua bajo esta nueva realidad? ¿Qué está pasando en el país con el peor manejo de la pandemia en Centroamérica? ¿Cuándo terminará esto?

Unidad, para quienes se portan bien

La crisis humanitaria y sociopolítica iniciada en abril de 2018, debido al actuar criminal por parte de la pareja presidencial y el Estado, ha sumergido al país en una catástrofe económica, migratoria, social, de derechos humanos, política e inclusive cultural, la cual empeoró con la llegada del Cobvid-19. Nicaragua aumenta cada día no solo su curva de contagios por coronavirus (la cuál jamás ha sido admitida, o al menos graficada, por el Estado), sino también su nivel de desesperación en la ciudadanía, quienes aún muestran esperanza en una solución política a la mayoría de males que agobian el día a día de la nación.

La clase política del país (entiéndase con esto la vieja, la no tan vieja y la nueva escuela) centralizada en la oposición, movimientos y partidos políticos, anunciaban hace un par de meses el inicio de un proceso de unidad para exigir justicia, democracia y libertad, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en un “dime que te diré” de las y los actores recurrentes en la historia reciente de Nicaragua.

Para muchos, dicho proceso se ha visto afectado por los intereses personales o colectivos de algunos y por la pérdida de un objetivo nacional, que pasó de tener un fin humanitario a tener uno democrático-electoral.

La Directora del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) lucha por una nueva Nicaragua sin “izquierdas cómplices”; la Coalición Nacional busca consolidar una “unidad sin exclusiones”; los jóvenes no partidarios buscan una agenda “no partidaria”; la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) “sondea temas fundamentales”; y la ciudadanía sigue leyendo en las redes sociales los problemas, de confianza, unidad e inclusive de objetivos, que se le presentan a la oposición para “enfrentar” a Daniel Ortega en las próximas elecciones. Y es ahí en dónde, para muchas y muchos, todo pierde sentido. ¿Se terminó la lucha por la justicia y por reformas electorales? ¿En verdad se “había acabado lo viejo”?

El actuar de muchos grupos y movimientos opositores se resume en “unámonos, pero bajo mis reglas”. El juego político en Nicaragua una vez más se basa en “quién se porta mejor y acepta las agendas políticas del más poderoso en el grupo”, lo que deja un estado de desesperanza en la población.

Según la última encuesta de CID Gallup, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), miembro de la Coalición Nacional, se perfila como la segunda fuerza política en el país, pero, si esto demuestra el nivel de credibilidad y apoyo que la ciudadanía tiene en dicho colectivo, ¿por qué es tan difícil priorizar el bien del país y no los intereses particulares?

Hoy más que nunca es necesaria la unidad, como lo ha demostrado el gremio médico del país, quiénes, a pesar de sus limitantes, riesgos políticos y de salud, han unificado sus fuerzas para denunciar, proponer y actuar.

El “tranquilo” paseo del coronavirus por Nicaragua

Mientras la oposición “define” sus procesos de unidad y sus propias agendas, Daniel Ortega da su brazo a torcer y, tras casi 40 días de ausencia, apareció con mascarilla, pero trajo consigo un mundo paralelo en donde parece ser que el coronavirus solo da un tranquilo paseo por el país.

El discurso que el mandatario dio en el acto de “celebración” de los 41 años de la Revolución Sandinista (evento plagado de esoterismo y aparentemente inspirado en una escena de American Horror Story: Coven) se basó en las afectaciones de la pandemia en otros países, pero a duras penas se mencionó la cifra de muertes por coronavirus en Nicaragua (según los datos admitidos por el MINSA). Ni medidas, ni afectaciones, ni números concretos o estrategias a futuro; Ortega guardó silencio, una vez más, sobre la pandemia y sus acciones ante la misma.

Según el último comunicado del Ministerio de Salud (MINSA), hasta el 04 de agosto se han confirmado 3,902 casos de Covid-19 y 123 personas han fallecido por el virus en el país. Por su parte, el Observatorio Ciudadano reporta, hasta el 29 de julio, 9,044 casos confirmados y 2,537 personas fallecidas por coronavirus en Nicaragua. El MINSA sin duda alguna se ha convertido en la principal fuente de desinformación sobre Covid-19 debido a que los datos que presentan son confusos, no detallados y carecen de información que permita analizar las afectaciones de la pandemia en el país.

En el mundo fantasioso de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, el coronavirus no afecta tanto a Nicaragua “por la gracia de Dios y por la labor del buen Gobierno de Unidad Nacional”. La pareja presidencial busca imponer una “normalidad” que poco a poco mata a más nicaragüenses.

Otro rasgo importante en el “mundo paralelo” de Ortega es que, en la Nicaragua “bendita” que él gobierna, no hay necesidades primarias y mucho menos una crisis económica. El mandatario no ha ordenado ninguna medida social, política, económica o de salubridad para mitigar la pandemia y sus efectos en el país. En cambio, Ortega ha ordenado que: el MINSA cobre $150 dólares por la realización de pruebas de Covid-19 para las y los nicaragüenses que deban cumplir ese requisito para poder viajar al exterior; se dolarice y quintuplique el costo de los trámites migratorios en el país. Con estas medidas el MINSA se convierte en la primera institución pública de Centroamérica en cobrar a la población de su país por las pruebas en plena pandemia.

Basadas en la raíz de lo antónimo, carentes del conocimiento científico y de misericordia, los Ortega-Murillo ha implementado una serie de medidas para combatir, o estimular, la pandemia en Nicaragua: aglomeración de personas, visitas casa a casa, la no suspensión de clases, estadios abiertos, la prohibición del uso de equipos de protección y prevención, despido de médicos, desinformación, modificación de diagnósticos y actas de defunción, ciclos escolares presenciales, entre otras disposiciones que dejan claro el objetivo de la pareja presidencial: que el virus siga vacacionando en el país.

2021, o más allá…

La esperanza de una gran parte de la ciudadanía está puesta en una solución política; muestra de ello son las últimas encuestas en el país y los debates constantes en las redes sociales sobre la coyuntura nacional. Pero, al final del día, ¿cuál es esa solución política? Sin duda alguna, para los actores de siempre, es de carácter democrático-electoral.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) publicó una resolución sobre la ampliación del plazo de los partidos políticos del país para obtener su personalidad jurídica. La oposición denunció que esto se trata de una maniobra “inconstitucional” por parte del Poder Electoral de Nicaragua ya que la Ley Electoral establece que “para la presentación de candidatos, los partidos políticos deberán haber obtenido su personalidad jurídica al menos doce meses antes de la fecha de las elecciones de autoridades nacionales y seis meses para las restantes”. El comunicado publicado por el CSE no cuenta con un peso legal y constitucional, pero nos deja analizar las posibles intenciones de Ortega.

¿Se desarrollarán elecciones el 7 de noviembre de 2021? ¿Ortega intenta conseguir nuevos aliados que se unan a sus comicios? ¿Quiénes jugarán en el tablero de Ortega sin reformas electorales profundas que garanticen la debida transparencia?

La UNAB, ACJD e incluso la Coalición Nacional mantienen sus posturas de: sin reformas no se debe ir a elecciones. Sin embargo, el mensaje por parte de Ortega, a través del CSE, fue claro: le interesan los partidos, y quiénes desean serlo. La ciudadanía comenzó el debate sobre quién, o quiénes, se unirían a unos comicios sin reformas y sin garantías mínimas. Cabe resaltar que la “oportunidad” del CSE sigue abierta (aunque no es legal), y solo falta leer en los titulares de los medios, o en las cuentas de Twitter, quiénes fueron los primeros, y los que siguieron.

Aunque el CSE mencionó en su comunicado que las elecciones se desarrollarán el 7 de noviembre de 2021, la última palabra la tienen los Ortega-Murillo. ¿Usarán el tiempo y el contagio a su favor para cancelar a última hora las elecciones? ¿Celebrarán los comicios y usarán las mismas mañas? Otros aspectos preocupantes, si se llegarán a dar las elecciones en 2021, son el estado de la nacional en cuanto a seguridad, participación ciudadanía y salubridad. En el 2017 fallecieron 7 personas en el contexto de la violencia electoral.

En el contexto electoral, también se debe tomar en cuenta que en la actualidad el número de contagios por Covid-19 va en aumento, aunque el Estado comunique lo contraría. El Observatorio Ciudadano contabilizaba, hasta el 29 de julio de este año, 9,044 casos y 2,537 muertes por coronavirus en el país; por su parte, el MINSA solo reconoce 3,092 casos y 123 muertes por Covid-19, hasta el 04 de agosto de 2020.

No tiene otro nombre: negligencia y corrupción

No es la primera vez (y lamentablemente tampoco la última) que Ortega y su gabinete son negligentes ante las necesidades y golpes de la sociedad nicaragüense. Fueron negligentes y despiadados con los estudiantes, con las madres de las personas asesinadas en su Gobierno y con las personas que necesitaban atención médica durante los ataques de sus paramilitares y Policía; son negligentes con las y los nicaragüenses que están regresando al país a consecuencia de la pandemia; han sido negligentes con los familiares de Elea Valle, asesinados y enterrados en una fosa común; fueron negligentes durante la pandemia de gripe A (H1N1). Y seguirán siendo negligentes con toda la ciudadanía.

Pero la negligencia no es la única herramienta de Ortega en el manejo de la pandemia de Covid-19. Hasta la fecha, Ortega no ha rendido cuentas sobre las donaciones que varios países y entidades internacionales han entregado a Nicaragua; ejemplo de ello son las pruebas donadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Hasta el día de hoy la población no sabe en manos de quién o quiénes están las pruebas, mascarillas, máquinas y demás insumos, donados o comprados, para mitigar la pandemia. El Gobierno de Ortega no solo cobra por pruebas, sino que también no rinde cuentas sobre ellas.

Comunidades que no existen para el Estado

Daniel Ortega, en sus últimas comparecencias, ha ignorado por completo a las comunidades más vulnerabilizadas del país, quiénes, según sus anteriores campañas presidenciales, son el centro de su Gobierno. El mandatario ha omitido por completo los crímenes que se han cometido en la Costa Caribe y en las comunidades indígenas del país durante los últimos meses.

Las instituciones del Estado, principalmente aquellas que deberían estar en la primera línea de lucha contra el coronavirus, desconocen, y hasta evitan, la realidad de los más desfavorecidos. En la Costa Caribe del país, más de 10 comunidades se han autoconfinado ante el actuar negligente por parte del Estado y el aumento de los casos de coronavirus en el país. Las comunidades más vulnerabilizadas, entre ellas las comunidades indígenas, las mujeres, las personas con discapacidad y la niñez y adolescencia, han sido las más olvidadas por el Estado ante la emergencia de Covid-19.

¿Ahora qué?

Lo único seguro en Nicaragua es el aumento en el número de personas contagiadas por Covid-19, la continua negligencia por parte del Estado, la caída de la economía, el aumento del desempleo y la pobreza, las discusiones e impasse de la oposición y el retorno o desplazamiento de más nicaragüenses. Se lleven a cabo o no las elecciones en noviembre de 2021, Nicaragua y su ciudadanía deben adaptarse y sobrevivir a una nueva realidad y a una crisis múltiple. El futuro del país es incierto, pero el rumbo no parece ser muy alentador. ¿Qué se debe hacer?

Sobre el autor: Periodista independiente basado en Nicaragua. Es fundador y actual Director Ejecutivo de Coyuntura. Cuenta con más de cinco años de experiencia en comunicación, periodismo, derechos humanos y producción para medios independientes. Realiza investigaciones y artículos sobre política, seguridad, movilidad humana, corrupción y comunidades vulnerabilizadas.

Puede seguirlo en: @AntonyoVE

Israel Vallejos

Periodista

Costa Rica, la tierra del “pura vida”, sobrevive, al igual que el resto de Centroamérica y el mundo, a una coyuntura caótica y a un golpe económico, social y de salud que se ha agravado en las últimas semanas. Pero, ¿estaba lista Costa Rica para enfrentar una situación como la actual?

Antes de la pandemia de Covid-19 el país ya convivía con una coyuntura critica pues las cifras del déficit fiscal, el desempleo y la pobreza en el país eran alarmantes, y por ende la nación se encontraba en una situación económica no muy buena.

El déficit fiscal en enero de este año era superior al 6% de Producto Interno Bruto (PIB), y, si bien ya había acciones para contrarrestar esto, la pandemia redujo aún más los ingresos, pero aumento los gastos del país. Según las estimaciones de la calificadora Moody’s, el déficit financiero crecerá al 8,1% del PIB al cierre del 2020, mientras que el Estado prevé un déficit fiscal mayor al 9% a consecuencia del coronavirus.

Carlos Alvarado, Presidente de Costa Rica, en cadena nacional anunció medidas extraordinarias, entre ellas la presentación, ante la Asamblea Legislativa, de propuestas que reducirán el gasto público en alrededor de 355 mil millones de colones. Esto equivale a 1% del tamaño de toda la economía nacional (o PIB) y será el mayor recorte del gasto público en la historia.

En el contexto de la pandemia, Costa Rica es uno de los países con la menor cantidad de muertes por Covid-19 en el mundo y posee la menor tasa de letalidad por coronavirus en la región. ¿Qué está haciendo bien?

En la estrategia del país centroamericano se destaca el papel de los EBAIS (Equipos Básicos de Atención Integral en Salud) -centros de atención primaria para la Covid-19- y la disciplina y responsabilidad con la cual ha respondido gran parte de la ciudadanía costarricense. Además, el país ha contado históricamente con unsistema de salud universal, robusto y con una cobertura de aproximadamente el 95% de la población. Esto ha contribuido a que la esperanza de vida en el país llegue a ser de 79,6 años y se ubique en las más altas del mundo, tal y como lo ha indicado la OrganizaciónMundialde la Salud (OMS).

A pesar de ello, Costa Rica actualmente se enfrenta a un alza en el número de contagiados por el virus (aunque menor en comparación con otros países de la región), que pone en riesgo la capacidad hospitalaria y de cuidados intensivos. Según el último informe del Ministerio de Salud (05 de agosto de 2020), ya existen 20,417 casos confirmados y 191 personas han fallecido por coronavirus.

El gran acierto (a pesar del alza) para mantener controlado el virus, fue basar las decisiones y acciones en la evidencia científica, privilegiando la preservación de la vida y la protección de la salud sobre cualquier otro tema, incluido los políticos. Antes de ser declarada una pandemia, Costa Rica ya tenía mucho camino avanzado en la mitigación del virus y sus efectos en la vida como la conocíamos. De manera hábil, el Presidente, posicionó a Daniel Salas, Ministro de Salud, como líder en la preparación y respuesta ante la Covid-19.

La nueva normalidad del “pura vida”

Las autoridades, sectores, organizaciones y ciudadanía, le apuestan a la llamada “nueva normalidad”, la cual consiste en mantener el distanciamiento social, el frecuente lavado de manos, y el uso de mascarillas y protectores faciales como parte del diario vivir, siendo hasta parte ya del tipo de vestimenta que se pueden llegar a usar para diversas actividades. recreativas, laborales y sociales.

Las empresas, comerciales, restaurantes, hoteles y todo tipo de locales, públicos y privados, han solicitado su reapertura, siguiendo las medidas de bioseguridad y distanciamiento recomendadas por los especialistas. La estrategia de apertura se dirige hacia una nueva normalidad en donde el sector privado pueda trabajar, pero con el compromiso de aportar y ejecutar las medidas sanitarias ideales.

El país cuenta con un Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo y con toda una estructura operativa y técnica que se despliega a partir de la declaratoria de alertas o estado de emergencia ante un evento adverso. De esta manera, tres días después de la aparición del primer caso en el país, se activó el Centro de Operaciones de Emergencia y más de una decena de mesas técnicas sectoriales.

Además, las autoridades ampliaron a nivel país, una circulación vehicular especial que va de lunes a domingo de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. que consiste en que, según la terminación de placas, no puede transitar quedando de la siguiente manera: lunes: 1 y 2, martes: 3 y 4, miércoles: 5 y 6, jueves: 7 y 8, viernes: 9 y 0, sábado: 0, 2, 4, 6 y 8 y domingo: 1, 3, 5, 7 y 9. En este caso, si el auto es vital para la movilidad a centro laboral, el jefe puede hacer una carta respaldando el uso del auto para su colaborador.

Mientras que, en el transporte público, se dio la orden de trabajar solo a un 50% de capacidad de buses siendo el uso de mascarilla o careta totalmente obligatorio, así como totalmente prohibido viajar personas de pie en el transporte público. Situación que obliga a la gran parte de la población al uso de protección para viajar en transporte público y tomar en cuenta que todas las rutas de transporte mantienen horarios especiales para garantizar también su sostenibilidad económica.

Asimismo, se ha iniciado un plan de recibimientos de vuelos desde la Unión europea y Canadá. Dichos vuelos según el Ministro de Turismo, Gustavo Segura, solo representan el 1% de la cantidad que se recibe para una época normal pero este plan y protocolo, serán ideales para ir poniendo en funcionamiento de manera gradual el turismo internacional y salidas del país.

Con esa línea de reapertura responsable, se ha iniciado un protocolo de turismo nacional que consiste en reabrir playas de 5:00 am hasta 2:30 pm con estricto apego a realizar paseos en burbuja social (familia que convive bajo un mismo techo). De la mano de esas medidas, se han habilitado las actividades al aire libre como surf, paseos en balsas, senderismo y visita a parques nacionales. Siendo estas medidas lo que llama el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), “gotitas de esperanza” para los comerciantes, hoteleros y empresarios que dependen del turismo, mismo que antes de la pandemia representaba 10% del PIB.

Todas estas medidas, son parte del nuevo “pura vida” en Costa Rica, donde las mascarillas, lavado de mano, distanciamiento social, y el alcohol en gel son parte de la normalidad, de llamada nueva normalidad. Pero, surge la duda si es sostenible con el tiempo pues algo que ha demostrado la pandemia en Costa Rica, es que en cuestión de días todo cambia provocando adaptación colectiva en la sociedad.

Sobre el autor: Comunicador y periodista en la región Huetar Norte de Costa Rica. Actualmente colabora en el medio de comunicación La Región. También ejerce su labor como defensor de derechos humanos.

Puede seguirlo en: @IsraVallejos

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Fotografía de AFP por Ezequiel Becerra

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