Tegucigalpa. Tardó más de cinco años, pero la justicia de Honduras se acordó de la ambientalista Berta Cáceres al declarar hoy culpable de su asesinato al presidente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Roberto David Castillo Mejía.

Castillo Mejía ordenó matar a Cáceres, según los tribunales hondureños, para dejarle el paso libre a DESA en sus operaciones en el río Gualcarque, en tierras pertenecientes al pueblo originario lenca en el departamento de Intibucá, occidente de Honduras.

El presidente de DESA ordenó supuestamente cometer el asesinato de la defensora de territorios Cáceres el 3 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá, de acuerdo con la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, la cual reveló “el cruce de mensajes y llamadas” de Castillo con los hechores del crimen, entre ellos el condenado Douglas Geovanny Bustillo.

Una vez obtenida la sentencia contra Castillo Mejía, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (​Copinh), fundado por Berta Cáceres, dice en un comunicado emitido hoy que la “causa Berta Cáceres se encamina a llevar ante la justicia” a miembros de la familia Atala como “autores intelectuales” del asesinato de la ambientalista.

Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala son los señalados por el Copinh en el comunicado como autores intelectuales del crimen contra la defensora de territorios.

“Este fallo condenatorio significa una victoria popular no sólo para el Copinh, el pueblo lenca y la familia de #BertaCaceres”, publicó en Twitter el Copinh minutos después de haberse emitido la sentencia contra Castillo Mejía.

Cancelar la concesión sobre el río Gualcarque y procesar a todxs lxs involucradxs en esa concesión exige además el comunicado del Copinh.

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