Por: Redacción CRITERIO.HN

Tegucigalpa.-  La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras alertó sobre el hostigamiento policial y levantamiento de perfiles que realizan elementos de las fuerzas públicas contra las defensoras y defensores del pueblo garífuna, indígenas y feministas que integran el campamento feminista Viva Berta.

El campamento tiene como propósito exigir justicia para Berta Cáceres y dar acompañamiento al juicio contra David Castillo, gerente general de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), por suponerlo responsable a título de autor intelectual del asesinato de la ambientalista y defensora de derechos Humanos.

La coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, Yessica Trinidad, compartió con Criterio.hn que miembros de la Policía Nacional «han estado tomando video y fotografías de las defensoras y defensores que están permanente aquí en el campamento. Denunciamos que estas acciones vulneran la vida de las defensoras de derechos humanos que están participando en el campamento».

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Trinidad explicó que esta situación se intensificó el martes 11 de mayo cuando se instauró el campamento de forma permanente con el arribo y acompañamiento de personas de las comunidades lencas, garífunas, chortís, tolupanes y mestizas.

«Para nadie es desconocido la situación de riesgo que se vive en este país. Así como Berta hace más de cinco años fue vigilada, perseguida y hostigada por la policía, pero también por empresas. También sabemos nosotras que usan eso para poder levantar perfiles de quienes estamos acá y eso pone en riesgo la vida de compañeras y compañeros», señaló la coordinadora de la Red Nacional de DD.HH.

La extracción realizada al teléfono celular de Douglas Geovanny Bustillo, uno de los siete condenados por el crimen material de Cáceres, vincularía a David Castillo en actividades de seguimiento contra la ambientalista asesinada en marzo de 2016. Los medios de prueba presentados incluyen mensajería electrónica y fotografías.

El campamento feminista fue inaugurado a inicios de mayo, está ubicado frente a la Corte Suprema de Justicia en la capital de Honduras y fue convocado por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos; con el acompañamiento de organizaciones del movimiento popular y feministas de otras regiones del país.

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