Por Daisy Bonilla

SPS, Cortés, noviembre 2018.

Representantes de diez organizaciones feministas de la zona norte, se reunieron con una comisión de las Naciones Unidas para abordar la temática sobre las distintas violencias y discriminaciones en contra la mujer.

Alda Facio, experta internacional en género y derechos humanos, y relatora de Naciones Unidas, explicó que la visita de la misión obedece a su interés en recabar información de manera directa, sobre las diferentes formas de discriminación que está siendo objeto la mujer hondureña.

“Deseamos conocer sobre el trabajo diario que hacen por mejorar la situación de las mujeres de su grupo, las cosas que ustedes consideran prioritarias, también esperamos recibir sus sugerencias y recomendaciones al Estado”, puntualizó.

La misión tiene una duración de dos semanas en diferentes regiones del país, para entregar un pequeño muestreo al Estado sobre los hallazgos encontrados; y en el mes de junio del año 2019 entregarán un informe oficial al Consejo de Derechos Humanos y éste al Estado Honduras.

La discriminación hacia la mujer va desde la restricción o limites para el acceso a la educación, a los servicios de salud, el acceso al empleo, en el salario actualizado de acuerdo a las necesidades de la canasta básica, acoso sexual, incluso en el acceso a la justicia.  En muchas ocasiones las mujeres, están sufriendo estas discriminaciones, pero no se dan cuenta porque están tan normalizadas.

La Colectiva de Mujeres Hondureñas por medio de su directora ejecutiva María Luisa Regalado, expuso sobre las diferentes violencias que enfrentan las mujeres en la zona norte del país, especialmente las mujeres obreras de la maquila, quienes además de enfrentar la explotación laboral y la discriminación, acoso, violencia institucional que el Estado ejerce al permitir la deshumanización del trabajo y la violación de las normativas laborales nacionales e internacionales como las convenciones, convenios o tratados, entre ellos CEDAW y Belén Do Para.  

 

 

Durante su intervención Regalado también presentó algunos hallazgos sobresalientes  de la Auditoria Social a la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios que refleja un debilitado aparato de justicia penal, sin las herramientas, ni el personal suficiente, ni calificado para enfrentar este fenómeno de violencia imparable. El estudio de investigación se realizó en coordinación con la Tribuna de Mujeres contra los femicidios”Gladys Lanza”.

Así mismo, destacó algunos de los datos prominentes de la investigación más reciente realizada en el 2017 y publicada en el 2018 sobre los “Factores psicosociales  y efectos mentales en la población trabajadora de la maquila de confección de ropa, departamento de Cortés”, realizada según convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, de México.

Entre los hallazgos relevantes, mencionó que el 80% de las personas que producen estas prendas son del sexo femenino; el 55% de la población padece de ansiedad, el 52% padece de depresión y, el 38% distrés laboral; Se destaca que el 88% trabaja horas ilegales de 11 horas o más.

Así mismo, se comentó sobre la violación a los derechos a la salud y a los derechos laborales de Joseline Pineda, Rosa Elena García, Mercedes Patricia Montoya, Elsa Marina Manzanares, María Floridalma Pineda, María Candelaria Gutiérrez, Nolvia Rosibel Rodezno, entre otras.

Mayra Bermúdez de la Red de mujeres de Potrerillos, China de Crisálida, Zoila Lagos de APOMUH, María Luisa Regalado, Reina Tejada, Katherine Rivas de CODEMUH, Rosa Gonzales y Ana María Pineda de Fundación LLAVES, María A. Hernández por la Red de Mujeres de San Francisco de Yojoa, Claudia Pinto del Foro Mujeres por la Vida y Diana Elizabeth Guillén del Centro de Derechos por la Mujer.

Rosa González, directora de Fundación Llanto, Valor y Esfuerzo (LLAVES)  a la delegación que desde el año 2015 a la fecha se han conocido 12 casos de esterilizaciones forzadas en mujeres con VIH, todos ocurridos en el Hospital Regional Nor occidental Mario Catarino Rivas de esta ciudad, la mayoría de estas mujeres adolescentes y jóvenes menores de 21 años de edad.

Puntualizó que en dos de los casos  mencionados quienes otorgaron el consentimiento no tenían capacidad legal (tía y pareja). De cuatro de estos casos se ha interpuesto denuncia en el Ministerio Público, el primero en el 2015 sin que hasta la fecha esta instancia ejecute acciones de investigación que resulten en requerimientos o responsabilidad para el Estado.

Ana  María Pineda, voluntaria de LLAVES manifestó que se están violando El código de la niñez y la adolescencia y el código de familia.

Actualmente, los adelantos médicos han permitido que las mujeres con VIH puedan disfrutar del derecho a la maternidad, con riesgo muy bajo de transmisión del VIH al bebe.

Por otra parte, señalaron que situaciones similares se han denunciado en los Hospitales de Tela, Siguatepeque y Santa Rosa de Copán.

 

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