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OACNUDH solicita al Estado de Honduras investigaciones prontas sobre las denuncias de violaciones a los DDHH

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras,(OACNUDH), retrató la situación de los derechos humanos en Honduras en el año 2017, a través de un informe donde hizo recomendaciones en temas puntuales como la investigaciones de las violaciones sufridas por parte de los defensores y defensoras de los derechos humanos, pueblos indígenas, periodistas, operadores de justicia, órganos del Estado, estudiantes de la UNAH, mujeres, entre otros.

El informe ya fue presentado en Ginebra, Suiza, en marzo del presente año por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, ante el Consejo de Derechos Humanos y en él se resumen las actividades del organismo en Honduras, cuya finalidad es la de observar la situación de los derechos humanos, informar y brindar asistencia técnica a las instituciones del Estado y a la sociedad civil.

En el informe se analizan los avances y desafíos relacionados con la justicia, seguridad, situación de los defensores de los derechos humanos, pueblos indígenas, mujeres, comunidad LGBTI, así como los derechos económicos y sociales, culturales y ambientales.

De acuerdo al informe, las recomendaciones se brindan al Estado, “con el fin de avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Honduras en materia de derechos humanos”.

En el evento de la presentación del documento a los sectores de la sociedad civil, representantes de la comunidad internacional, Gobierno y organizaciones de los derechos humanos, entre otros, las palabras de bienvenidas estuvieron a cargo de Igor Garafulic, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras.

La exposición del informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, estuvo a cargo de la Representante Adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, Silvia Lavagnoli.

Protestas

El informe la OACNUDH destaca las violaciones a los derechos humanos en el contexto post electoral, la militarización de la seguridad pública, violencia contra la mujer, la situación de creciente participación de niños y niñas en delitos de “alto impacto, situación de los privados de libertad, la dificultad del acceso a la justicia, especialmente para las personas de las zonas rurales del país, las mujeres, los pueblos indígenas, y afro hondureños y describe lo observado en el caso emblemático de la defensora de los derechos humanos Bertha Cáceres.

Durante el 2017, la OACNUDH pidió que se respeten las protestas pacíficas en los recintos universitarios y recordó a las autoridades universitarias la necesidad de respetar los acuerdos alcanzados con los estudiantes en el 2016, indica el informe.

A continuación, www.pasosdeanimalgrande.com le da a conocer las recomencaciones de la OACNUDH en el informe dado a conocer a todos los sectores y a la prensa nacional e internacional en particular.

Recomendaciones

Contexto post electoral

Al tiempo que reitera las recomendaciones anteriores, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta al Gobierno y / o a las instituciones a:

A-. Llevar a cabo investigaciones prontas, efectivas, independientes y transparentes sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas postelectorales; y garantizar la rendición de cuentas y que las víctimas tengan acceso a un recurso efectivo y una reparación;

B.- Llevar a cabo con urgencia una evaluación de las normas de enfrentamiento y asegurar que todo uso de la fuerza se desarrolle en sujeción a los estándares internacionales, en particular las normas sobre la orden de fuego; al mismo que asegurar que todo uso desproporcionado de la fuerza letal esté sujeto a la plena y pública rendición de cuentas;

C.- Comprometerse a desarrollar un diálogo nacional participativo sobre las reformas que promuevan el desarrollo, los derechos humanos y la reconciliación, teniendo también debidamente en cuenta las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación formuladas en su informe de 2011.

Pobreza y problemas económicos y sociales

A) Intensificar los esfuerzos para luchar contra la pobreza, en particular contra la extrema pobreza, prestando la debida atención a las diferencias y brechas entre las zonas urbanas y rurales; y asegurar una financiación adecuada para la realización de los derechos económicos y sociales;

B) Adoptar las medidas necesarias para garantizar un acceso justo a la tierra y a los recursos naturales, incluida la salvaguardia de los derechos de los pequeños agricultores a la tierra en particular, prestando la debida atención a eliminar la discriminación contra las mujeres y los pueblos indígenas; adoptar medidas efectivas para evitar los desalojos forzosos y, cuando sean inevitables, mitigar sus efectos, y revisar los procedimientos relacionados para que estén de conformidad con las normas de derechos humanos;

C) Velar por que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el poder judicial, ejerza plenamente su mandato de monitorear las condiciones de empleo e imponga sanciones cuando se infrinjan los derechos laborales;

D) Adoptar una política o un plan para orientar a las empresas sobre sus responsabilidades en materia de derechos humanos a fin de velar por que el sector privado actúe con debida diligencia y evalúe las repercusiones de sus actividades en los derechos humanos.

Seguridad y justicia

A) Diseñar e implementar un plan de seguridad que permita avanzar rápidamente hacia la desmilitarización de las funciones de control de orden público, fortalezca la transparencia en materia de defensa y seguridad, incluso desde el punto de vista presupuestario, y garantice el desarrollo de una policía civil profesional y responsable, adecuadamente aprobada y entrenada;

B) Velar por que la legislación nacional se apruebe o revise en consonancia con las normas de derechos humanos y otras normas de derecho internacional, dando prioridad a las áreas como el uso de la fuerza, el crimen organizado, el control de las armas de fuego y las municiones y la reglamentación de las empresas de seguridad privada; reformar la legislación relacionada con el terrorismo, y derogar los artículos 335 y 335 B del Código Penal;

C) Priorizar las intervenciones que prevengan la violencia y aborden sus causas estructurales, incluyendo en relación con los niños y niñas en conflicto con la ley; favorecer el recurso a las medidas alternativas a la detención; aumentar los recursos asignados al sistema de justicia juvenil, y mejorar las condiciones en los centros donde los niños y niñas son privados de libertad;

D) Armonizar las condiciones penitenciarias con las normas internacionales y promover políticas y programas que favorezcan la rehabilitación de las personas privadas de libertad y su reinserción;

E) Diseñar programas que combatan eficazmente la impunidad y promuevan el acceso a la justicia, con especial atención a las mujeres, las personas que viven en la pobreza, los pueblos indígenas y otros grupos marginados; incrementar los programas de asistencia jurídica gratuita, y asegurar dicha asistencia esté disponible de manera inmediata, en especial para personas privadas de libertad;

F) Revisar las competencias y responsabilidades de investigación de las oficinas estatales, entre ellas la dependencia especializada encargada de la Policía Militar del Orden Público y la Fiscalía de Derechos

Humanos, y promover la rendición de cuentas del sector de seguridad y el sector de la justicia;

G) Elaborar un plan integral de reforma del sector de la justicia que corrija sus problemas estructurales, comenzando por fortalecer su sistema de independencia y de carrera profesional.

Espacio democrático

Al tiempo que reitera las recomendaciones anteriores, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta al Gobierno y/o a las instituciones a reconocer el papel de los defensores de los derechos humanos y la importancia de su labor, adoptar medidas concretas para mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los delitos cometidos contra defensores de los derechos humanos y fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección.

Pueblos indígenas

Al tiempo que reitera las recomendaciones anteriores, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta al Gobierno y/o a las instituciones a reformar o adoptar los marcos jurídicos y elaborar políticas adecuadas para proteger los derechos de los pueblos indígenas; dar prioridad al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, y redoblar los esfuerzos en lo relativo de la delimitación, demarcación, registro, ampliación y mejora de las tierras indígenas.

Violencia contra la mujer y violencia de género

Al tiempo que reitera las recomendaciones anteriores, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta al Gobierno y/o a las instituciones a adoptar medidas concretas para eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, incluyendo a través de medidas para combatir la violencia; y asegurar investigaciones rápidas y eficaces y el enjuiciamiento de los delitos cometidos contra las mujeres y las personas LGBTI.

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