SAN PEDRO SULA. Mientras el año calendario se encamina a su fin, las cifras de violencia de género en Honduras no solo se mantienen, sino que muestran un repunte que genera alarma en las organizaciones de derechos humanos. El Foro de Mujeres por la Vida ha denunciado que la violencia contra la mujer en el país no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un sistema que combina la negligencia institucional, la falta de políticas de prevención y una impunidad casi absoluta.
El repunte de la violencia: Más que estadísticas
Según Dariela Portillo, portavoz del Foro de Mujeres por la Vida, los registros obtenidos a través de monitoreos de medios de comunicación ya contabilizan 255 feminicidios en lo que va del año. Esta cifra representa un incremento del 6% respecto a los 240 casos documentados en el mismo periodo del año anterior.
“No son solo estadísticas, son vidas arrebatadas, sueños truncados y familias que quedan en el abandono”, enfatizó Portillo. La portavoz subrayó que estas cifras son conservadoras, pues los datos oficiales de las instituciones del Estado suelen revelar una realidad aún más cruenta.
El muro de la impunidad: El 95% de los casos sin resolución
La abogada Nohemí Dubón, técnica legal del Foro, aportó una perspectiva estructural sobre el porqué de estas cifras: el sistema de justicia hondureño apenas logra procesar una fracción mínima de los delitos. La tasa de impunidad se mantiene estancada en un abrumador 95%.
Dubón detalló que la falla comienza desde el primer contacto con la autoridad. “Vemos una policía que le dice a las mujeres que no tienen patrulla, no tienen combustible o no tienen agentes para realizar búsquedas”, denunció la profesional. Esta negligencia llega al extremo de obligar a las víctimas o a sus familiares a realizar sus propias investigaciones y acompañar a los agentes en las patrullas para señalar a los agresores, exponiéndolas a un riesgo mayor.
La ruta crítica: Del abuso doméstico al feminicidio
El Foro destaca que el feminicidio es casi siempre el último eslabón de una cadena de violencia ignorada. Un caso emblemático citado por Portillo es el de Darlene López en Roatán, quien tras sufrir violencia sistemática, denunció a su agresor tanto en su localidad como en San Pedro Sula. En ambas ocasiones fue ignorada bajo el argumento institucional de que “hasta que no hubiera un muerto no podían hacer nada”. Poco después, fue asesinada.
La abogada Dubón reforzó este punto señalando que, al no ser considerada la violencia doméstica como un delito grave en la práctica, los hombres agresores suelen quedar en libertad de inmediato, lo que les da una sensación de poder para escalar sus agresiones hasta quitar la vida.
Decepción política y militarización
A pesar de que las principales instituciones del país —el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia— están dirigidas por mujeres, ambas fuentes expresaron una profunda decepción
- Enfoque erróneo: Dariela Portillo critica que la apuesta por la seguridad siga siendo la militarización y el aumento de la presencia policial, instituciones que, según afirma, históricamente han oprimido o desaparecido mujeres, citando como ejemplo el caso de Keyla Martínez en Santa Bárbara.
- Estado Patriarcal: Por su parte, Nohemí Dubón calificó al gobierno actual como un “gobierno patriarcal” que, a pesar de su discurso socialista o pro-mujer, no ha dado respuestas concretas para erradicar las violencias ni ha cumplido con los convenios internacionales de protección.
Perspectivas ante la crisis
El escenario futuro se percibe adverso. Ante la crisis política actual, el Foro teme que la vigilancia militar se incremente y que los temas de género sigan siendo desplazados de la agenda pública.
“Mientras no haya medidas preventivas reales, los feminicidios seguirán traspasando nuestras vidas”, concluyó Portillo, haciendo un llamado a la sociedad a no ver estos crímenes como algo ajeno, sino como una emergencia nacional que requiere la responsabilidad de todos los entes del Estado.
