Por Manuel Torres Calderón

Anímica, política, institucional y éticamente, el pasado 30 de marzo de 2021 concluyó de facto el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, apresurando el ocaso de un segundo mandato que nunca debió ser.
La sentencia a cadena perpetua dictada por el juez P. Kevin Castel, de la Corte de Nueva York, contra Tony Hernández por trasegar -entre otros cargos- toneladas de cocaína a los Estados Unidos, se convirtió en el juicio más significativo de la historia de Honduras, porque más allá de la responsabilidad del acusado incluyó la idea de que un gobierno pueda ser considerado cómplice de los hechos.


En ese sentido es probable que la sentencia del juez Castel termine siendo un aporte al Derecho Internacional Penal al probar que crímenes transnacionales aberrantes, como el narcotráfico, se vuelven crímenes de lesa humanidad en la medida que afectan a pueblos enteros por los desafueros de sus gobernantes.
Bajo esa perspectiva, la dureza de la sentencia no radica en que el juez Castel califique a Hernández como el peor o más peligroso narcotraficante del mundo, sino por considerar probados los nexos políticos e institucionales de alto nivel del acusado en la planificación y expansión de su negocio. De hecho, el juicio tuvo lugar en Nueva York porque en Honduras era impensable su realización.


Castel quiso subrayar que los delitos de esa magnitud son procesos, no singularidades. Todo el trabajo de investigación, recolección y sistematización de la información divulgada y presentada en el transcurso del juicio por la parte acusadora permitió comprender como el crimen organizado se ha hecho dueño de tantas cuotas de poder en nuestra institucionalidad pública.


Centrando la atención en la responsabilidad del Estado, con la sentencia se ratifica el fracaso reiterado, sistemático y premeditado de un país que, 40 años después de haber retornado al orden constitucional, no cuenta con los marcos jurídicos apropiados y las estructuras e instituciones públicas adecuadas para prevenir, afrontar y neutralizar la comisión de delitos y el tráfico de influencias.

Pensando en ello no recibo con festejos lo ocurrido a Tony Hernández, no me sale solazarme con la desgracia ajena. Como Tony hay muchos y seguramente también aplaudieron la sentencia. Más bien -como también escuché decir al abogado Edmundo Orellana Mercado en una entrevista- me apena que sea un juzgado en el extranjero el que asuma la tarea que a nuestra propia institucionalidad y sociedad corresponde. Es más, que la condena la dicte el juez de una nación que, como Estados Unidos, tiene su propia responsabilidad, no juzgada, en esta historia.


Prefiero pensar en las lecciones aprendidas y no aprendidas de lo que hemos presenciado, en las rupturas y continuidades políticas, jurídicas e institucionales acumuladas en lo que va del siglo, en el profundo conservadurismo de nuestra sociedad, en el curso decepcionante del actual proceso electoral y en las probables consecuencias del juicio en el crítico momento histórico que atravesamos.
No espero, para empezar, que ningún poder del Estado -especialmente el judicial- de algunos pasos de rectificación en su decepcionante conducta.

En la institucionalidad se continúa imponiendo la voluntad de una élite empresarial y política -incluyendo a la oposición- que quiere recaer el peso del proceso de Nueva York en la familia Hernández, poniendo sus propias barbas en remojo.
Me preocupa sí lo que está por venir de inmediato con un gobernante que ha perdido hasta la mínima legitimidad para proseguir en su cargo. Se abre, sin duda, un peligroso período de ingobernabilidad, de apatía ejecutiva, de anomia social, de comportamientos arbitrarios e instituciones fallidas, de inobservancia de las leyes, de cadáveres políticos que formalmente conservan su poder, de militares que no saben qué hacer, de deserciones calculadas, de mayores divisiones y confrontaciones internas, de más corrupción y del cierre simbólico de una etapa histórica sin que haya ningún dirigente o partido político con la sensatez y el proyecto para la apertura de una nueva época democrática.


Si no ocurre algo imprevisto, los diez meses que formalmente restan para que Hernández abandone su despacho serán aún más difíciles, sacrificados, complejos e inestables para todos nosotros. Serán, como estos días de pandemia, eternos y desgastantes. Permaneceremos asediados por el virus, la agudización de las desigualdades y la precariedad de vida, en el contexto de un gobierno aislado y cuestionado internacionalmente, incómodo aún para Estados Unidos, su aliado más firme.


Sin duda, en Nueva York se ha dictado una sentencia “ejemplarizante”, pero los factores de riesgo para que los hechos se repitan continúan intactos en nuestra desventurada Honduras. Tanto así que es probable que mientras el juez Castel leía su sentencia, otro cargamento de cocaína era recibido en una pista clandestina por los nuevos y desconocidos capos de la droga o que una caravana de familias enteras, con niños en brazos, cruzara las fronteras de Guatemala y México en su fuga de la desesperanza. Todo ha cambiado en estos días, aunque no haya cambiado nada.

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