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Tegucigalpa – La impunidad de los homicidios en Honduras, entre ellos la violencia femicida, se puede medir en función de los casos judicializados en los tribunales de justicia, los sentenciados y la moratoria, pero también se visualiza en seis de los 18 departamentos del país considerados entre los más impunes de esta nación centroamericana.

De acuerdo con el Índice de Impunidad Departamental (IID), presentado por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), en su último informe sobre la Impunidad en los Homicidios 2010-2019, los departamentos de Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Yoro, Colón y Cortés, son las zonas con mayores niveles de impunidad en el año de 2019.

El Índice de Impunidad Departamental se calcula en función de las sentencias condenatorias dictadas en los juzgados de letras y los tribunales de sentencia y los homicidios registrados durante un año determinado. Bajo esa medición, esos fueron los departamentos que en el 2019 presentaron los mayores índices de impunidad de homicidios.

Para reducir la impunidad de los homicidios, en general, y en esas regiones antes mencionadas se requiere de una sustancial mejorar la investigación de los casos por parte de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y otros entes afines, así como definir y cumplir metas que contribuyan a aportar pruebas contundentes a los tribunales y, del Poder Judicial, la celeridad en la justicia, apunta el informe al presentar una serie de datos relacionados los casos judicializados y sentenciados en los tribunales de justicia.

Los indicadores de homicidios son herramientas clave para entender la gravedad de un problema, por su vínculo directo con el principal bien jurídico que el Estado debe proteger: el derecho humano a la vida.

Con una impunidad arriba del 90%

En el caso de los departamentos con mayores niveles de impunidad, sin considerar a Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Ocotepeque, en el año 2019 los departamentos de Yoro, Colón y Cortés presentaron niveles de impunidad iguales o superiores al 90%, detalla el informe de la APJ. Estos tres últimos departamentos, en total, constituyen casi una tercera parte de los departamentos de Honduras, con homicidios muy altos en la franja norte del territorio nacional.

Por ser los departamentos más importantes del país al tener los mayores niveles poblacionales, los departamentos de Cortes y Francisco Morazán son las dos regiones que inciden fuertemente en el índice de impunidad a nivel nacional. En el 2019, Cortés registró un aumento de 130 homicidios en relación con el 2017 y un aumento en el número de sentencias condenatorias-23 en comparación con el 2017. Como resultado, aumentó el índice de impunidad departamental de 89 a 90%. 

En Francisco Morazán, se redujo en un 22 el número de homicidios; aumentaron en 15 las sentencias condenatorias y bajó de 87% a 84% el nivel de impunidad. Hubo una reducción de tres puntos porcentuales, en el período analizado por el informe en mención. 

Dentro de los seis departamentos con mayores índices de impunidad de homicidios Gracias a Dios sale con un 100 por ciento de impunidad, Islas de la Bahía con 96, Ocotepeque, 93, Colón 91 y Cortés con 90 por ciento. En el mapa del índice departamental de impunidad de homicidios, estos departamentos encabezan el índice porque aparecen con porcentajes arriba del 90 por ciento de impunidad de casos.

Le siguen en la franja de 80 a 90 por ciento de impunidad los departamentos de Olancho, el Paraíso, Francisco Morazán; Choluteca, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara y Cortés.

La impunidad hacia grupos vulnerables

Con un índice de impunidad de homicidios entre 70 y 80 por ciento destacan los departamentos de Valle, Comayagua, Lempira y Copán.

En este marasmo de la impunidad de los homicidios, destaca la violencia femicida contra las mujeres. Entre 2010 y 2019 se registraron en el país 4,769 muertes violentas de mujeres, de las cuales se judicializaron 818 casos, lo que refleja una cumulado de judicialización en el período de apenas 38%, destaca el informe.

La violencia contra las mujeres y la impunidad de los casos a nivel de investigación, judicialización y resoluciones condenatorias es uno de los talones de Aquiles de los operadores de justicia, donde los saldos actuales siguen presentando números rojos.

En el caso de las resoluciones judiciales donde las víctimas fueron mujeres, el informe de la APJ reveló los siguientes hallazgos: 185 en el año 2013, 180 en el 2014, 175 en el 2015; 173 en el 2016, 200 en el 2017, 182 en el 2018 y 154 en el 2019.

De esta suerte, el 62% de la violencia femicida contra las mujeres que concluye en asesinatos sigue sin ser resuelto. Pero otro sector vulnerable víctima de la impunidad en los homicidios es la comunidad LGTBI.

El informe detalla que en los últimos cinco años registraba un total de 92 casos de tentativas y asesinatos de miembros de la comunidad LGTBI, de los cuales, hasta el 2018, solo ocho sentencias han resultado condenatorias y cinco absolutorias.

“Ello implica que, de acuerdo con lo reportado en dicho informe, existe un índice de impunidad de un 91% de los homicidios cometidos en contra de los miembros de esta comunidad”, señala en su informe la Alianza por la Paz y la Justicia.

En tanto, el índice de impunidad de las muertes violentas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes representa retos similares, pues los datos estadísticos no desagregan las sentencias por rangos de edad, detalla.

En tal sentido, el informe concluye que mientras el índice de impunidad responde a la ausencia de una respuesta estatal para garantizar el derecho humano a la vida y de aplicar la justicia; la impunidad es un fenómeno que se suma a otros conflictos sociales, como la violencia, la inseguridad y la corrupción.

Las estadísticas disponibles publicadas en el informe reflejan que la capacidad de respuesta a la persecución de los delitos de las muertes violentas en general requiere de una urgente mirada. (PD)

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