Coyuntura

Las amenazas que insaciablemente escupía Rosario Murillo, en sus apariciones de mediodía, se están haciendo efectivas. Es como un juego de chalupas. Y van clasificando a los objetivos desde las personas menos pensadas, los grupos claves, o quienes tengan un peso de incidencia en distintas esferas sociales.

Hasta el momento van 16 personas encarceladas en esta nueva hazaña dictatorial, que inició con aspirantes presidenciales, empresarios, activistas y la disidencia sandinista. Y los periodistas y sacerdotes católicos están advertidos.

El patrón

Según testifican vecinos y familiares de algunos secuestrados, al punto de allanamiento se presenta una cantidad monumental de policías, acuerpados por paramilitares. Se dispersan en los alrededores. Usan la violencia para entrar y extraer a la persona. Sustraen todo lo que pueden, desde fotografías familiares, hasta ordenadores y cables de internet. Posterior al allanamiento, se confirma su secuestro hasta que los medios de propaganda lo oficializan publicando los comunicados del Ministerio Público. Desde entonces no se vuelve a tener información, hasta que la Fiscalía confirma 90 días más de encarcelamiento.

Toda la maquinaria está lista para allanar cualquier casa, en cualquier momento. Ese es un punto de partida. Nadie sabe si su secuestro será el próximo. Si escapar antes o esperar a que lleguen. No importa nombre o apellido. No hay respeto de los derechos.

Se exige una prueba de vida de estas personas. El Estado tiene una responsabilidad. La dictadura no sólo desatiende las exigencias y condena internacional, sino que también las confronta y se justifica en un trillado y retorcido discurso basado en la “soberanía” y “autodeterminación”. “Digan lo que digan, seguiré con el plan…” puede ser la respuesta de Ortega.

El plan

Mientras Ortega limpia el camino, eliminando de la competencia a opositores y agentes claves, el calendario electoral avanza pero no se desvincula de los hechos.

En ese “digan lo que digan” está contemplada la realización de los comicios del 07 de noviembre con las condiciones impuestas y con esas contrarreformas, con el control total del arbitraje y todo el sistema electoral.

Ortega lo profetizó el pasado 11 de enero. “Ahora se trata de ir trabajando para que después de las Elecciones de este año, se pueda instalar un Gran Acuerdo Nacional, un Gran Diálogo Nacional, para que lo que quedó aprobado en la Constitución vuelva a caminar, tomando en cuenta las nuevas circunstancias“, dijo el mandatario.

El actual proceso electoral fue declarado ilegítimo a priori por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, es decir, antes de que se conozca cualquier resultado.

Para una dictadura como la que se ha instalado en Nicaragua, las elecciones solo son un requisito para alimentar el cinismo del discurso, como lo hace Cuba, Venezuela y Rusia.

Disputarle el poder a Ortega bajo sus reglas y condiciones, de una manera desarticulada, es hacer más predecible esas “nuevas circunstancias”. Una vez que se supere el requisito electoral, Nicaragua se convertiría en un país totalmente sometido. Un nuevo orden. Un nuevo rumbo. Un gran abismo.

Lo mínimo que se necesita ahora es establecer un límite, una frontera roja que manifieste una posición firme y no complaciente. Un trabajo del vehículo electoral que todavía no se hunde. Y es indispensable contar con un plan b, en caso de que se les impida llegar a la contienda.

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