Rafael Delgado

No es la primera vez y al parecer tampoco será la última que tendremos que repetir una lista de asuntos que en la política fiscal debieron enmendarse desde hace mucho tiempo. En un país que cada día espera estímulos para su sector productivo y sus trabajadores, así como acciones que equilibren los grandes desbalances en el ingreso y la riqueza es una tragedia constatar lo anterior. Por ello, 288 mil millones de lempiras que ahora contiene el anteproyecto, están condenados nuevamente a escaparse en el 2021 en gran medida por los ductos de la corrupción, la negligencia y la demagogia del gobernante y su aparato.

Por eso, previo a cualquier intención de aumentar impuestos o seguir endeudándose se debe insistir en empezar administrando bien lo que ya se tiene. Hay que romper con esos contratos sobrevalorados que se firman en todas las instituciones del gobierno. Desde la compra de insumos sencillos como una mascarilla, pasando por la compra de energía eléctrica hasta en la construcción de obras públicas debe de introducirse elementos claros de eficiencia y pagar precios de mercado. No es una suma baja: se trata de aproximadamente 80 mil millones de lempiras que se destinaron entre inversión pública y compra de bienes, más los 36 mil millones en compra de energía eléctrica en el 2019. Todo lo anterior con claros indicios de un sustancial sobreprecio de hasta el 100% que pudieron destinarse a los sectores más vulnerables. En efecto, se trata de un potencial importante que existe y que nadie ha intentado seriamente utilizarlo para los verdaderos fines de la política fiscal.

Los hondureños han padecido viendo cómo la tributación se ha incrementado radicalmente sin que se cierre la brecha ni se mejore la calidad del gasto. Se lo recomendaron los organismos internacionales y procedieron a incrementar la tributación. Según las liquidaciones de los presupuestos anuales, en el 2013 el gobierno tuvo ingresos de 56 mil millones de lempiras en impuestos. Para el 2019 la cantidad llegó a 104 mil millones de lempiras. En el marco de una institucionalidad menos débil y en manos de gente con facultades para administrar y gobernar esta suma se reflejarían en alguna mejoría para la gente. Pero no fue así y por lo anterior debemos de constatar que jamás se le ha sacado tanto dinero al contribuyente y con resultados tan insignificantes en el combate a la pobreza y a la desigualdad.

A los que gobiernan tampoco les ha faltado interés en endeudarse. Nuevamente de la mano de los organismos internacionales de crédito recibieron mucho dinero. Para el 2013 la deuda pública total andaba en alrededor de 8 mil millones de dólares; en 2019 cerró en 12 mil millones, generándose una erogación para honrar estas deudas que acapara un buen porcentaje de la tributación. Para el 2020 se estima que serán alrededor de 40 mil millones de lempiras los que se destinen para honrar los compromisos derivados de la deuda.

Sin embargo, esto se montó sobre un sistema construido deliberadamente para alimentar a los sectores más vinculados al poder y sin criterios estrictos de calidad. Y aquí volvemos a las amañadas licitaciones, a las compras de emergencia y a los sobreprecios, eufemismo que se utiliza para no hablar directamente sobre la corrupción.

Necesitamos considerables cantidades de recursos para enfrentar los problemas que hemos venido arrastrando y que se recrudecieron en este año. Pero significará arrojar dinero en saco roto si se sigue aumentando el presupuesto sin esfuerzo previo en mejorar la forma en que se invierte y gasta, en establecer prioridades claramente en favor del desarrollo humano y en romper con los mecanismos de la corrupción. La tarea no es sencilla y quizás sea pedir mucho, pero ese es el camino para tener en algún momento algo parecido a una política fiscal que apoye de manera efectiva a vencer los problemas de nuestra economía.

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