Por Gilberto Lopes | gclopes@racsa.co.cr / Seminario Universidad

a jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la costarricense Elizabeth Odio, expuso las razones por las que decidió separarse parcialmente de una resolución de la Corte sobre el caso de la mujer trans hondureña, Vicky Hernández, que estableció que el Estado hondureño “es responsable por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 7.a y 7.b de la ‘Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer’”.

La sentencia, del 26 de marzo pasado, versa –dice Odio–sobre “los execrables actos de violencia a los que fue sometida la señora Vicky Hernández, una mujer trans, en el contexto del golpe de Estado acaecido en Honduras en el año 2009, que tuvieron como resultado su trágica muerte”.

“Mi disenso se centra en la conclusión adoptada por mayoría por mis compañeros jueces sobre la existencia de ciertas violaciones a la Convención de Belém do Pará”.

También discrepo –agregó– con lo determinado respecto de la obligación del Estado de promulgar una ley de “identidad de género”, mientras le exige, al mismo tiempo, que lleve estadísticas sobre la violencia ejercida contra personas trans. “Sería imposible para el Estado cumplir con ambas obligaciones simultáneamente”, estimó.

En su opinión, “dicho instrumento regional no aplica a los hechos del presente caso”.

Al justificar su voto insiste en la “necesaria distinción entre sexo (biológico), y género (construcción social jerárquica); y la grave confusión que ha introducido en la discusión académica y política la errónea equiparación de ‘identidad de género’ con sexo”. Del mismo modo, distingue “las dinámicas de la violencia histórica y permanente contra la mujer por ser mujer (la que originó la Convención de Belém do Pará) y la violencia que sufren otros grupos (travestis, intersexuales y personas trans”.

Expresión difusa

Resulta fundamental –dice Elizabeth Odio– “asentar desde el inicio que, en mi opinión, la llamada “identidad de género” es una expresión difusa que hoy busca erróneamente sustituir ‘sexo’ por esa ‘identidad’. Y a partir de esa sustitución, borrar al sexo femenino con todas sus propiedades biológicas”.

Sexo y género no son sinónimos ni nunca lo fueron. Si el sexo desaparece, absorbido por la “identidad de género”, ¿en  qué se basaría la violencia de género?, se pregunta la jueza.

“El tratamiento individualizado y diferenciado de la violencia que sufren grupos específicos  por su autodeterminada ‘identidad de género’, torna imperativo el tratamiento diferenciado de la violencia que sufre la mujer por ser mujer, lo cual no ocurre en la sentencia que aquí nos ocupa”, enfatiza.

Desacuerdo con la sentencia

Con base en esas consideraciones, Odio explica los fundamentos de su posición. Es la propia sentencia –afirma– la que reconoce “el origen diferente de la violencia específica que sufrió la señora Hernández, íntimamente  relacionada con su identidad de género”. “La violencia que la propia sentencia destaca por probada no se debió, por tanto,  al hecho de ser mujer”.

En su criterio, “entender las causas de la violencia contra colectivos en situación de vulnerabilidad (en este caso, mujeres y personas trans) es esencial para poder atacar la  raíz del problema. Mezclar o incluso fusionar estas diferentes realidades lo único que produce es una confusión”.

Al equiparar el “género” con la “identidad de género”, la sentencia “comete el error de ignorar los elementos diferenciadores de estos     tipos de violencia y distorsiona por completo el análisis de las causas y consecuencias de dichas violencias”.

“Entender la diferencia entre los conceptos de ‘sexo’, ‘género’ e ‘identidad de género’ es providencial para poder atacar los problemas estructurales e históricos que dan lugar a la violencia dirigida contra diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad”.

Con este voto disidente –dice la jueza– “quiero dejar claro que no existe duda alguna de la violencia social, institucional y sistemática que sufren las mujeres trans y el colectivo LGTBI en general”.

Pero la lucha contra esa violencia “no puede desvirtuar, invisibilizar o entorpecer la lucha contra otro tipo de violencias, como es la violencia que se dirige contra la mujer por su sexo y género, esto es, por el hecho de ser mujer”.

En ausencia de tal distinción, “existe el riesgo de que la violencia contra la mujer se torne invisible”. En su criterio, “la violencia contra la mujer deriva de la jerarquía social establecida conforme a los roles de género asignados con base al sexo biológico, mientras que la violencia que fue dirigida contra la señora Hernández (y así además dan fe los hechos probados del caso) se debió a su disconformidad y acto de  resistencia contra las imposiciones sociales y culturales del heteropatriarcado”.

Como consecuencia, la jueza Elizabeth Odio estimó que la aplicación de la Convención de Belém do Pará en este caso “supone un erróneo acercamiento a las diferentes dinámicas de violencia y no solo no beneficia a ninguno de los dos colectivos, sino que, además, obstaculiza la lucha  contra la raíz de dichas violencias”.

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