Leonardo D. Pineda , 15 de mayo 2025.

Un esquema Ponzi es un tipo de estafa donde se promete a los inversores altos rendimientos, pero en realidad se les paga con el dinero de nuevos inversores, no con ganancias reales. Funciona mientras haya nuevos participantes, pero colapsa cuando no hay suficiente dinero para pagar a todos.

Los esquemas Ponzi, al ser fraudes financieros que dependen de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores, han afectado a personas en todo el mundo, generando pérdidas millonarias y, en algunos casos, crisis sociales y políticas. A continuación se analiza cómo los gobiernos han respondido a los inversionistas afectados en casos destacados a nivel global, basándose en información reciente y ejemplos concretos.

Casos destacados y respuestas gubernamentales

1. Estados Unidos – Caso Bernie Madoff (2008):

– Contexto: Bernie Madoff perpetró el mayor esquema Ponzi de la historia, defraudando a inversores por aproximadamente 64,800 millones de dólares. El esquema colapsó durante la crisis financiera de 2008, cuando los inversores intentaron retirar sus fondos masivamente.

(https://kkc.com/frequently-asked-questions/what-is-a-ponzi-scheme/) (https://www.ebsco.com/research-starters/law/ponzi-schemes )

Respuesta gubernamental:

• Acción legal: Madoff fue arrestado en diciembre de 2008, declarado culpable de 11 cargos federales y condenado a 150 años de prisión.

(https://www.visualcapitalist.com/biggest-ponzi-schemes-in-modern-history/ )

• Recuperación de fondos: El gobierno de EE.UU. no usó fondos públicos para compensar a los inversores, pero designó un fideicomisario (trustee) para liquidar los activos de Madoff y su firma. Hasta 2018, se recuperaron aproximadamente 13,000 millones de dólares, lo que permitió devolver entre el 60-70% de las inversiones iniciales a algunos inversores. Sin embargo, muchos perdieron gran parte de sus ahorros, especialmente aquellos que habían reinvertido “ganancias ficticias”. (https://www.visualcapitalist.com/biggest-ponzi-schemes-in-modern-history/ )
  • Medidas regulatorias: El caso expuso fallas en la supervisión de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Como resultado, en 2010 se creó el Programa de Denunciantes de la SEC para incentivar la

detección temprana de fraudes, ofreciendo recompensas y protecciones legales a informantes. (https://kkc.com/frequently-asked-questions/what-is-a-ponzi-scheme/ )

• Impacto: No hubo compensación directa del gobierno, y los inversores que sufrieron pérdidas significativas tuvieron que recurrir a largos procesos legales para recuperar parte de su dinero. Esto refleja un enfoque en la persecución penal y la recuperación de activos en lugar de rescates estatales.

2- Albania (1996):

• Contexto: En la década de 1990, varios esquemas Ponzi en Albania prometieron altos rendimientos, atrayendo a una gran parte de la población. Cuando colapsaron en 1996, las pérdidas alcanzaron un impacto económico devastador, estimado en miles de millones de dólares, y desencadenaron disturbios masivos.

(https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2010/03/monroe.htm ) Respuesta gubernamental:

• Intervención estatal: El colapso de los esquemas llevó a una crisis política que derrocó al gobierno. Hubo disturbios incontrolados, con un estimado de 2,000 muertes y un período de anarquía. (https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2010/03/monroe.htm )
  • Compensación: No hay registros de que el gobierno albanés haya compensado directamente a los inversores con fondos públicos. La prioridad fue restablecer el orden público y la estabilidad política.
  • Regulación: El caso destacó la debilidad de los marcos regulatorios en países en desarrollo. Posteriormente, Albania implementó reformas para fortalecer la supervisión financiera, aunque la confianza en las instituciones quedó severamente dañada.

3.  Colombia (2008):

• Contexto: Un esquema Ponzi liderado por DMG Grupo Holding S.A. y otras entidades captó aproximadamente 1,000 millones de dólares de miles de inversores. Cuando colapsó en 2008, provocó protestas violentas en 13 ciudades, forzando al gobierno a declarar un estado de emergencia. (https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2010/03/monroe.htm )

Respuesta gubernamental:

• Acción legal: Las autoridades colombianas intervinieron rápidamente, congelando activos y persiguiendo a los responsables. El líder de DMG, David Murcia Guzmán, fue arrestado y extraditado a EE.UU., donde fue condenado por lavado de dinero.
  • Compensación: No se implementó un programa de compensación con fondos públicos. En cambio, el gobierno intentó recuperar activos para devolver a los inversores, pero los montos recuperados fueron limitados, y muchos perdieron sus inversiones.

• Impacto social: La crisis generó una desconfianza generalizada hacia las instituciones financieras y el gobierno, que fue criticado por no haber detectado el esquema a tiempo.

4.  Jamaica (2000s):

• Contexto: Esquemas Ponzi como OLINT y Cash Plus causaron pérdidas equivalentes al 12.5% del PIB de Jamaica, afectando a miles de inversores y extendiéndose a otras jurisdicciones del Caribe. (https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2010/03/monroe.htm )

Respuesta gubernamental:

• Regulación tardía: Las autoridades emitieron órdenes de cese y desista contra OLINT, pero la falta de cargos penales inmediatos permitió que el esquema continuara por más tiempo, agravando las pérdidas.(https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2010/03/monroe.htm )
  • Compensación: No hubo un rescate con fondos públicos. Los esfuerzos se centraron en la recuperación de activos, pero los resultados fueron insuficientes para compensar a la mayoría de los inversores.

– Reformas: El caso llevó a una revisión de las leyes de regulación financiera en Jamaica, pero la confianza en el sistema financiero quedó dañada.

5.  Filipinas – Caso Kapa (2019):

• Contexto: Kapa-Community Ministry International, liderado por Joel Apolinario, fue clausurado por el gobierno filipino en 2019 tras ser identificado como un esquema Ponzi que prometía retornos del 30% mensual. Afectó a millones de inversores, especialmente de comunidades pobres. (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ponzi_schemes )

Respuesta gubernamental:

• Intervención: La SEC de Filipinas y otras agencias cerraron las operaciones de Kapa, congelaron sus activos y arrestaron a Apolinario, quien enfrenta cargos por estafa.
  • Compensación: No se utilizaron fondos públicos para compensar a los inversores. El gobierno intentó devolver fondos recuperados, pero la mayoría de los inversores, muchos de los cuales eran personas de bajos ingresos, sufrieron pérdidas totales.
  • Educación financiera: Tras el escándalo, el gobierno intensificó campañas para educar a la población sobre los riesgos de inversiones no reguladas.

6.  Túnez (2013):

• Contexto: Un esquema Ponzi liderado por Adel Dridi defraudó a unos 50,000 inversores por más de 80 millones de dinares tunecinos. Dridi intentó huir del país tras una investigación gubernamental. (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ponzi_schemes )

Respuesta gubernamental:

• Acción legal: Las autoridades iniciaron una investigación que llevó al colapso del esquema, pero no hay registros de que Dridi fuera capturado o de que los fondos fueran recuperados en su totalidad.

-Compensación: No se implementó un programa de compensación estatal. Los inversores, muchos de los cuales vendieron bienes para participar, quedaron sin recursos legales efectivos.

• Impacto: El caso resaltó las debilidades en la regulación financiera de Túnez y la vulnerabilidad de los inversores en contextos de inestabilidad económica.

Patrones en las respuestas gubernamentales

A partir de estos casos y otros mencionados en las fuentes, se observan varios patrones en cómo los gobiernos responden a los esquemas Ponzi:

1. Prioridad en la persecución penal:
   1. En la mayoría de los casos, los gobiernos se centran en identificar y castigar a los responsables, con arrestos, juicios y condenas. Ejemplos incluyen a Madoff (150 años de prisión), R. Allen Stanford (110 años) y Lou Pearlman (25 años).

(https://www.cnn.com/2021/04/24/business/famous-ponzi-schemes-generation-hustle/index.html )

• Sin embargo, la persecución penal no siempre resulta en la recuperación de fondos, ya que los estafadores suelen gastar o esconder el dinero.

• Recuperación de activos:
• Los gobiernos suelen designar fideicomisarios o receptores para liquidar activos de los esquemas y devolver fondos a los inversores. Sin embargo, las recuperaciones son parciales (como en el caso Madoff, donde se recuperó menos del 70%) y los procesos son largos.

(https://www.visualcapitalist.com/biggest-ponzi-schemes-in-modern-history/ )

• En países con marcos regulatorios débiles, como Albania o Colombia, la recuperación de activos es aún más limitada debido a la falta de registros financieros o a la desaparición de los fondos.

• Uso de fondos públicos (muy raro y nunca total):
• Es extremadamente raro que los gobiernos usen fondos públicos para compensar a los inversores de esquemas Ponzi. Esto se debe a que:

• Los inversores asumen riesgos al participar en inversiones no reguladas, y los gobiernos evitan establecer precedentes que incentiven comportamientos imprudentes.
• Los recursos públicos suelen priorizarse para necesidades generales, no para rescatar a víctimas de fraudes privados.

El caso de Koriun en Honduras, donde el gobierno ha propuesto usar fondos públicos, es una excepción notable.

• Reformas regulatorias:
• Los colapsos de esquemas Ponzi a menudo exponen fallas en la supervisión financiera, lo que lleva a reformas. Por ejemplo:
  • En EE.UU., el caso Madoff impulsó el Programa de Denunciantes de la SEC. (https://kkc.com/frequently-asked-questions/what-is-a-ponzi-scheme/ )
• En Jamaica y Filipinas, los gobiernos fortalecieron la regulación y lanzaron campañas de educación financiera tras los escándalos.

(https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2010/03/monroe.htm)

• Impacto social y político:
  • En países con sistemas financieros débiles, los esquemas Ponzi pueden desencadenar crisis sociales (Albania, Colombia), erosionando la confianza en las instituciones.

(https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2010/03/monroe.htm )

• Los gobiernos suelen enfrentar críticas por no prevenir estos fraudes, lo que puede motivar respuestas populistas, como promesas de compensación, aunque raramente se materializan.

Comparación con el caso Koriun en Honduras

El caso Koriun es atípico porque el gobierno hondureño ha anunciado intenciones de compensar a los inversores con fondos públicos, algo que no se observa en los casos internacionales revisados. Por ejemplo:

• En EE.UU., el enfoque fue la recuperación de activos, no el uso de dinero estatal.
• En Albania y Colombia, los gobiernos enfrentaron crisis sin ofrecer compensación directa.
• En Filipinas y Túnez, las autoridades priorizaron la persecución penal y la educación, pero no rescataron a los inversores.

Esta diferencia podría explicarse por:

• Presión social: En Honduras, la magnitud de los afectados (miles de personas, muchas de bajos ingresos) podría estar presionando al gobierno de Xiomara Castro para evitar disturbios o descontento.
• Contexto político: En un país con alta desconfianza institucional, el gobierno podría estar buscando legitimidad política al prometer ayuda, aunque esto plantea riesgos de precedentes peligrosos y críticas por mal uso de fondos públicos.

Análisis de otros casos relevantes donde ha existido alguna compensación.

1.  Islandia – Crisis bancaria y esquemas Ponzi asociados (2008):

• Contexto: Durante la crisis financiera de 2008, Islandia enfrentó el colapso de sus principales bancos (Kaupthing, Landsbanki, Glitnir), que operaban parcialmente con prácticas fraudulentas, incluyendo captación de depósitos bajo promesas de altos rendimientos que algunos analistas han comparado con esquemas Ponzi. Estos bancos atrajeron a inversores y depositantes internacionales, especialmente en el Reino Unido y los Países Bajos, a través de cuentas como Icesave.

Respuesta gubernamental:

• El gobierno islandés nacionalizó los bancos en quiebra para estabilizar el sistema financiero, utilizando fondos públicos para recapitalizar el sector bancario.
  • Para los depositantes extranjeros (principalmente en el Reino Unido y los Países Bajos), Islandia inicialmente se resistió a compensar, argumentando que no era responsabilidad del Estado cubrir las pérdidas de bancos privados. Sin embargo, bajo presión diplomática y acuerdos internacionales, Islandia acordó reembolsar parcialmente a los gobiernos británico y holandés, que a su vez habían compensado a sus ciudadanos. Estos reembolsos se financiaron con préstamos internacionales y, en parte, con fondos públicos islandeses a través de un acuerdo con el fondo de garantía de depósitos.
  • La compensación no fue específicamente por un esquema Ponzi puro, sino por la quiebra de bancos con prácticas cuestionables. Los depositantes islandeses también recibieron protección parcial a través del fondo de garantía de depósitos, financiado parcialmente por el Estado.
  • ¿Es un precedente?: Parcialmente. El uso de fondos públicos estuvo más relacionado con la crisis bancaria sistémica que con un esquema Ponzi clásico. Además, la compensación fue limitada y motivada por obligaciones internacionales, no por una decisión unilateral de rescatar a inversores defraudados.

2.  China – Esquemas Ponzi en plataformas de préstamos P2P (2015-2018):

• Contexto: En China, durante la década de 2010, proliferaron plataformas de préstamos peer-to- peer (P2P) como Ezubao, que resultó ser un esquema Ponzi que defraudó a más de 900,000 inversores

por aproximadamente 7,600 millones de dólares. Estas plataformas prometían altos rendimientos, pero usaban fondos de nuevos inversores para pagar a los anteriores.

Respuesta gubernamental:

• El gobierno chino lanzó una represión masiva contra las plataformas P2P fraudulentas, cerrando miles de ellas y arrestando a los responsables. En el caso de Ezubao, los líderes fueron condenados a cadena perpetua, y se confiscaron activos por valor de 1,500 millones de dólares.
  • En algunos casos, las autoridades locales establecieron fondos de compensación para mitigar el impacto social, especialmente en regiones donde los inversores eran personas de bajos ingresos. Por ejemplo, en ciertas provincias, los gobiernos locales usaron fondos públicos para reembolsar parcialmente a los inversores afectados, aunque estas compensaciones fueron mínimas (a menudo menos del 10% de las pérdidas) y no generalizadas.
  • Estos fondos no siempre provenían directamente del presupuesto estatal, sino de activos recuperados o de contribuciones locales. Sin embargo, en casos específicos, se reportó el uso de dinero público para estabilizar comunidades afectadas y evitar protestas.
  • ¿Es un precedente?: Sí, pero limitado. El uso de fondos públicos fue excepcional, no una política nacional, y estuvo motivado por la necesidad de mantener la estabilidad social en un contexto autoritario donde las protestas son reprimidas. La escala de las compensaciones fue pequeña en comparación con las pérdidas totales.

Conclusión

En la mayoría de los casos internacionales, los gobiernos no han compensado directamente a los inversores de esquemas Ponzi con fondos públicos, enfocándose en cambio en la persecución penal, la recuperación de activos y la reforma regulatoria. Las excepciones, como la propuesta en Honduras, son raras y suelen estar motivadas por presiones sociales o políticas, pero generan controversia por el uso indebido de recursos estatales. Los inversores afectados, especialmente en países con sistemas débiles, tienden a sufrir pérdidas significativas, con recuperaciones parciales tras largos procesos legales. Para Honduras, la decisión de usar fondos públicos podría aliviar el impacto inmediato, pero arriesga sentar un precedente problemático

No existe un precedente claro en el mundo donde un gobierno haya asumido de manera explícita y generalizada la compensación de inversores de un esquema Ponzi con fondos públicos. Los casos más cercanos (China, India, Islandia) involucran intervenciones limitadas, motivadas por presiones sociales, obligaciones internacionales o la necesidad de proteger a poblaciones vulnerables, pero suelen depender de activos recuperados o fondos no estatales. El caso de Koriun en Honduras es excepcional y arriesgado, ya que el uso de fondos públicos sin un marco legal claro podría agravar problemas de equidad, precedentes peligrosos y presión fiscal. Para evitar estos riesgos, Honduras debería priorizar la recuperación de activos y la persecución penal, siguiendo el modelo de otros casos en el mundo.