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Por Elia Castellón para En Alta Voz


La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el marco del 140 periodo ordinario de sesiones, llevo a cabo la audiencia pública con respecto a la sentencia declarada por la Corte en favor de los casos “Comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra Vs. Honduras”, con el fin de recibir información actualiza detalla por parte del Estado de Honduras.


Pablo Saavedra Alessandri, secretario adjunto, afirmó que la CIDH programó dicha sesión con el fin de obtener información sobre las resoluciones del 2 de septiembre del 2020 y en particular sobre las medidas que fueron tomadas para determinar el paradero de Milton Joel Martínez, Suami Aparicio Mejía, Gerardo Misael Trochez y Alber Snider Centeno, quienes se encuentran desaparecidos desde el 18 de Junio del año 2020.


Agregó que se solicitaba información al Estado de Honduras, de las medidas ejecutadas para protección efectiva del derecho a la vida e integridad personal de los líderes y dirigentes de las comunidades Garífunas; Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, que desarrollan colectivamente acciones en defensa de los derechos del pueblo Garífuna.


La audiencia fue precedida por el vicepresidente de la CIDH, Patricio Pazmiño, con el fin de verificar el cumplimiento de lo acordado en la sentencia por parte del Estado de Honduras, contó con la presencia de representantes de ambas partes. La solicitud de medidas provisionales fue presentada por los representantes acreditados en relación con algunos miembros de las Comunidades Garífunas Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, comunidades víctimas.


En esa oportunidad, informaron sobre hechos que conllevaron a la desaparición de cuatro miembros de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz, un contexto de inseguridad sobre la posesión y uso de la tierra, y la falta de investigación por los hechos de violencia en contra de varios miembros de esas comunidades los cuales fueron analizados en las Sentencias de la Corte.


Por su parte, la abogada Loany Alvarado, en representación del Estado de Honduras, afirmó que se solicitó verificar a las autoridades competentes las cámaras, que se solicitó acercamiento a los familiares de las víctimas pero no obtuvieron respuestas. Resaltó que el Ministerio Público continua en proceso de investigación del caso.

El director del Sistema Nacional de Protección, Danilo Morales, manifestó que en contexto del caso de la comunidad de Punta Piedra, se detuvo el proceso de evaluación de riesgo en el 2018, en vista que miembros de la comunidad expresaron que no aceptarían el análisis hasta que se cumpliera la sentencia a favor de la comunidad.


El 24 de agosto de 2020, el Estado informó que se habían conformado tres equipos de localización y rescate integrados por miembros de las fuerzas especiales y que el 22 de julio de 2020, se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda en la cual residía un ciudadano conocido como supuesto integrante de una estructura criminal, quien sería uno de los presuntos responsables en la privación ilegal de la libertad de las personas desaparecidas.


Según la resolución de la CIDH, El Estado de Honduras, únicamente mencionó que ponía en duda la verdadera identidad de los secuestradores, pues podrían haber utilizado indumentaria utilizada por la Dirección Policial de Investigaciones, y que aún se encuentra investigando esos hechos.


Por su parte, Miriam Miranda, defensora de derechos humanos garífunas de Honduras, informó que dos compañeras están siendo judicializadas por el Estado de Honduras de manera arbitraria y manifestó el deseo de fortalecer el Estado de Derecho. Reafirmó que continuarían apelando al cumplimiento de la sentencia de CIDH y manifestó preocupación en las acciones llevadas a cabo por el Estado de Honduras.


La Corte declaró la responsabilidad internacional de Honduras por la violación al derecho a la propiedad colectiva en virtud de la falta de garantía del uso y goce del territorio de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra, a través de su saneamiento y la falta de adopción de medidas de derecho interno a fin de garantizar el derecho a la consulta e identidad cultural.


Asimismo, el Tribunal declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la protección judicial y garantías judiciales, debido a que los recursos dispuestos no fueron efectivos para la protección de los derechos alegados, en perjuicio de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros.
La Corte estableció que su Sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación asimismo, declaró la responsabilidad internacional de Honduras por la violación al derecho a la propiedad colectiva en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros.


El abogado Carías, representante legal de las víctimas, condenó al Estado de Honduras de no tomar medidas necesarias y que “pareciera que la resolución de la corte no se está dando y están actuando de manera dispersa”. En cuanto a medidas de acción por parte del Estado, “no existen resultados”, manifestó. Asimismo, rechazó las declaraciones del Estado donde afirman la poca colaboración de las comunidades en el proceso investigativo.


Juan Pablo Centeno, padre de una de las víctimas desaparecidas, condenó que en ningún momento se han comunicado las autoridades con su persona, afirmo que: “Sabemos que el Gobierno tiene que ver mucho en esta situación”, refiriéndose a la desaparición de los líderes garífunas. Añadió que anteriormente su esposa había denunciado con las autoridades policiales la persecución de su hijo y no tomaron su denuncia debido a que “no hubo agresión”.


Cabe mencionar que los pobladores de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz y Comunidad Garífuna de Punta Piedra, desarrollan colectivamente acciones de defensa de los derechos del pueblo Garífuna. La CIDH, señaló al Estado de Honduras de haber incumplido su obligación de delimitar y demarcar las tierras tituladas a favor de la Comunidad, así como por no haber titulado, delimitado y demarcado los territorios que fueron reconocidos como sus tierras tradicionales.

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