Tegucigalpa, 17 de noviembre de 2025. Honduras se enfrenta a una crisis constitucional derivada de un proceso de concentración de poder y debilitamiento de los contrapesos institucionales que deteriora el funcionamiento del sistema democrático de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre, señaló este lunes un grupo de académicos y expertos en derechos humanos, derecho constitucional, penal e internacional.
A través de una opinión jurídica, el grupo de expertos apuntó que la combinación del cierre irregular del Congreso Nacional, la instrumentalización del Ministerio Público, la omisión del Poder Judicial y la expansión militar del Ejecutivo ha generado una ruptura constitucional de carácter material, afectando el equilibrio democrático y vulnerando el Estado de derecho, la separación de poderes y los compromisos internacionales asumidos por el país, con riesgos de regresión autoritaria.
De acuerdo con el documento, este proceso se desarrolla en un contexto político marcado por tensiones institucionales, denuncias de interferencia en órganos electorales y acciones estatales cuestionadas por distintos sectores sociales, lo cual incrementa la preocupación sobre la integridad y legitimidad del proceso electoral en curso.
A criterio de los expertos, la neutralización del Congreso Nacional constituye uno de los núcleos de la crisis, debido a decisiones unilaterales de la Presidencia que impedirían su funcionamiento regular y deliberativo. Por otro lado, la desviación de poder en el Ministerio Público ha instrumentalizado la acción penal pública para incidir en procesos electorales, en contravención del principio de objetividad y legalidad, mientras la omisión del Poder Judicial, al no ejercer con prontitud el control constitucional mediante la resolución de recursos de amparo e inconstitucionalidad, ha afectado su autonomía e imparcialidad, lo cual debilita aún más la función de control judicial indispensable en un Estado constitucional.
Afectaciones al sistema electoral y prolongado estado de excepción
Los juristas alertaron además sobre el sabotaje sistemático a los órganos electorales, tanto interno —mediante la falta deliberada de quórum en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE)— como externo, a través de investigaciones penales con difusión pública que generan intimidación y deslegitimación institucional.
De manera adicional, subrayaron que el estado de excepción prolongado durante casi tres años, sin control legislativo ni judicial, ha afectado derechos fundamentales como la libertad de circulación, expresión, reunión pacífica, debido proceso y participación política. Este panorama, advierten, resulta incompatible con la celebración de elecciones libres, genuinas y competitivas. “Este impacto se vuelve especialmente grave en el contexto del proceso electoral previsto para el 30 de noviembre de 2025, donde un clima de temor, inhibición y restricciones indebidas resulta incompatible con el desarrollo democrático de elecciones libres, genuinas y competitivas”, enfatizaron.
Para restablecer el orden constitucional en Honduras, recalcaron, es necesario reactivar de inmediato el Congreso Nacional y garantizar su funcionamiento legítimo. Además, el Ministerio Público debe evitar interferencias en el proceso electoral y actuar con imparcialidad; el Poder Judicial debe resolver con prontitud los recursos relacionados con el estado de excepción; y las Fuerzas Armadas deben limitarse a funciones logísticas bajo supervisión civil.
Al Estado hondureño, recomendaron solicitar observación y acompañamiento técnico internacional, incluida una auditoría independiente sobre el uso del estado de excepción desde 2022 y mecanismos de observación continua durante el período electoral, por parte de Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).
Finalmente, los expertos concluyen que solo mediante el restablecimiento del equilibrio entre poderes, el respeto a las garantías constitucionales y la sujeción de todas las instituciones a la ley, Honduras podrá preservar su democracia y asegurar la realización de elecciones libres y auténticas.
