Autora: Mirna Flores, investigadora del CESPAD.

Es un hecho que a partir del golpe de Estado del 2009, los militares hondureños han vuelto a erigirse como los garantes de la democracia en el país. Como muestra, en un contexto marcado por la violencia e inseguridad tanto común, de las maras y del narcotráfico, las Fuerzas Armadas han pasado a desempeñar las funciones de la seguridad pública. En parte, esto justificado por la desnaturalización de la Policía Nacional, al ser parte confesa de las redes de corrupción y del crimen organizado, que ha forzado a un largo proceso de depuración policial que no tiene fin. La Policía Militar de Orden Público (PMOP) y los TIGRES, fuerzas esencialmente militares, han pasado a desempeñar labores de seguridad tan diversas como: el patrullaje de calles y carreteras, la represión de manifestaciones públicas, el resguardo de instalaciones de empresas mineras e hidroeléctricas en conflicto con comunidades rurales, la captura de delincuentes de diverso tipo, e incluso la protección de funcionarios públicos.

Este rol ha sido cuestionado por organismos internacionales, entre otros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH), Amnistía Internacional. Igualmente, por congresistas y senadores de los Estados Unidos. La crítica central ha radicado en que las Fuerzas Armadas, no tienen competencias y capacidades para ejercer las funciones policiales e implica un alto riesgo en la vigencia de los derechos humanos. En efecto, para administrar la actual crisis política, abierta desde el golpe de Estado del 2009, ha sido fundamental el papel represivo de la Policía Militar de Orden Público (PMOP). El saldo es una larga secuela de violaciones a las libertades ciudadanas, incluyendo el derecho a la vida.

Es evidente que desde quienes ostentan actualmente el poder, se ha justificado que el rol policial de las Fuerzas Armadas es temporal; mientras se transforma la Policía Nacional en una institución confiable, protectora de los intereses de la ciudadanía y respetuosa de los derechos humanos. Sin embargo, la depuración policial es un proceso que no concluye, como tampoco la Policía Nacional da signos de haberse convertido en una institución confiable, creíble y respetuosa de derechos. Su papel en la contención de las diferentes protestas sociales desarrolladas en el país, alejada de los estándares internacionales de respeto de los derechos humanos, nos indica lo distante que aún está el país de disponer de una Policía Nacional para gestionar democráticamente la convivencia ciudadana.

En lo referente a este estudio, algunas preguntas a responder son las siguientes:

  • ¿La depuración policial en Honduras está implicando un esfuerzo estatal por construir una Policía Nacional confiable, eficiente y transparente o es parte del proyecto de militarización de la seguridad pública?
  • Hasta el momento, ¿Cuáles han sido los logros y obstáculos principales de la depuración policial en Honduras?
  • ¿Cuáles son los actores relevantes de la depuración policial y qué intereses representan?
  • ¿Qué efectos está teniendo la depuración policial en el respeto de los derechos humanos y en el ejercicio de las libertades democráticas?

En cuanto a las interrogantes anteriores, son relevantes en un contexto suscrito por la militarización, infracción de los derechos humanos y el consiguiente efecto expresado en el miedo individual y colectivo que bloquea las aspiraciones de la sociedad hondureña por recuperar y transformar el Estado con una democracia incluyente y participativa.

En definitiva, los resultados de este estudio aspiran a ser un aporte a la información y debate del movimiento social y las organizaciones de sociedad civil que en este momento luchan por la restauración y la transformación de la democracia en Honduras.

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