Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.-Tras convocar a una histórica sesión extraordinaria en el Congreso Nacional invocando el artículo 191 de la Constitución de la República, las bancadas de la oposición aprobaron este miércoles la abrogación de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.

La inédita sesión legislativa se instaló tras la elección de una junta directiva presidida por el diputado del Partido Alianza Patriótica, Dennis Castro Bobadilla y se eligió en el cargo de secretarios a los diputados, Jorge Cálix y Sobeyda Andino, del Partido Libertad y Refundación (Libre) y Partido Liberal, respectivamente. También se eligió vicepresidentes a los diputados del PINU, Doris Gutiérrez, David Reyes y Luis Fuentes.

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La auto convocatoria de los diputados además de ser respaldada por el artículo 191 de la Constitución que reza: «un número de cinco diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República, cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito, impidan su instalación o la celebración de sus sesiones», también tiene su origen en la determinación de la bancada del gobernante Partido Nacional que este día se negó a convocar a sesión legislativa.

Originalmente la sesión extraordinaria había sido convocada ante la urgencia de extender por tercera vez la Vacatio Legis como una medida para liberar a la sociedad hondureña de la entrada en vigencia del cuestionado nuevo Código Penal, que vulnera los derechos humanos y beneficia los delitos ligados a la corrupción.

Gracias a un ambiente legislativo de consenso democrático entre las distintas bancadas, la sesión extraordinaria tomó un giro inesperado tras la propuesta de la congresista de Libertad y Refundación, Scherly Arriaga, que propuso abrogar el nuevo Código Penal, ya que inicialmente se hablaba de extender su vigencia hasta que el Poder Ejecutivo deje de aplicar el Decreto PCM-021-2020 que establece el estado de excepción.

La abrogación de la normativa contó con la votación de alrededor de 70 diputados, quienes deliberaron ampliamente y votaron de manera unánime.

El nuevo Código Penal consta en el Decreto 130-2017 y su vigencia fue suspendida por dos periodos de Vacatio Legis, siendo la última la aprobada el pasado 10 de mayo y finaliza este miércoles 24 de junio a las 12:00 de la media noche.

Legalidad de la sesión

La legalidad de la sesión de esta tarde fue contrarrestada por el oficialismo que dirige el Congreso Nacional, quien emitió un comunicado diciendo que la convocatoria de las sesiones ordinarias es potestad exclusiva del presidente de ese poder del Estado, es decir, de Mauricio Oliva.

En declaraciones a medios de comunicación el secretario del Congreso, Tomás Zambrano, dijo que la sesión de este miércoles es ilegal y que los diputados que participaron en ella estarían incurriendo en delitos.

“No tienen argumento jurídico para realizar una reunión extraordinaria, puede que se trate de una reunión entre diputados, pero no una sesión extraordinaria del Congreso Nacional”, manifestó Zambrano.

La sesión fue convocada por cinco diputados: Luis Redondo, Doris Gutiérrez, David Reyes, Tomás Ramírez, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) y Jorge Cálix del Partido Libertad y Refundación (Libre).

“Además del marco jurídico nos respalda el clamor del pueblo”, dijo la diputada liberal, Karla Medal, quien exhortó al pueblo hondureño a unirse en torno al combate de la corrupción y la impunidad.

Lo ocurrido este miércoles en el Congreso de Honduras reviste un hecho histórico pues nunca había ocurrido algo similar.

Honduras se enfrenta a una nueva crisis política, que representa la continuidad del fraude y la reelección ilegal de Juan Hernández, quien desde la semana pasada se mantiene al margen de sus funciones luego de informar que había sido contagiado de Covid-19.

Hernández se convirtió en presidente del Congreso Nacional en el 2010 y en el ejercicio de su fusión de cuatro años, logró aprobar un marco legal institucional que lo favoreció para luego convertirse en presidente en 2014 y lograr el control absoluto de la institucionalidad hondureña. Muestra de ello fue su postulación ilegal para su reelección en el 2017 y convertirse nuevamente en el titular del Poder Ejecutivo.

Además de los abusos legales, Hernández y sus más cercanos colaboradores han sido vinculados a actos de corrupción y narcotráfico.

“Este es uno de los momentos trascendentales de Honduras no solamente se trata de un Código y de una sesión, no solamente se trata de eso (…) el momento histórico que atraviesa la nación hondureña es dramática que requiere revisar la traición de los políticos que se colocaron a espaldas del pueblo”, expresó al culminar la votación, el diputado Liberal, Darío Banegas.

La sesión de esta tarde y noche fue respaldada por los diputados de los partidos PINU, Libre, algunos de la bancada del Partido Liberal y de Alianza Patriótica y el diputado del oficialista Partido Nacional, Jorge Lobo, hijo del expresidente, Porfirio Lobo Sosa.

El presidente de la bancada del partido Libre, Carlos Zelaya, propuso que se cree un Congreso paralelo y que partir de la fecha se dedique a derogar todas las leyes que el Partido Nacional ha aprobado en contra de los intereses del pueblo.

La sesión extraordinaria contó con el respaldo de varios sectores que se han venido oponiendo a la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, entre los que destacan, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, la Coalición Contra la Impunidad, el Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

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